Tres meses después de constituirse, la comisión anticorrupción ha echado a andar. Y su primera decisión ha sido derivar los asuntos prioritarios a una subcomisión, organismo que tradicionalmente trabaja a puerta cerrada, sin difundir las comparecencias ni permitir el acceso a medios de comunicación. El PP se opuso a constituirla aludiendo precisamente a la contradicción que ve en que la comisión para la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales vaya a desarrollar su labor sin publicidad. "Ésta, que nació como la comisión estrella de esta legislatura, puede acabar siendo la comisión estrellada", expresó la diputada Beatriz Escudero.
El PNV también lo rechazó, aunque en su caso por entender que ya hay demasiadas subcomisiones constituidas. La Mesa ha avalado ocho, y esta sería la novena, lo que sobrecargará de trabajo a los grupos más pequeños. Unidos Podemos, por su parte, expresó su convicción de que el "uso parlamentario" puede cambiarse y aseguró que "no está escrito en ningún lado" que estos órganos deban reunirse a puerta cerrada. De hecho, conminó al resto a buscar la fórmula de que las comparecencias sean públicas, algo en lo que todos parecen estar de acuerdo. La deliberación sobre las mismas y sobre las conclusiones, en cualquier caso, seguirían siendo privadas.
La ventaja de la subcomisión es que los dictámenes que realiza pasan a pleno y se consigue así dar mayor visibilidad y empaque a la labor. Toni Cantó, diputado de Ciudadanos que preside la comisión anticorrupción, se mostró desde el primer día favorable a conformarla por este motivo y para organizar mejor el trabajo. El resto lo asumió, con la excepción de un PP que además de verlo incoherente lo cree improcedente por ser esta una comisión no legislativa, con limitada carga de trabajo -"se roza la ilegalidad", dijo Escudero-.
"Ésta, que nació como la comisión estrella de esta legislatura, puede acabar siendo la comisión estrellada"
Todos los grupos, en cualquier caso, acabaron votando en bloque a favor de la resolución que aprueba crear la subcomisión y regula su composición, funcionamiento y objetivos. Los populares forzaron previamente una votación en contra de ese modus operandi, que perdieron por 20-14. Luego, evitaron la imagen de soledad sumándose a los postulados de la mayoría en la enmienda transaccional alumbrada para iniciar con consenso la andadura del órgano.
Financiación de partidos
“Régimen y financiación de los partidos políticos” será lo primero que se estudie en un órgano que ha tardado tres meses en ponerse en marcha y no iniciará las comparecencias hasta febrero. Los partidos han estado semanas enredados en cómo organizarse y qué temas tratar primero, dando múltiples bandazos y cerrando finalmente el acuerdo de este miércoles. Fue en la primera sesión en pleno de la comisión, que llegaba doce semanas después de aprobarse su constitución.
Las cuestiones procedimentales se negociarán a lo largo del próximo mes. La primera semana de febrero, cuando arranque el siguiente periodo de sesiones, se reunirán mesa y portavoces de la comisión para convocar la primera reunión del año y comenzar el trabajo efectivo. Entonces acordarán también los cupos de comparecientes para cada grupo, así como la composición concreta de la subcomisión. Cantó estará al frente; el PP designará a tres miembros; PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, a dos cada uno; y ERC, PNV y el Grupo Mixto, a uno. En las decisiones se aplicará el criterio de voto ponderado.
El nuevo órgano parlamentario estará formado por tres miembros del PP; dos de PSOE, Podemos y C's; y uno de ERC, PNV y el Mixto
En cuanto a los asuntos a tratar, se empezará por el mencionado de la financiación de partidos y se continuará con el análisis de las “autoridades independientes y organismos de regulación económica” y la protección del denunciante de corrupción”. El funcionamiento de la CNMV, la CNMC o el Tribunal de Cuentas y la figura del denunciante centrarán el trabajo en cuanto se cierre el bloque de la financiación de partidos, dentro del periodo de sesiones febrero-julio. Si el trabajo no se hubiera terminado y todos estuvieran de acuerdo, la vigencia de la subcomisión podría prorrogarse seis meses más.
El ámbito de la financiación es lo suficientemente amplio como para que cada partido le quiera dar un enfoque, y así el PP tratará de priorizar el estudio de las reformas legislativas hechas en este campo por el Gobierno de Rajoy, mientras la oposición querrá poner la lupa en las presuntas irregularidades contables de los populares, informan fuentes de la comisión.
Cinco comparecencias por grupo
El acuerdo a que han llegado contempla que cada grupo proponga a primeros de febrero un abanico de cinco o seis comparecencias. Luego, se determinará cuántas puede pedir cada uno y se tratará de consensuar todas ellas. En paralelo, la comisión podrá abordar otras de carácter genérico -estas sí a puerta abierta sin problema- y de hecho ya están registradas las de Jorge Moragas, Florentino Pérez o Villar Mir.
Fuera de agenda quedan por el momento temas como la contratación pública y la creación de un órgano anticorrupción, que sí fueron incluidos en un acuerdo preliminar de la mesa y los portavoces en noviembre. Quedó en papel mojado tras aprobar el Gobierno medidas encaminadas a reformar la primera -y por eso es posible que la comisión ya no dedique ninguna atención a ella-, hecho que desató una disputa entre partidos para ver si se mantenía lo acordado o no y en este segundo caso qué nuevos asuntos se priorizaban. Finalmente, se llegó al acuerdo de este miércoles, donde todos votaron en bloque pero quedaron patentes enormes diferencias en fondo y forma que hacen pensar que los resultados del órgano, de llegar, difícilmente lo harán fruto del consenso.
