El Gobierno ha salvado este jueves el primer escollo parlamentario para sacar adelante la reforma de la contratación pública. Se trata de una medida clave en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, que transpone un mandato europeo y lleva pendiente de ejecución desde 2014. El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público el 25 de noviembre y la Mesa del Congreso lo calificó por la vía de urgencia, tratando de despachar el asunto en pocas semanas y sin que pasara por el pleno. Una enmienda a la totalidad del proyecto de Unidos Podemos lo impidió.
Esa enmienda ha sido tumbada este jueves (70 votos a favor, del grupo morado; 255 en contra, de PP, PSOE, Ciudadanos, PNV y PDEcat), por lo que se inicia así el proceso de debate en comisión de una iniciativa llamada a introducir mecanismos de control más ambiciosos y transparentes en la contratación de la administración, favoreciendo la competencia y poniendo más difícil el anidamiento de desmanes. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha sido el encargado de defender el texto del Ejecutivo, que según él cumple con los principios de "publicidad, transparencia y concurrencia" marcados por la UE.
En total, ha explicado Montoro, se gestionan más de 125.000 contratos públicos anuales, unos 24.000 a la semana. La cuantía de los mismos rondaría el 10% del PIB nacional. El Gobierno cree que esas cifras exigen una "estricta regulación y control" y el establecimiento de un "cauce institucionalizado de cooperación" entre las distintas administraciones.
"Incrementar al máximo la trasparencia" es la meta de Montoro, que considera que "cuanto mayor sea ésta", más complicado será que surjan "episodios de fraude y corrupción" como los que han aflorado en España "durante demasiado tiempo". Además, Hacienda asegura que la reforma pretende "simplificar todo lo posible los procesos de contratación" para favorecer la competencia e implementar un "control exhaustivo de los procedimientos". Se articula, en definitiva, "un nuevo marco legal" para conseguir unas contrataciones "más transparentes, dinámicas y eficientes": "Es una buena ley, se ajusta perfectamente a las demandas" europeas.
Podemos se queda solo
Josep Vendrell y Auxiliadora Honorato, diputados de Unidos Podemos, han hecho una crítica completa a la medida, que ven insuficiente y poco fiel a las directivas europeas, punto en el que han coincidido el resto de grupos de la oposición. Sin embargo, PSOE, Ciudadanos, ERC, PNV y PDECat han priorizado la "urgencia" de transponer ya los mandatos europeos y tratarán de cambiar el texto en el trámite parlamentario.
De aprobarse la enmienda a la totalidad, el proyecto hubiera sido devuelto al Ejecutivo. Se hubiera tenido que elaborar otro e iniciar todo el proceso de nuevo, que ya acumula casi tres años de retraso. Los grupos de la oposición intentarán ahora introducir enmiendas parciales para corregir aquellos puntos del articulado que no comparten. El PSOE, por ejemplo, ha anunciado que propondrá más de 500 cambios, lo que en la práctica "es una enmienda a la totalidad", pero sin "alargar" los plazos, ha explicado su diputada María Jesús Serrano.
