Las relaciones del PP con la Guardia Civil viven momentos extraños, casi sin precedentes. Un polémico informe de la UCO (Unidad Central Operativa) sobre la Púnica ha alterado el ambiente entre el partido y el cuerpo armado. La respuesta en primera instancia de la principal aludida, Cristina Cifuentes, desconcertó en principio, extrañó luego y, a la larga, molestó.
"Una sucesión de juicios de valor sin ningún fundamento jurídico". La frase de la presidenta de la Comunidad se recibió como una intemperante agresión no sólo en la UCO, sino en amplios círculos de la Guardia Civil. Miembros de este equipo de investigación que trabaja con magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional hicieron saber a sus mandos la palpable irritación por la actitud de Cifuentes y su sorprendente respuesta. Las quejas no oficiales de mandos de la Guardia Civil llegaban con insistencia en otros ámbitos, como diputados, concejales y dirigentes del partido. Una situación inconveniente que había que atajar.
Una reacción en marcha
La reacción se puso raudamente en marcha. Dolores Cospedal, amiga y protectora de Cifuentes, está resultando, como titular de Defensa y buena conocedora del Cuerpo, un elemento clave en el despliegue de esta operación bálsamo. Barones regionales, dirigentes locales y responsables provinciales del PP toman parte también, en privado y casi a título personal, en este empeño por deshacer 'el malentendido'. Los populares no se han convertido, de repente, en el 'enemigo número uno' de los guardias, pero se ha producido una fractura que se trata ahora de suturar.
En Génova se encendieron algunas señales de alarma. El apoyo formal a Cristina Cifuentes no podía discurrir por un carril opuesto al del respaldo total a la Guardia Civil. La presidenta madrileña, consciente de ese desconcierto en sus propias filas, moduló horas después sus declaraciones. "Yo he sido su jefa", señaló ante los medios, y se explayó en mostrar su admiración, reconocimiento y valoración de los Cuerpos y Fuerzas. "Siempre, siempre, siempre voy a defender la labor de la Guardia Civil". Mantenía su disconformidad, no obstante, con el informe crítico, el mismo que el juez Velasco decidió no atender. "La UCO está formada por personas que se pueden equivocar y cometer errores", añadía.
Barones regionales, dirigentes locales y responsables provinciales del PP toman parte, en privado y casi a título personal, en este empeño por deshacer 'el malentendido'
Esa es la parte del argumento que la dirección del PP intentó taponar con celeridad. Fernando Maíllo, coordinador general de los populares, dejó claro que "en mi partido se respetan todos los informes y luego los jueces actúan en consecuencia." Carlos Rojas, portavoz adjunto en el Congreso, se mostró más preciso: "Están haciendo su trabajo con enorme profesionalidad, los apoyamos, su labor es perseguir los delitos y ayudar a la Justicia". Palabras claras, bien recibidas en el cuerpo.
El ministerio más peligroso
Declaraciones mucho más precisas que las del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en espera de palabras en defensa de su actuación. Zoido, que tuvo que salir en defensa de su 'número dos', el secretario de Estado José Antonio Nieto, 'retratado' en unas inconvenientes escuchas de la 'Operación Lezo', optó por mostrarse algo más equidistante de lo esperado.
"Creo en la Guardia Civil, son servidores públicos, hay que respetarlos y defenderlos, aunque en ocasiones aciertan y en otras no". Sus palabras chirriaron en algunas esferas del partido y del Gobierno. El titular de Interior 'no puede politiquear con esto', mencionaba un dirigente popular. "Para estos eslálom, para ir de equidistante, ya hay otra frente, pero Zoido se equivocó", añadía. Lo justificaba por la temporada de tensión por la que atraviesa y los enormes problemas a los que está haciendo frente, a tan sólo unos meses de aterrizar en un ministerio rebosante de esquinas peligrosas.
Curiosamente, el director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, un juez que llegó al cargo de la mano de su ministro, no ha aparecido apenas en la polémica. Holgado ha ejercido como magistrado en la Sección Tercera de Sevilla, donde coincidió y se hizo amigo de Zoido, también juez. Su prudente silencio en todo este asunto resultó algo extraño. Holgado no es un hombre dado a callarse las cosas. Se ha mostrado, por ejemplo, muy beligerante con el empeño de los políticos a irrumpir en el terreno de la justicia, e incluso declaró en su día que el entonces titular del ramo, Alberto Ruiz Gallardón, "tiene un sentido troglodita de la judicatura". Incluso sobre la España autonómica ha vertido opiniones: "Está insuficientemente desarrollada por el miedo político". Ahora está silente, quizás extendiendo entre su gente el bálsamo que tanto se requiere.
La UCO goza de enorme predicamento entre los guardias. Es un cuerpo de élite de la Guardia Civil, con casi tres décadas de existencia y actúa como policía judicial en los asuntos más mediáticos de cuantos irrumpen en los tribunales. El PP es objeto de atención frecuente por parte de este grupo, dada los numerosos escándalos de corrupción que le sacuden. No se habían producido hasta ahora críticas públicas a su labor. El sobresalto de Cifuentes empieza a amainar, pese a que, después del primer 'bombazo', se conoció un segundo informe de la UCO. Ahora se trata de recuperar la confianza, de orillar los malentendidos.
