La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha expresado este martes el rechazo de su grupo parlamentario a la toma en consideración de una proposición de ley impulsada por el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), la antigua Convergència, para resolver "de forma inmediata una 'okupación' ilegal que afecte a pequeños propietarios y viviendas sociales de Ayuntamientos o de ONGs".
En rueda de prensa, Montero ha manifestado que "lo primero y lo más urgente" es "no criminalizar a las personas que ocupan por necesidad". "No se puede criminalizar a las personas que viven en precario, por el ejercicio del derecho a la vivienda", ha recalcado la dirigente de Podemos.
En este sentido, Montero, que ha cuestionado la tarea desarrollada en este ámbito por los gobiernos convergentes en Cataluña, ha afirmado que este problema no se puede solucionar por la "vía de la penalización, sino por la del respeto a los derechos humanos y por la de fortalecer la política de parques públicos de viviendas".
En relación al verdadero objeto de la proposición de ley de PDeCAT, esto es, combatir la existencia de "mafias organizadas detrás de la okupación ilegal de viviendas", Irene Montero ha evitado descender a ello y se ha limitado a decir que "estamos trabajando en una propuesta de Ley Integral de Vivienda que aborde el tema en profundidad". Por su parte, la diputada encargada de defender la postura de Podemos en el Pleno, Lucía Martín, de En Comú, ha manifestado que "así no se combaten las mafias, así se criminaliza a quien ocupa en precario".
Según la portavoz de Justicia del PDeCAT en el Congreso, Lourdes Ciuró, "si la iniciativa prospera, quien ocupa ilegalmente una vivienda deberá desalojarla por orden judicial inmediatamente, a menos que acredite en un corto plazo de tiempo un título de propiedad o alquiler que le habilite para permanecer en ella". Todo apunta a que la toma en consideración de la iniciativa para su posterior debate saldrá adelante con el voto favorable de PP y Ciudadanos. Ciuró ha recalcado que la medida no se podrá aplicar para desalojar a personas que impagan rentas de alquiler o las cuotas hipotecarias, ni tampoco podrán acogerse a la normativa los grandes tenedores de fincas.
El texto de la iniciativa del Grupo Mixto, al que está adscrito el PDeCAT, dice que la "mala respuesta legislativa dada a los dramas de los desahucios" ha provocado "fenómenos mafiosos que perturban tanto la propiedad pacífica de pequeños propietarios, como dificultan o imposibilitan la gestión de aquellas viviendas en manos de organizaciones sociales y de administraciones públicas", es decir, ONGs y Ayuntamientos. La proposición también destaca que las mafias "se aprovechan del vacío legal actual para extorsionar al pequeño propietario que quiere recuperar su piso".
Por otro lado, la iniciativa ha sido criticada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que asegura haberla recibido con "alarma" por cuando fomenta, a su juicio, el "deshucio exprés". "Hay propuestas legislativas que, más que buscar solucionar a un problema real, parece que sirvan para gesticular y contentar ciertos sectores", sostiene la PAH. "Quizá lo que le pasa al PDEcat es que la dura realidad y la presión ciudadana no le ha dejado otra opción que apoyar medidas que siempre había rechazado; y ahora con este gesto quieren contentar a los de siempre, no sea que defendieran más de la cuenta los derechos de la mayoría", afirma la plataforma de la que procede varios dirigentes de Podemos, como la propia Montero.
En opinión de la PAH, "mientras no se garantice el derecho a la vivienda de forma efectiva, y no se ataquen las causas reales del problema y sus responsables, existirá el caldo de cultivo para que las familias sufran, las pequeñas mafias ganen y algunos pequeños propietarios tengan problemas".
