Rifirrafe entre Hacienda y el juez del caso Rato. La Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria y el FROB, ha remitido un duro escrito al juez Antonio Serrano Arnal donde sostiene que el instructor está vulnerando su derecho a la tutela judicial efectiva al privarle del informe que la Guardia Civil ha remitido a su juzgado sobre el delito de blanqueo de capitales investigado en esta causa.

La Agencia Tributaria remitió a los Juzgados de Plaza Castilla un escrito en el que pedía al magistrado que ordenase a la Guardia Civil que le entregara "toda la información, documentación o cualquier otro elemento de prueba" que tuviera "con trascendencia en las investigaciones" sobre el exvicepresidente del Gobierno. Aseguraba que ella lo hacía pero el Instituto armado, no.

La entidad financiera y el organismo público dependiente del Ministerio de Economía habían presentado por separado sendos escritos en los Juzgados de Plaza Castilla para ser considerados acusación particular en la investigación sobre el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno. Alegaban que la comisión que presuntamente recibió el político de los contratos de publicidad los convertía en afectados y, por tanto, con derecho a intervenir en la instrucción. El magistrado no lo ha considerado así.

Dos son las acusaciones populares que desde mayo del año pasado vienen intentando personarse en la causa contra el ex vicepresidente del Gobierno y ninguna de ellas lo ha conseguido hasta ahora. El juez instructor se niega a ello y la Audiencia Provincial de Madrid ha revocado ya en dos casos su decisión, si bien la elevada fianza exigida puede hacer desistir a los interesados.

La Sala de lo Penal está estudiando cómo resolver la cuestión de competencia planteada por el juez Serrano-Arnal. Según informan fuentes jurídicas a 'Vozpópuli' encima de la mesa hay tres opciones: que la causa sea enviada a la Audiencia Nacional, que permanezca en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) o que el sumario se fragmente en dos piezas y que una de ellas sea asumida por Andreu y la otra por el actual instructor.

El sumario en el que se investigan las supuestas irregularidades en las finanzas del exvicepresidente del Gobierno cuenta ya con nueve imputados, entre ellos el propio político. De todos ellos, cuatro forman el núcleo de confianza sobre el que el cuestionado el presidente de Bankia tejió su entramado societario ahora bajo sospecha. Éste era el papel de cada uno de ellos.

El abogado del partido presenta un escrito para que obren en la causa por la salida a Bolsa de la entidad el análisis de la ONIF que destapó la supuesta 'mordida' a cuenta de los contratos de publicidad. De este modo, la formación 'sortearía' el previsible rechazo del juez Andreu a asumir la causa que ahora lleva un magistrado de Plaza de Castilla.Su principal argumento: aquella comisiones ayudaron "a la despatrimonialización de la propia entidad" y que, por tanto, "tienen una indudable relación".