"Prudentes y pacientes". Con la maquinaria independentista puesta en marcha para el 1 de octubre, los 122 alcaldes del PSC esperan de esta manera a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la legalidad de esa convocatoria del referéndum. Según confirman fuentes socialistas a este periódico, por el momento no van a responder a la carta que les ha enviado el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para avisarles de que deben ceder los locales que habitualmente se utilizan como puntos de votación, dándoles 48 horas para confirmar que así se hará o bien para comunicar cualquier cambio o alegación.

Mientras llega la resolución del alto tribunal y, por tanto, la ley aprobada anoche por el Parlament, permanece vigente, los alcaldes socialistas se atendrán a las indicaciones que les den los secretarios e interventores de los Ayuntamientos. En el momento en el que el Constitucional tome una decisión, los cargos públicos del PSC actuarán conforme a lo que indique. 

Hasta el momento, en algunos ayuntamientos ya hay informes que les amparan en su negativa a participar de los planes de los independentistas. Es el caso del consistorio de Playa de Aro (Girona), en manos de CiU, cuyo secretario ha emitido este jueves un informe en el que considera ilegal el cese de lugares y espacios públicos municipales a los partidos políticos, organizaciones y asociaciones para la celebración de actos de campaña y para la colocación de carteles y banderolas a favor de la celebración del referéndum. De la misma manera, estima que es ilegal ceder estos espacios para colocar urnas el 1 de octubre. 

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Informes similares se han solicitado en muchos otros ayuntamientos, en los que se pide a los servicios jurídicos municipales que den indicaciones sobre cómo actuar ante las exigencias del Gobierno de Puigdemont. 

El PSC ya ha garantizado que no participará en esta convocatoria que considera un "engaño" a la ciudadanía y que no ofrece ninguna garantía. Después de intentar parar la aprobación de la ley del referéndum en el Parlament, ha lanzado una campaña en las redes para avisar a los ciudadanos de que esta consulta no tiene ningún elemento que le otorgue legalidad. "Conmigo que no cuenten", dice el PSC.