El Servicio Andaluz de Salud (SAS) recurrió a la prórroga sistemática de lacontratación de emergencia para externalizar servicios sanitarios con entidades privadas durante la COVID-19. Este expediente, que justificaba el uso de este tipo de procedimientos de contratación directa, permitió realizar unas 77.000 intervenciones hasta 2023 que costaron 242 millones de euros.
El PSOE andaluz ha llevado el asunto a los tribunales, argumentando que la extensión de estos contratos se hizo cuando ya no existía el estado de emergencia sanitaria que los justificaba. Los socialistas apuntan a un posible delito de prevaricación. Hoy, el presidente andaluz, Moreno Bonilla ha dicho mostrarse “tranquilo” y confiado en el proceso judicial, y enmarca la denuncia como parte de la “estrategia del fango activada por Moncloa”.
La denuncia de la oposición ha sido admitida a trámite y ya está en los despachos de la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, el periódico ABC ha desvelado que los contratos que denuncia la oposición fueron avalados por los servicios jurídicos de la Junta hasta en dos ocasiones. Ante este hecho, Moreno Bonilla cuestiona si la necesidad de los socialistas para erosionar a su Gobierno puede llevarlos incluso a “acusar también de prevaricación a los letrados del SAS”, declarando su convencimiento de que no hay en estos contratos “nada absolutamente reprochable”.
“Me da la sensación de que quieren –desde el PSOE andaluz- una querella de largo recorrido político que intentarán alargar en el tiempo para que haya un goteo de informaciones tóxicas y tergiversadas para desgastar al Gobierno”, valora el presidente andaluz, que asegura que el SAS “me asegura” que se han realizado todas las contrataciones avaladas por un informe jurídico. El presidente andaluz también ha valorado el hecho de que la denuncia del PSOE se extienda a la presunta ilegalidad de fraccionamientos de contratos en la sanidad andaluza incluso cuando Susana Díaz era presidenta. El líder del PP andaluz lamenta que el PSOE se haya convertido en un partido "tutelado y dirigido desde Moncloa y Ferraz".
Presunta causa por los contratos de emergencia
La denuncia que a inicios de verano presentaron los del sevillano Juan Espadas se centra en la figura de los exdirectores gerentes del SAS, Miguel Ángel Guzmán y Diego Agustín Vargas, quienes, según los socialistas, habrían utilizado “espuriamente" el procedimiento de emergencia como una "patente de corso para contratar a dedo" sin el control necesario ni transparencia, trasciende de la denuncia.
El PSOE sostiene que este tipo de contratación aumentó en un 10% el coste de los servicios, comparado con los que habrían tenido si se hubiera aplicado otro método de contratación de urgencia. Si desde la Junta cuentan con los informes jurídicos que avalan sus contrataciones, desde la oposición esgrimen también los 18 informes internos de los interventores de la Junta de Andalucía que revelan que 7 de cada 10 contratos cometen irregularidades.
Según destaca ABC, el expediente 110 fue aprobado en enero de 2021, en plena crisis sanitaria, con un presupuesto inicial de 70 millones de euros y vigencia hasta el 31 de diciembre de ese año. Incluía servicios específicos como operaciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas para aliviar la sobrecarga hospitalaria. A pesar de que el Parlamento andaluz decretó en marzo de 2022 el fin de las contrataciones de emergencia, el SAS continuó prorrogando este expediente hasta mayo de 2023, justificando cada ampliación en informes jurídicos favorables, basándose en el interés público y en "la situación excepcional" que aún persistía. A una primera prórroga le siguieron otras tres: en junio de 2022, agosto de 2022 y diciembre de 2022.
Desde la Junta recalcan que la situación de la asistencia sanitaria continúa lastrada incluso hoy día. Andalucía tiene las listas de espera más extensas y lentas de toda España. Moreno Bonilla asume que ha habido planes y respuestas administrativas que no han dado los resultados esperados y promete que habrá prontas soluciones.
Como puntos débiles de la asistencia sanitaria desde la Junta señalan las listas de espera, la situación de la atención primaria. No obstante, el presidente andaluz afirma que “la sanidad pública está mejor ahora que hace 5 años”.
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