Este año ocurrió lo mejor y lo peor para el sector cultural. Sí, lo bueno y lo malo, al mismo tiempo. Un pequeño repaso al 2018 lo confirma. Hubo episodios descoyuntados y contradictorios, desde la recuperación de un ministerio propio, una reivindicación que formaba parte del sector desde que el PP fusionó Cultura con Educación en 2011, pero que Pedro Sánchez decidió inaugurar nada más y nada menos que con Màxim Huerta, un personaje cuya relación con el sector no resultaba del todo orgánica y que no gozaba de experiencia de gestión alguna. Màxim Huerta fue el ministro más breve en la historia de la democracia: duró ocho días luego de una aparatosa dimisión acusado de fraude fiscal y fue sustituido por José Guirao, cuya amplia experiencia y seriedad despejó la preocupación de algunos actores culturales.
Pero ocurrieron bastantes cosas más, una de las más llamativas ha sido el inicio del bicentenario del Museo del Prado, una de las pinacotecas más importantes de Europa y que, aun así, se vio obligada a pagar casi la totalidad de los eventos asociados a tan significativa fecha. El coste del programa de exposiciones y eventos diseñado por el patronato y la dirección de la institución costará 12 millones de euros, que será asumido en un 80% con los presupuestos ordinarios del museo y con un 20% de aportaciones privadas. Uno de los símbolos culturales de España en el mundo, además de hogar natural de Velázquez o Goya, ha recibido esquinazo en su fecha más importante.
Hubo otros episodios agridulces. Cuando, al fin, el Partido Popular había decidido bajar el IVA a las entradas del cine del 21% al 10%, no contaba todavía con el apoyo para aprobar los presupuestos. Rajoy lo consiguió in extremis, pero con la moción de censura, el PSOE de Pedro Sánchez intentó hacer mérito con escapulario ajeno y atribuirse como propia una medida que en realidad pertenecía a la descabalgada legislatura popular. Pero las cosas no se detuvieron ahí, con la entrada en vigor de la rebaja del IVA, muchos cines se negaron bajar el precio de las entradas al cine, ya que tuvieron que asumir ellos el aumento de los populares en 2012.
La respuesta no se hizo esperar. El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, advirtió entonces que si no repercutía la bajada del IVA al cine "a lo mejor" habría que plantearse "revisar" esta medida. Hasta ese entonces, septiembre de 2018, y según cifras del gobierno, sólo el 50% de las salas habían aplicado esta rebaja que entró en vigor con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado a comienzos del mes de julio, antes de la moción de censura. El porcentaje que era suficiente, según el ministro. Sin embargo, la posición de la Federación de Cines de España (FECE) ya había sido fijada en un comunicado del 28 de junio, en el que celebraban la medida y aseguraban que tras más de cinco años con el tipo impositivo más alto aplicado a las entradas de cine de toda la zona euro, el IVA del 10% volvía a situar a España en la media europea y que serían las propias salas de cine las que decidirían acerca del precio final.
Una de las intervenciones más expeditas y fulminantes del nuevo gobierno socialista tuvo que ver con la fusión del Teatro Real y la Zarzuela en una única Fundación, un decreto aprobado por el gobierno del PP que se detuvo a los pocos días de asumir José Guirao el cargo como ministro de Cultura y Deporte. Desde el anuncio de la fusión de ambos teatros, en abril de 2018, cuando aún Íñigo Méndez de Vigo ocupaba la cartera de Cultura, hubo recelos, sobre todo entre los trabajadores de La Zarzuela, que contaron con un amplio apoyo del sector cultural en la figura de personas como Mario Gas, por considerarlo una pretensión de privatización del teatro de la calle Jovellanos. En respuesta, Gregorio Marañón, presidente del patronato del Teatro Real, aseguró que se trataba de ocasión más que propicia para ampliar el espectro del teatro de la Zarzuela. Tras escuchar a los representantes sindicales de los trabajadores (CCOO, UGT y CSIF) y a los responsables del Teatro Real y del Teatro de la Zarzuela, Guirao ha decidido anular el Real Decreto que acordaba la fusión de ambos coliseos y poner en marcha una reforma del INAEM, el Instituto de Artes Escénicas y Música, cuya estructura obsoleta debía de ser modificada, según el ministro.
En lo que a Propiedad Intelectual y Derechos a Guirao le falta por concretar la de las entidades de gestión de derechos de autor y su fiscalización de, cuyo papel, representado en instituciones como la SGAE, preocupan al gobierno, que mantiene bajo la manga mecanismos de tutela. Aún permanece pendiente la negociación de la cesión de la colección de Carmen Thyssen al Estado, de la que se esperan aún medidas para el día 31 de diciembre, el día en que vence la prórroga sobre el acuerdo de préstamo de la colección, el cual fue firmado en 1999 por un plazo de diez años y que desde 2011 se prorrogó de forma anual. En 2016 se renovó la cesión por seis meses y, desde enero de este año, se han ido sucediendo distintas prórrogas, cada una de tres meses, excepto la acordada el pasado 12 de julio, que concluiría la semana que viene.
Entre las medidas acogidas con entusiasmo por sectores como el editorial, hay que apuntar la recuperación de una Dirección General del Libro, a cargo de Olvido García Valdés, así como la creación de una Comisión Delegada de Cultura, presidida por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia Carmen Calvo y que reúne a los ministros de Cultura y Deportes, José Guirao; de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá; de Hacienda, María Jesús Montero, y de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, así como a los titulares de Exteriores, Defensa, Fomento, Justicia, Interior, Economía, Ciencia y Trabajo. La intención, según ha explicado el propio ministerio de Cultura, es generar vías de trabajo interministerial para impulsar medidas y modificaciones que tengan una traducción en cambios legislativos específicos. Entre algunos de los temas más importantes que han formado parte de la agenda de este organismo están el Estatuto del Artista, la modernización de la industrias culturales y el estudio para la implementación de una Ley de Mecenazgo, una de las principales peticiones del sector y cuya puesta en marcha ha sido sistemáticamente incumplida.
