El momento de poner fin a la deuda pendiente en materia de mecenazgo cultural llega en unas circunstancias en la que los recortes obligan a pisar el acelerador. La caída de los presupuestos autonómicos, locales y estatales en más de un 40, 50 y hasta 60% obliga al sector público a replantearse mecanismos efectivos para favorecer la participación privada en el fomento y desarrollo de la cultura.

El mecenazgo ha sido una de las prioridades del Partido Popular en materia cultural desde la legislatura pasada. José María Lasalle, entonces portavoz del PP en la comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, planteó con insistencia la necesidad de actualizar y poner al día  el modelo de desgravación español  con respecto a otras fórmulas europeas que tienen en cuenta mayores consideraciones para aquellas personas físicas y jurídicas que promueven los proyectos de tipo cultural.

Por ese motivo, ayer, la comisión delegada de Asuntos Culturales, que preside la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aprobó el borrador del proyecto de Ley de Participación Social y Mecenazgo, que entre otras cosas aumentará considerablemente el porcentaje de desgravación por inversión en la cultura. Tanto si se aprueba en junio como si se hace en septiembre, la intención es que la ley pueda aplicarse a partir del comienzo del próximo año fiscal, el 1 de enero de 2013. La norma contempla la creación de un Consejo Estatal de Mecenazgo.

La ley 49/2002 que actualmente regula el mecenazgo permite a los particulares desgravar hasta un 25% de IRPF de lo aportado a instituciones artísticas; en el caso de las empresas, la parte del impuesto de sociedades devuelta llega hasta el 35%. El modelo francés, aprobado en 2004, y citado hoy por Lassalle en varias oportunidades, contempla desgravaciones de entre el 60% y el 70%, lo cual se ha traducido en una recaudación de 150 millones de euros en 2004 a 683 millones en 2011.

Todavía se desconoce sin embargo qué porcentajes de desgravación fiscal contempla el proyecto de ley. Sin embargo, fuentes cercanas a la comisión mixta aseguran que las propuestas de desgravación presentadas hasta el momento no han contado con el visto bueno de Hacienda, que ha intentado presionar que la desgravaciones no lleguen a las magnitudes de la legislación francesa.

En su concepción de mecenazgo, además, la futura ley no sólo se dirige a las corporaciones y las grandes fortunas, sino también a los ciudadanos, es decir, la ley llega con cierto retraso a un fenómeno que desde hace ya unos años existe con el nombre de "micromecenazgo".