Mariano Rajoy fue reelegido presidente del Gobierno el 29 de octubre gracias al voto a favor de Ciudadanos y a la histórica abstención de una mayoría de diputados del PSOE. Dos meses después, el Gobierno ha mostrado una clara preferencia por buscar acuerdos con los socialistas -con quienes suma mayoría absoluta-, relegando al partido de Albert Rivera, que por sí mismo no es decisivo en el Congreso. Aunque el jefe del Ejecutivo lo niegue, la realidad es que ha priorizado articular acuerdos con el principal partido de la oposición sobre cualquier otra cosa.
La consecuencia es que el pacto que PP y C’s firmaron en verano ha empezado a desarrollarse en parte -ampliación del permiso de paternidad, reforma del Impuesto de Sociedades, inicio del cambio del régimen de los autónomos, creación de subcomisiones para estudiar pactos en educación y reforma electoral-, pero la formación naranja no puede lucir esos logros plenamente. Los eclipsan los entendimientos Ejecutivo-PSOE, más mediáticos e importantes -techo de gasto, objetivos de déficit, subida de impuestos especiales, plan contra la pobreza energética-.
Además, la articulación de esos acuerdos ha ido intercalada de varios desplantes de Rajoy a Rivera, de al menos una decena de maniobras despreciativas que han descolocado a Ciudadanos. De ahí que ya estén pensando cómo responder si la dinámica se perpetúa y cómo lanzar por su cuenta algunas de las iniciativas incluidas en el acuerdo rubricado con el PP.
Amnistía fiscal
El primer choque Gobierno-C’s tuvo a la amnistía fiscal como protagonista. La formación naranja se pasó todo el mes de noviembre reclamando a Hacienda que iniciara los trámites para recuperar parte de lo ‘perdonado’ a quienes se acogieron a esa medida, algo a lo que los populares se comprometieron con Rivera. Sin embargo, el Ejecutivo no compartía la opinión de que esos trámites tenían que iniciarse antes del 30 de noviembre para no arriesgarse a que la Justicia considerara prescritos los casos. E hizo caso omiso de la exigencia de Ciudadanos, que la planteó hasta en una interpelación al Gobierno desde el Congreso.
Sin equipo negociador
Rivera pidió tras la investidura que Moncloa designara un equipo negociador para abordar los Presupuestos de 2017. Llegó a decir incluso que él nombraría el suyo en cuanto Rajoy hiciera lo propio, para tratar de aligerar las conversaciones y llegar a un acuerdo cuanto antes. Pero los días pasaron, el Gobierno mantuvo silencio al respecto y Ciudadanos designó a sus interlocutores para negociar las cuentas públicas: Luis Garicano, José Manuel Villegas, Francisco de la Torre, Toni Roldán y Melisa Rodriguez. Todos ellos han mantenido y mantienen contactos con los distintos Ministerios, ante la negativa de Rajoy a nombrar un equipo negociador, sufriendo las consecuencias de la guerra Guindos-Montoro y comprobando cuán difícil es avanzar teniendo que cuadrar las partidas con los distintos miembros del Gabinete en lugar de con interlocutores habilitados por el presidente para tal efecto.
Incumplimiento en educación
El estupor se desató en Ciudadanos tras el primer pleno después de la investidura. El PP decidió votar en contra de una iniciativa de los socialistas para paralizar la LOMCE y buscar un nuevo pacto educativo, en contra de lo firmado en el acuerdo con Rivera. La formación naranja trató de restar importancia al asunto aunque mostró su preocupación por que esa fuera la primera maniobra de los populares en el Parlamento tras lograr la reelección.
Techo de gasto
Ciudadanos explicó hace meses que el techo de gasto para los Presupuestos de 2017 debía aumentarse en 5.000 millones para que tuvieran cabida las medidas sociales del acuerdo firmado con el PP. Sin embargo, el Gobierno decidió hacer lo contrario: recortar en 5.000 millones el techo fijado en 2016, si bien la cifra se mantiene sobre lo realmente gastado a ejecución presupuestaria. El partido de Rivera aceptó la decisión de Hacienda -pactada con el PSOE- y aseveró que lo importante no era el techo de gasto, sino el reparto del mismo entre las distintas partidas.
Recorte de las medidas pactadas
Las ayudas sociales que C’s exigió al PP para dar el ‘sí’ a Rajoy -complemento salarial, plan de choque contra la pobreza infantil, aumento de los permisos de maternidad y paternidad, etc- iban a tener un impacto sobre el Presupuesto de 2017 de 5.000 millones de euros. Sin embargo, esa cifra ha sido ya rebajada a 3.850, algo que Rivera acepta por tres razones: entrarán en vigor como pronto en abril y no en enero, se ha flexibilizado el objetivo de deficit de las autonomías -lo que les permitirá aumentar el gasto social- y ha entrado un tercer actor en juego, el PSOE, cosa que requiere ajustes en el pacto inicial.
Subida de impuestos
La formación naranja recela por principio de cualquier subida de impuestos y reclama que antes de recurrir a eso se recorte el gasto administrativo -pinchazo de la burbuja política- y se refuerce la lucha contra el fraude. Pero el Gobierno pactó con el PSOE subir los impuestos especiales y crear un nuevo gravamen para las bebidas azucaradas, así como elevar el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades a las grandes empresas. Un plan para recaudar 4.800 millones al que C’s se opuso enérgicamente desde la tribuna, aunque finalmente se abstuvo en la votación porque esa subida impositiva formaba parte de una iniciativa más amplia que contenía aspectos cruciales para Ciudadanos, como la mejora de las condiciones de los autónomos.
Complemento salarial devaluado
Una de las medidas estrella del programa de Ciudadanos, que logró meter en el acuerdo con el PP, ha quedado muy devaluada. Iba a ser un impuesto negativo, de modo que los beneficiarios lo cobraran al hacer la declaración de la renta, pero se ha quedado en una ayuda para los trabajadores jóvenes. De este modo, el Gobierno cree que podrá lograr financiación de Bruselas para desarrollarlo, cosa que no sería posible con el modelo naranja, que fu el que se incluyó en el acuerdo de investidura. Los de Rivera afirman que esto es solo el embrión de su iniciativa y que a lo largo de la legislatura irá desarrollándose hasta tomar la forma con que ellos lo concibieron.
Nuevo bono social
El Gobierno también priorizó al PSOE para negociar el nuevo bono social, sobre todo en la escenificación del acuerdo. A C’s le molestó especialmente que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, dijera que la formación naranja no había mostrado interés en negociar el bono y no había hecho llegar sus propuestas, algo de lo que luego se tuvo que desdecir. Finalmente, Rivera logró meter en el decreto importantes aspectos de su programa, como obligar a las eléctricas a avisar a las familias que incurren en impagos o ampliar de dos a cuatro meses el plazo para cortar la luz a quien no abone las facturas.
Aforamientos
Rivera se llevó un gran chasco en la última sesión de control al Gobierno, cuando preguntó a Santamaría por los tiempos y formas en que iba a desarrollar una de las medidas comprometidas en verano: eliminar los aforamientos políticos en los primeros tres meses de legislatura. La vicepresidenta dio largas y ni siquiera tratará el tema en la conferencia de presidentes del día 17, lo que ha llevado a Ciudadanos de que lanzará la medida por su cuenta y en febrero propondrá una reforma exprés de la Constitución para que diputados, senadores y miembros del Gobierno pierdan el privilegio del aforamiento.
Negociación para el TC
El último acercamiento PP-PSOE que ha trascendido tiene al Tribunal Constitucional como protagonista. A principios de año, el Senado tiene que elegir a cuatro miembros del órgano, lo que ha llevado a populares y socialistas a iniciar conversaciones sobre posibles candidatos, tal y como han informado diversos medios. La Cámara alta debe hacer sus elecciones por mayoría de tres quintos, cota que alcanzan PP y PSOE sin necesidad de sumar a nadie más. Preguntados por Vozpópuli, desde la formación naranja admiten que no han sido invitados a esas negociaciones pero advierten de que no quieren participar porque reniegan de la línea seguida en este asunto los últimos años: "No creemos que sea bueno un reparto de cuotas entre los partidos políticos que nos lleve a que el presidente del TC pueda ser una persona con carné de un partido o de otro, creemos que hay que ser muy exigentes en las incompatibilidades y en el nivel jurídico de las personas que puedan acceder y de momento no hemos entrado en ninguna negociación".
