La Fiscalía ordenó el martes a los Mossos d'Esquadra que precinten los colegios electorales del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña y que impidan que se pueda votar en la calle en un radio de 100 metros alrededor de estos centros. Sin embargo, el nivel de cumplimiento que la policía autonómica catalana realice de estas instrucciones preocupa en las cúpulas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, según fuentes policiales consultadas por Vozpópuli.
"Nos van a mantener en vilo hasta el final", lamentaban dichas fuentes este miércoles, a sólo tres días del 1-O. No obstante, en las altas instancias de Policía Nacional y Guardia Civil no existe recelo hacia los mandos de los Mossos d'Esquadra, ni sus agentes, sino hacia las "autoridades políticas" de la Generalitat que puedan tratar de "influir" en sus actuaciones, admiten las fuentes policiales. De hecho, éstas desconfían de lo que pueda salir de la Junta de Seguridad convocada por el presidente catalán, Carles Puigdemont, para este jueves. Una de las cuestiones que más inquietud les genera es que los Mossos d'Esquadra, siguiendo directrices de la Generalitat, no cumplan con su función de Policía Judicial para retirar las urnas tras el requerimiento judicial recibido. Por su parte, la CUP y sindicatos de estudiantes planean "okupar" los colegios para que no sean clausurados.
Se da la circunstancia de que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil (además de las policías locales o guardias urbanas) también están facultadas para ejercer como Policía Judicial, aunque hasta el momento sólo se había contemplado su intervención para auxiliar a los Mossos en esa tarea. Sin embargo, la Fiscalía Superior de Cataluña ya dictó este miércoles una instrucción ordenando a las policías locales, Guardia Civil y Policía Nacional que colaboren con los Mossos d'Esquadra, si así se les solicita, para precintar los centros de votación del 1-O. Horas después, la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Mercedes Armas, que instruye el procedimiento contra los miembros del Govern por prevaricación, desobediencia y malversación en la convocatoria del referéndum, instó al Ministerio Público a que cese en estas diligencias de investigación, ya que el tribunal asume a partir de ahora todas las actuaciones. Así, la instructora dio la misma orden a dichos cuerpos para frenar de aquí al domingo la apertura de colegios del 1-O en edificios públicos, "procediendo en su caso al cierre de todos aquéllos que hubieran llegado a abrirse".
Las mismas fuentes policiales sondeadas por este diario apuntaron que si Puigdemont ha dado el paso de reunir a la Junta de Seguridad, después de no recurrir a ella, pese a tener oportunidad, tras los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) del 26 de agosto, es porque "quizá no comparta las últimas órdenes de la Justicia" sobre el precinto de los colegios y la prohibición de instalar urnas en un radio de 100 metros. La Junta de Seguridad es un órgano de colaboración entre el Estado y la administración catalana que se reunió el pasado 10 de julio por última vez tras ocho años sin hacerlo. Interior aseguró ayer su asistencia a la cita de este jueves pese a entender que se han "violentado los procedimientos formales", pues fue convocada de forma "unilateral" y sin acordar previamente un orden del día.
En la consulta del 9 de noviembre de 2014, suspendida también por el TC, los Mossos no retiraron ninguna urna y tampoco realizaron las identificaciones que solicitó la Fiscalía
Entretanto, el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, trasladó este miércoles al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, que precintar los colegios electorales de cara al referéndum del domingo, conforme a su instrucción, puede poner en riesgo el orden público. Así lo expresó en un escrito presentado al fiscal durante la reunión mantenida junto con los mandos de la Guardia Civil y Policía Nacional en Cataluña, y el coordinador del dispositivo policial del 1-O, el coronel Diego Pérez de los Cobos. En concreto, Trapero alegó que el cumplimiento de estas órdenes "no excluye la responsabilidad profesional de contemplar que aplicarlas puede acarrear consecuencias no deseadas", como alteraciones del orden público.
En la consulta del 9 de noviembre de 2014, suspendida también por el Tribunal Constitucional, los Mossos no retiraron ninguna urna y tampoco realizaron identificaciones de las personas que habían permitido que delegados de las entidades convocantes (ANC y Òmnium Cultural) accedieran a los colegios. Y ello pese a existir una orden al respecto de la Fiscalía Superior de Cataluña. Entonces, la policía autonómica catalana se amparó en que el Gobierno de la Generalitat se había responsabilizado -como ha hecho ahora con el referéndum- del acceso a los locales públicos de votación. Los Mossos se limitaron a entregar al Ministerio Público una lista con los edificios de titularidad pública que se abrieron aquella jornada.
"No hay coordinación"
En un debate parlamentario este miércoles en el Congreso, el diputado del PDCat Feliu-Joan Guillaumes manifestó que entre la policía autonómica catalana y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "no hay coordinación". Fue en el marco de la tramitación en la Comisión de Interior de una proposición no de ley de la antigua Convergència por la que se instaba al Gobierno a cumplir los acuerdos de la Junta de Seguridad de Cataluña celebrada el pasado 10 de julio y a facilitar la inmediata incorporación de los Mossos d'Esquadra a Europol.
En aquella reunión de la Junta de Seguridad, Guillaumes dijo ayer que se acordó "la integración de los Mossos d'Esquadra en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, en la 'Mesa de coordinación y valoración de la amenaza terrorista' y en la Europol". Sin embargo, el Ejecutivo ya afirmó entonces que el interlocutor en Europol sería sólo el Estado, puesto que la ley únicamente permite tal representación a la "autoridad nacional", como explicó en la comisión la diputada popular Ana Belén Vázquez. La portavoz del PP reprochó a Guillaumes que no son los Mossos los que demandan acceso urgente a la Europol, pues "nunca han recriminado nada", sino "ustedes", los dirigentes de la Generalitat, para manejar esa información en función de "sus intereses partidistas".
Por su parte, Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, pidió directamente la dimisión del conseller de Interior, Joaquim Forn, y del director de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler, porque es "lo que necesitan todos los catalanes de bien". "Intentar cargar sobre el mayor Trapero las responsabilidades de sus jefes políticos, que ponen a su conveniencia a las cúpulas policiales para controlar el trabajo del resto de efectivos, no es más que una falta de lealtad", sentenció el diputado naranja.
Por su parte, José Zaragoza (PSC) criticó que "da la sensación de que aquí se ha olvidado un elemento muy importante: la desobediencia civil no es lo mismo que la desobediencia institucional. El señor Trapero lo tiene muy claro, a diferencia del señor Guillaumes y el señor Puigdemont", remachó. De Unidos Podemos, el diputado Marcelo Expósito expresó el apoyo de su grupo a la PNL del PDCat.
