La corrupción vuelve a empañar la política andaluza. La revelación de presuntas prácticas fraudulentas por parte de Salud en 2021 señala una práctica habitual que la oposición viene denunciando desde hace años, la de contratos millonarios irregulares excusados en las urgencias de la pandemia. Ahora, es la propia auditoría interna de la administración andaluza la que señala miles de contratos menores fraccionados para evitar el control legal.
La Junta de Andalucía responde contratacando al PSOE-A y, en concreto, a su secretario general Juan Espadas. Señalan en la Junta que esta denuncia sobre los contactos menores solo pretende restar eco mediático al nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre la FAFFE. Se trata del órgano con el que la anterior administración del PSOE andaluz habría contratado a familiares y amigos de dirigentes en puestos de trabajo creados ad hoc. Entre las personas que trabajaron en este organismo se encontraba, como ha destacado hoy el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, la propia mujer de Juan Espadas.
La turbulencia de la corrupción en ambos lados ya llega a la justicia. Juan Espadas ha anunciado que “obviamente, llevaremos este caso a los tribunales”, en alusión a los miles de contratos fraudulentos que la Consejería de Salud habría venido practicando en 2021. Según ha desvelado El Diario, solo en 4 provincias andaluzas, Córdoba, Cádiz, Huelva Y Jaén la Junta firmó más de 200.000 contratos menores por 458 millones de euros.
En función a los informes de la propia intervención de la Junta, el equipo que entonces lideraba en Salud Jesús Aguirre habría fraccionado contratos menores del SAS, lo que permite las adjudicaciones a dedo y sin concurso público. “Hace año y medio que venimos denunciando el incumplimiento de la normativa de contratación pública y el abuso de la contratación de emergencia”, señala Espadas, que definido la práctica como “fraudulenta”.
Moreno Bonilla y su Gobierno “no pueden minimizar este caso”, dice Espada, que ha exigido que desde la Junta aclaren si esta práctica “al margen de la legalidad” ha continuado desarrollándose después de 2021, pese a las advertencias de Intervención. “Podemos estar hablando de muchos -contratos- más. Hablamos de posible malversación de caudales públicos o de delitos tipificados desde la prevaricación a otros”.
Desde Izquierda Unida, también el diputado Toni Valero denuncia la "corrupción" del SAS en una "estrategia deliberada" para esquivar controles, “a Moreno Bonilla le han pillado con el carrito de los helados. El gobierno ha repartido a dedo 458 millones de euros saltándose la ley”. Desde la izquierda señalan que un montante millonario que debía ir destinado a sanidad se ha repartido a dedo de manera fraudulenta entre empresas, "no es una chapuza propia de una mala gestión, es una estrategia deliberada del PP”. Los contratos habrían beneficiado principalmente a empresas farmacéuticas como Pfizer, Bayer o Novantis, entre otras.
La Junta lo niega todo
La Junta de Andalucía niega que estos contratos incurran en fraude de Ley. La portavoz del gobierno, Carolina España vuelve a emplazar estos casos al marco temporal de la pandemia, cuando “la prioridad era salvar vidas”, asegurando además que todos los servicios y contrataciones estaban dentro de los márgenes de “precios correctos”.
España señala que los datos que manejan en la auditoría que monitorea las cuentas de la Junta son muy limitados. La auditoría, aseguran desde la Junta, solo ha investigado 573 de los cerca de 300 mil contratos que se realizaron, lo que resulta en un porcentaje del 0,19%. Para España, el hecho de que ahora salga a relucir un informe de las auditorías que tiene varios meses y que señala a contrataciones de 2021 solo tiene que ver con una coincidencia: la Faffe.
“¡Qué casualidad que haya salido hoy el informe de julio justo cuando ayer un medio de comunicación destapaba los enchufes masivos en la FAFFE de los anteriores gobiernos socialistas!”, ha dicho España, portavoz de la Junta.
Reaparece la Faffe
Así, reaparece el caso de corrupción política que más quebraderos de cabeza causa en la actual cúpula socialista, el de la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (Faffe), creada durante la administración de Manuel Chaves para, supuestamente, formar a parados andaluces reaparece en la agenda política andaluza.
Para tormento socialista, protagonistas de aquellos años vuelven a desfilar de nuevo por los juzgados, como Fernando Villén, ya condenado a 6 años de prisión. Se trata del responsable de trasladar la fiesta de la Faffe a los prostíbulos, con una tarjeta de la Fundación. La pasada semana, Villén testificó sobre la contratación del que fuera alcalde de Lebrija, Antonio Torres. Un trabajo que, básicamente, consistía en crear una nómina a cambio de nada. El exalcalde habría ganado casi medio millón de euros sin pisar su oficina, según la acusación.
El nuevo informe de la Guardia Civil que ha desvelado ABC también aflora la sonrojante contratación de amigos, familiares, primos o personas con afinidad política pero sin ninguna argumentación laboral. Además, revela la más que probable huida hacia adelante de los responsables de la Faffe. Según las pesquisas del Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO), habría habido un “gran borrado” de emails y de datos, a fin de limpiar la escena. Carolina España también ha desvelado que la Junta valora acabar con estos nuevos emails, que validan lo que siempre habían creído sobre la Faffe, en la justicia a través de una causa separada.
