El Congreso de los Diputados ha votado este jueves la polémica nueva Ley Audiovisual, que ha puesto al cine independiente en pie de guerra, ya que la considera "una sentencia de muerte". Por su parte, el Gobierno y, en concreto el ministro de Cultura, Miquel Iceta, sale en defensa de la norma, asegurando que con ella no se "retrocede" en nada.
El Ejecutivo se ha reunido con distintos actores de la industria para desarrollar su proyecto de ley, todo entre quejas, polémicas y una campaña en contra de la norma y las últimas modificaciones de la misma. ¿En qué consiste y qué ha suscitado tanta polémica, críticas y firmas contra la nueva Ley Audiovisual?
En primer lugar, la Ley Audiovisual tiene como objetivo "regular la comunicación audiovisual de ámbito estatal, así como establecer determinadas normas aplicables a la prestación del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma", según relata el Boletín Oficial de Las Cortes. Por lo tanto, engloba tanto al cine como al 'streaming' y a, por ejemplo, Youtube.
Con ella, además, se deben establecer "las normas básicas" dentro del sector audiovisual sin torpedear las competencias de las comunidades autónomas ni entes locales en sus respectivos ámbitos.
La votación de esta ley llega al Congreso -Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital- y el PP, tal y como ha adelantado 'Vozpópuli', se ha abstenido, permitiendo que salga adelante un texto que, según los productores de cine y televisión independientes les condena a la ruina, al equipararles, por iniciativa del PSOE, con empresas vinculadas a las grandes corporaciones.
El punto más polémico y que ha llevado a numerosas asociaciones del cine a protestar ha sido que el PSOE introdujo cambios en la definición de 'productor independiente'.
La incógnita con esta norma se ha mantenido hasta el final por la enmienda transaccional que han firmado Unidas Podemos, ERC y Bildu y que revierte, al menos parcialmente, lo que en su momento introdujo el PSOE para enfado del mundo audiovisual.
Por este motivo, el Ejecutivo se ha encontrado inmerso en negociaciones 'in extremis' para tratar de que la Ley General de Comunicación Audiovisual salga adelante, aunque esto debía haber ocurrido antes del 19 de septiembre de 2020, cuando Bruselas estableció la fecha límite -y, por tanto, reclama sanciones-.
Lenguas cooficiales y el pacto con ERC
La Ley establece que en la televisión en abierto y de pago, al menos, el 51% del tiempo de su emisión deberá dedicarse a obras europeas. De este procentaje, al menos el 50% será para producciones en español o alguna de las lenguas cooficiales.
En el caso de las plataformas de 'streaming', el 6% de sus catálogos deberá ser en lenguas cooficiales y un 30% deberá reservarse para obras europeas. De este último, e 50% deberán ser productos en español o lenguas cooficiales -un 15% del total-. De ese 15%, el 40% tendrá que ser alguna obra en lengua cooficial -lo que supone el 6% mencionado-.
El acuerdo que alcanzó el Ejecutivo con ERC en este sentido -que sirvió de llave para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2022-, incluye que se destinará un mínimo de 15 millones de euros al año para producir series en lenguas cooficiales.
Entre las novedades más destacas se encuentra impulsar el pluralismo lingüístico, ya sea con subtítulos o doblaje; así como contenidos en lengua de signos.
El cambio más polémico: el cine independiente
Sin embargo, el punto más polémico y que ha llevado a numerosas asociaciones del cine a protestar -hasta en el Festival de Cannes- ha sido que el PSOE, durante el trámite de ponencia, introdujo unos cambios en el artículo 110 que define lo que es un productor independiente.
Se motiva la "concentración inmediata de la industria en el duopolio televisivo", así como en "las grandes plataformas internacionales", según asociaciones de cine.
"Se considera productor independiente (…) a la persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común con un prestador del servicio de comunicación audiovisual (…) y que asume la iniciativa, la coordinación y el riesgo económico de la producción de programas o contenidos audiovisuales, por iniciativa propia o por encargo, y a cambio de una contraprestación los pone a disposición de dicho prestador del servicio de comunicación audiovisual", señala ahora el texto.
El PSOE cambió "un prestador" por "dicho prestador" y esto ya, según los productores, abre la puerta a que "las televisiones o cualquier otro operador" puedan producir contenidos dentro de la cuota obligatoria reservada hasta ahora a la producción independiente.
A ello se suma que se diga "por iniciativa propia o por encargo", algo que también desvirtúa la producción independiente, defienden desde el sector.
Este hecho ha impulsado una enmieda -de las casi 1.000 que carga la iniciativa- por parte de los productores de cine. Se quejan de que con este cambio, se motiva la "concentración inmediata de la industria en el duopolio televisivo", así como en "las grandes plataformas internacionales".
Votación en el Congreso de la Ley Audiovisual
La norma ahora llega a la Cámara baja, donde se desconocía, hasta el anuncio de los 'populares', si el Gobierno de coalición contaría con los apoyos necesarios. Al aprobarse, la ley pasará ahora al Senado pero, en caso de que allí sufriese alguna modificación, deberá volver al Congreso.
En relación a la financiación de RTVE, se realizará a través de una aportación anual de todos los servicios audiovisuales que compiten por la misma audiencia. En este punto, se tienen en cuenta tanto la televisión de pago y en abierto como los servicios de vídeo y plataformas de 'streaming'.
Este es otro de los asuntos polémicos, ya que acceden a las mismas ayudas públicas y compiten con desventaja.
Las plataformas bajo demanda y de vídeos destinarán un 1,5% de sus ingresos anuales de explotación en España a financiar RTVE, mientras que la televisión en abierto, un 3%. La Ley Audiovisual entraría en vigor en año 2023.
