"No hacer aprecio", dicen el Gobierno quedándose solo con la segunda parte del famoso refrán. Y es que la remisión el lunes por parte del consejero de Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva, de un memorándum con la ley del referéndum catalana no provocó ayer que el Gobierno moviera un músculo; "solo respondemos a los hechos", recalca una fuente de La Moncloa.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy está convencido de que el manejo de los tiempos va a ser fundamental en el pulso que le han planteado los independentistas y de que cualquier error lo pagaría, "más si es de imagen". En este contexto, la acción de Romeva es analizada como un acto propagandístico al que no conviene un altavoz como es la reacción de la cuarta economía de la zona euro.
"No les recibe nadie, como ha quedado demostrado cuando lo han intentado en las cancillerías y en su intento de implicar a la ONU. Los demás gobiernos ya saben de qué va el procés y no necesitan ningún memorándum más... Si nosotros dijéramos algo, lo que estaríamos haciendo es darle categoría", recalca una fuente diplomática a este periódico.
El texto tiene una veintena de páginas y comienza recordando que España firmó en 1977 el Convenio de Derechos Humanos, Sociales y Económicos de la ONU (1966) y ahí figura que "el primer derecho humano es el reconocimiento de la libre determinación de los pueblos".
En el memorándum que ha remitido a las cancillerías, la Generalitat llega a afirmar que la sentencia del TC sobre el Estatuto catalán implicó "la ruptura del pacto constitucional de España en 1978"
Lo cierto es que el citado texto, en inglés y adelantado ayer por La Vanguardia, contiene citas como ésta: "Cataluña se convierte en una minoría estructural dentro del Estado español, lo que le impide gozar de pleno reconocimiento, representación y participación en la vida política, social, económica y cultural del Estado español, libre de todo tipo de discriminación".
Asimismo, el memorándum elaborado por el departamento que dirige Raül Romeva argumenta que la ley “busca dar una respuesta democrática” al recorte del Estatut de 2006 por parte del Tribunal Constitucional y a las leyes anuladas por éste, llegando a afirmar que su sentencia de 2010 “implicó la ruptura del Pacto Constitucional de España en 1978”.
Para Exteriores de la Generalitat, la única respuesta del Estado a las demandas catalanas ha sido “una ofensiva judicial contra los que apoyan la convocatoria de un referéndum” y la “la restricción del autogobierno de Cataluña”.
