DigitalES, la asociación que agrupa a las principales operadoras de telecomunicaciones, ha recibido positivamente el real decreto que aprobó ayer, martes, el Consejo de Ministros que, entre otras medidas, ampliará a 40 años (20 más otros 20 ampliables) la duración máxima de las licencias de espectro que tienen las operadoras, aunque insiste en la necesidad de plantear nuevas fórmulas para incentivar la inversión. De hecho, sigue reclamando la rebaja del precio de salida de la subasta de 700 MHz fijada en 1.170 millones de euros. .
Las compañías podrían disponer de hasta el doble de tiempo para amortizar sus grandes inversiones y dedicar en el futuro esas concesiones y frecuencias a las nuevas tecnologías de redes que estén por llegar. Esta medida parece intentar dar respuesta, al menos en parte, a algunas de las reclamaciones de los operadores y del ámbito digital, que pedían mayores facilidades y mejores perspectivas para realizar las inversiones necesarias para el despliegue 5G.
En este contexto, Víctor Calvo-Sotelo, director general de DigitalES manifestó hace unos días a Servimedia, previamente al anuncio del Gobierno, que el precio de la subasta es uno de los puntos claves para el desarrollo de redes de quinta generación “reclamamos una reducción del precio de salida de la próxima subasta de 700MHz. Según datos de la CNMV en 10 años los ingresos de las telecos se han desplomado casi un tercio (31,4%) en España”.
Además, señala que las “empresas de telecomunicaciones en España asumen la fiscalidad más alta de toda Europa y a efectos comparativos del precio de salida con otros países hay que sumar en España las tasas del espectro durante la duración de la licencia”.
Incentivar la inversión
Para la patronal tecnológica, es fundamental “avanzar en la creación de un marco regulatorio que incentive una inversión y competencia racionales” para no perder “ni la ventaja competitiva de las redes ya instaladas, ni la oportunidad de revisar el marco que actualmente está en vigor”.
Dentro del marco legal que determinará el despliegue de redes 5G en España será fundamental la próxima Ley de Ciberseguridad, de la que aún no se conoce el texto definitivo. En este sentido, Calvo-Sotelo cree que “toda normativa en el ámbito tecnológico debe regirse por principios de armonización a nivel europeo, level playing field -equivalencia de exigencias legales y fiscales para todas las empresas de un mismo sector-, la reducción de trabas administrativas y la búsqueda activa de estándares”.
En concreto, en lo que se refiere al texto del anteproyecto de Ley de Ciberseguridad, DigitalES realizó una serie de aportaciones durante el proceso de consulta pública abierta por el Gobierno entre diciembre y enero entre las que cabe destacar la creación de un marco legal transparente, riguroso “y no discriminatorio” para impulsar los mercados 5G y “evitar la fragmentación, pues ésta podría comprometer su desarrollo en los próximos años”.
