Tal y como avanzó Vozpópuli el pasado martes, la izquierda radical ha convocado una manifestación para el próximo domingo 30 de octubre, día de la investidura, con el lema "ante el Golpe de la mafia, Democracia". Así lo han acordado decenas de organizaciones reunidas este domingo en una asamblea urgente en el Centro Social Okupado (CSO) La Casa Roja de la capital. Ha sido la plataforma Coordinadora 25S, que también promovió las acciones de 'Rodea el Congreso' en la legislatura de 2011-2015, quien ha comunicado que la manifestación tendrá en lugar en los alrededores del Congreso de los Diputados, entre la Puerta del Sol y la Plaza de Neptuno.
Así mismo, los activistas han señalado que será una concentración "comunicada", por lo que darán traslado de su intención de celebrarla a la Delegación del Gobierno en Madrid, institución en la que recae la competencia para su autorización. Esta cuestión dará que hablar durante toda la semana, ya que este organismo podría prohibir tal manifestación si "existen razones fundadas de alteración del orden público".
En concreto, el artículo 494 del Código Penal fija multas o penas de prisión "a quienes promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea legislativa de una comunidad autónoma cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento".
Tal alteración estaría justificada en este caso, puesto que hay diputados socialistas que todavía no han fijado posición sobre cuál será su sentido del voto, pese a que el Comité Federal del PSOE ha acordado este domingo la abstención en bloque. La Coordinadora 25S ha valorado así tal decisión: "Ninguneando las firmas de 90.000 militantes y con la policía protegiendo su sede, en Ferraz se consuma el golpe de la mafia".
Además, a los activistas que participen en tal manifestación se le podrá aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana, que entró en vigor con polémica en 2015. Aquí, el artículo 36.2 considera "infracción grave" (con multa de 601 a 30.000 euros) la "perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal".
La ley de Seguridad Ciudadana considera estas iniciativas como "infracciones graves" y establece una multa de 601 a 30.000 euros
La asamblea de esta domingo en el Centro Social Okupado (CSO) La Casa Roja se había convocado con estos mensajes: "Al final el golpe de régimen se ha consumado, Rajoy será investido en octubre. Será un gobierno ilegítimo de un régimen ilegítimo. El golpe de octubre no puede tener lugar sin una respuesta democrática en la calle, por ello convocamos una asamblea para valorar una acción el día de la investidura", decía el pasquín.
Tal movilización está siguiendo por parte de la izquierda radical el mismo patrón que empleó para manifestarse en las inmediaciones del Congreso de los Diputados el 25 de septiembre de 2012 exigiendo un "proceso constituyente" o en las sucesivas convocatorias, también en las cercanías de la Cámara baja, contra la tramitación de la Ley de Seguridad Ciudadana (llamada por sus detractores 'Ley Mordaza').
El apoyo expreso de Podemos
Si bien entonces participaron en ellas miembros de IU como Alberto Garzón, que ya era diputado en la Cámara baja, esta semana se ha alentado tal convocatoria desde las filas de Podemos. Por ejemplo, su portavoz adjunta en el Congreso y jefa de gabinete de Pablo Iglesias, Irene Montero, apoyó la iniciativa. por entenderla como un "ejercicio democrático". "Para nosotros es motivo de orgullo porque implica que la democracia funciona", sentenció.
