El considerado paraíso fiscal ha remitido vía Comisión Rogatoria a la Audiencia Nacional toda la documentación de la sociedad off shore que Eduardo Larraz, imputado en la pieza número 16 de la trama Púnica, abrió en 2005 en la Isla de Tórtola. El nombre de dicha sociedad ya salió a relucir en los 'Papeles de Panamá'. 

Tras haber tomado declaración la semana pasada a miembros de Arpegio, el magistrado Manuel García Castellón ha vuelto a dirigirse a la empresa pública madrileña para pedirle que identifique a quiénes formaban parte de la Mesa de Contratación cuando contrataron con DUSA.

Tanto el instructor de la trama Púnica como la Fiscalía Anticorrupción sostienen que tras el desfalco de la empresa pública Arpegio se enriquecieron patrimonio de particulares que gestionaron el suelo público madrileño, entre ellos Granados, y "presuntamente las arcas del Partido Popular, Izquierda Unida y PSOE", partidos que tenían a ediles en los consorcios urbanísticos investigados. 

Cohecho, malversación de caudales públicos, fraudes contra la Administración pública, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, aprovechamiento y uso de información privilegiada, etc, etc. La adjudicación de suelo público de la región de Madrid "se convirtió en un botín a repartir y el motor de una red clientelar de empresas promotoras y constructoras", sotiene el juez. 

De momento, la Audiencia Nacional ha cursado Comisiones Rogatorias a Suiza, Panamá e Islas Vírgenes para averiguar el destino de los fondos presuntamente desviados desde Arpegio. Sin embargo, según informan fuentes jurídicas, estas solicitudes de auxilio judicial  no serán las únicas que enviará España para poder averiguar el destino del "botín". 

El magistrado Eloy Velasco dictó el pasado mes de mayo un auto donde pidió a la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid nuevos datos sobre Jaime González Taboada, el único miembro de la mesa de contratación de Arpegio que no se encuentra imputado en el caso Púnica en estos momentos. Es aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya actualmente ocupa consejero de Medio Ambiente. 

El magistrado hace un requerimiento de documentación "urgente e inmediato" a la Comunidad de Madrid y a la empresa pública sobre contratos, consorcios y convenios firmados entre 2007 y 2011, cuando el ex secretario general del PP madrileño ocupaba la consejería de Presidencia. El auto destaca que el político tenía un "dominio absoluto en persona o por delegación" sobre las decisiones que propiciaron adjudicaciones. Las nuevas pesquisas salpican a un alto cargo del Gobierno de Cifuentes, el viceconsejero Miguel Ángel Ruiz, que entonces ocupaba cargos de responsabilidad en Arpegio y el Plan Prisma.

Granados se ha quejado de las condiciones de su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política en Madrid, en la que ha defendido con vehemencia su inocencia: "No soy el rey del golferío de nada". 

El matrimonio Francisco Granados y María Nieves Alarcón envió en las Navidades de 2006 un total de 352 cestas y lotes de Navidad a familiares y amigos con cargo a la sociedad pública Arpegio, de la que el primero era presidente.