En espera de que el Gobierno de Mariano Rajoy abra de una vez la negociación para un nuevo sistema de financiación autonómica, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, avisa de que el debate va a provocar "tirones" dentro de los partidos y entre territorios y defiende acabar con el "mito" de que "nadie puede perder respecto de lo que está percibiendo" ahora, porque eso sería consolidar "agravios y privilegios". Sus palabras llegan además a pocos días de que el Congreso vote el proyecto de ley del Cupo Vasco.
La presidenta de los andaluces aprovechó ayer un desayuno informativo organizado por el diario Ideal de Granada para dejar claro el planteamiento de su Gobierno sobre esta reforma, pendiente desde hace años, ahora que Moncloa parece volver a retomarla, apurando el plazo que se otorgó con los presidentes autonómicos el pasado mes de enero, cuando cerró el compromiso de renovar el sistema a lo largo de 2017.
En el Gobierno andaluz no son muy optimistas y desconfían de la voluntad de Rajoy y por eso, han recibido con "prudencia" la promesa de Hacienda de remitirles esta misma semana el borrador del nuevo sistema. No es la primera vez que Moncloa aviva este debate y hasta ahora no ha hecho "nada", recalcan.
Y, además, temen que ahora sea sólo un globo sonda para, por un lado, avivar el enfrentamiento entre territorios y que, una vez se vuelvan a enzarzar con sus reclamaciones para el nuevo modelo, dar por imposible el consenso y, por otro, evitar que las comunidades se le echen encima ante la próxima aprobación del Cupo vasco.
Hay quien piensa que el Gobierno del PP ha retomado ahora su promesa de afrontar ya este debate para que los territorios no se levanten por que Euskadi va a recibir 1.400 millones mientras el resto de comunidades autónomas continúa con un sistema sin actualizar desde 2013. Esa partida forma parte del acuerdo que cerraron el Gobierno vasco y Moncloa el pasado mes de mayo, cuando cerraron el litigio que mantenían sobre el cálculo del Cupo entre los años 2007 y 2017, una reclamación que exigía el PNV para facilitar su apoyo a los PGE, que al final terminó por no apoyar para este año.
En su intervención de este lunes, según recoge Europa Press, Díaz no habló del Cupo, pero sí se refirió a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), para lamentar que salgan "cada año a subasta", porque eso "construye enfrentamiento".
La presidenta habló de la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, que, como otras comunidades, lleva pidiendo ya años, y avisó de que va a provocar "tirones" dentro de los partidos y entre territorios, porque en ellos "conviven sentimientos territoriales distintos" y "hay quien piensa que su tierra está mal financiada", mientras que "otros que saben que están bien financiados no quieren perder".
El Gobierno andaluz se enmarca entre los primeros -según sus cálculos, pierde casi 1.000 millones al año por la incorrecta aplicación del sistema de financiación- y Díaz lanzó un mensaje a los segundos. La presidenta defendió que hay que poner fin al "mito" de que "nadie puede perder respecto de lo que está percibiendo" en el actual modelo, porque de lo contrario se estarían consolidando "agravios y privilegios". Las comunidades autónomas, dijo, tienen que recibir "lo que merezcan".
Pese a las dudas y las dificultades, el Gobierno de Díaz pide a Rajoy que este debate se afronte cuanto antes. Por eso, aseguran que están esperando el documento de Hacienda y desean que de verdad se haga una propuesta seria y un análisis de las necesidades del sistema y sus mejoras.
Pedro Sánchez mete prisa a Rajoy
Y en esta petición coincidió ayer con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. En una rueda de prensa en Valencia, junto al president Ximo Puig, exigió a Rajoy que presente el nuevo sistema antes del 31 de diciembre y se mostró dispuesto a llegar a un acuerdo.
Pero, además, criticó que esta misma semana el Gobierno vaya a aprobar el Cupo vasco, es decir, "actualizar el sistema de financiación con una comunidad autónoma", mientras tiene a las otras 16 esperando.
El líder de los socialistas denunció desde Valencia la "desidia" del PP en este debate y cargó también contra Ciudadanos, a quien acusó de "hipocresía". Además, preguntó a su líder, Albert Rivera, por qué no exige a Rajoy que, antes de aprobar la ley del Cupo, presente el nuevo modelo de financiación. Eso sí, Sánchez obvió que el partido naranja ya ha anunciado que votará en contra de ese proyecto de ley, mientras que los socialistas, como ayer recordó Sánchez, no lo van a "bloquear".
Comience cuando comience el debate, y sea o no la definitiva, en el PSOE son conscientes de que abrirá heridas: cada comunidad autónoma tiene sus reclamaciones y en algunos casos entran en confrontación. Díaz lo avisó ayer, pero todos, desde Ferraz al resto de federaciones, saben que es un asunto delicado.
Y tienen posiciones muy firmes. Así, en Andalucía están esperando una propuesta del Ministerio que ofrezca "una distribución razonable de los recursos" y con "criterios objetivos" y, para eso, defienden que lo primero es garantizar un cálculo correcto del gasto que supone la prestación de los servicios básicos, es decir, la financiación de las competencias transferidas. Y, a partir de ahí, Andalucía defiende que el reparto se haga en función de la población que cada territorio tiene que atender.
Para el Gobierno de Díaz, lo fundamental es que los servicios básicos estén garantizados y que no haya diferencias entre territorios. Y, en este debate, sitúan este objetivo, el de la suficiencia financiera y la igualdad, por encima de mantener el 'status quo' o del principio de ordinalidad -que al final quien más aporta al sistema común no acabe recibiendo menos que otros- en el que ponen el acento otros territorios.
Es el caso del PSC en Cataluña, que ha incluido en su programa electoral para el 21D el principio de ordinalidad como uno de los aspectos para la negociación de la revisión del sistema de financiación autonómica, junto a la corrección de los límites del déficit público impuestos a las comunidades y la negociación de la quita de deuda.
También incluye este criterio en un nuevo "Pacto Fiscal Federal" que piden al Gobierno, que quieren que suponga más recursos para afrontar las competencias transferidas, y que se erija como un sistema equitativo, que "no discrimine a nadie". Para ello, los socialistas catalanes proponen un fondo de garantía de servicios públicos fundamentales del Estado del Bienestar, que esté dotado con recursos del IRPF, IVA e impuestos especiales de las comunidades autónomas y que garantice el acceso en igualdad de condiciones a los servicios básicos en toda España, con esfuerzos fiscales similares.
La campaña catalana puede agitar aún más el debate interno en el PSOE. Aunque el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, asegura que no quiere un "trato diferente", sino "justo", en las últimas semanas algunos dirigentes han querido dejar muy claro que no apoyarían de ninguna de las maneras un pacto para Cataluña similar al del País Vasco.
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, avisó a principios de este mes que no aceptará un régimen fiscal para Cataluña similar al Cupo y lo hizo recordando unas palabras del expresidente de su comunidad y también socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra: "Tener dos lenguas no significa tener dos bocas". Esos mismos días, el número dos del PSOE andaluz, Juan Cornejo, también aseguró que su comunidad estaría "vigilante" para que no se caminara por ahí.
