Es un Real Decreto que levanta ampollas. Se trata del texto aprobado en el Consejo de Ministros de la semana pasada y publicado en el BOE del 1 de agosto, en el que se regula y amplía la cuantía y los mecanismos de los pagos que deben de hacer las bibliotecas públicas a los autores por los préstamos de sus obras. La medida, que ha generado preocupación en el sector, ha sido abordada por blogueros especializados como Alfredo Álamo en Lecturalia y Julián Marquina o plataformas como Noalprestamodepago.org. El malestar va en un aumento entre los usuarios y personas vinculadas al mundo del libro, quienes insisten en que este es el comienzo del fin de las bibliotecas públicas. ¿Es tal cosa cierta?
La medida no es nueva, argumenta la Secretaría de Cultura al ser consultada sobre el tema. El Real Decreto es “una transposición” de la Directiva del Parlamento Europeo sobre derechos de alquiler y préstamo –que España se ha visto obligada a cumplir desde 1992-, y que regula el ámbito de propiedad intelectual y según la cual se atiende “la obligación de remuneración a los préstamos de obras protegidas por derechos de autor realizados en museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro”. Excepto las bibliotecas ubicadas en municipios de menos de 5.000 habitantes y las vinculadas al sistema educativo español, todas deben pagar.
Excepto las bibliotecas ubicadas en municipios de menos de 5.000 habitantes y las vinculadas al sistema educativo español, todas deben pagar
La cuantía que establece la regulación, que entrará en vigor en 2016, es global y se calcula anualmente. Esta contempla el pago de 0,004 euros por la cantidad total de los libros prestados y 0,005 euros por el número de usuarios inscritos anualmente en cada biblioteca que han hecho uso de esos títulos. Se supone que no generan remuneración los ejemplares consultados in situ; los préstamos de obras en bibliotecas asociadas a centros educativos y “el préstamo en beneficio de personas con discapacidad”. Al ser preguntados sobre cuál es el impacto de ese canon en los ciudadanos, la Secretaría de Cultura apunta como matiz, que el importe no recae en el usuario, sino en el titular de la biblioteca, es decir: la administración central, autonómica o regional.
¿Y el dinero con el que se financian esas instituciones no pertenece acaso a los ciudadanos?, se preguntan algunos especialistas consultados. El pago con cargo al presupuesto de la institución supone una merma en sus recursos para ampliar el fondo, ya que el cargo se hace al área, tal y como explica Celso Figueroa Suárez, de Infobibliotecas. Es decir: cuantos más libros se presten, menos dinero disponible habrá para comprar títulos nuevos.
El pago es de 0,004 euros por la cantidad total de los libros prestados y 0,005 euros por el número de usuarios inscritos
Si se toma en cuenta la disminución presupuestaria para la compra de libros en los últimos años, la noticia empeora el escenario. Según los datos publicados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte –y recogidos por el Observatorio de la Cultura-, el presupuesto disponible para dotar de nuevos títulos a las 52 bibliotecas sufrió entre 2008 y 2012 una caída en la inversión de más del 60%. Algunas regiones, como es el caso Comunidad de Madrid, pasó de un presupuesto de inversión en bibliotecas de 660.000 euros, en 2012, a cero en 2013; sin contar con la reducción de más del doble en el dinero que asigna el gobierno autonómico para la compra de libros: de los 56.700 euros, en 2012, hasta que 18.000 euros de 2013.
La remuneración se hará efectiva a través de las entidades de gestión de derechos de autor, que podrán designar un representante único para para actuar en representación de todas. "A lo que a mí me suena esta norma es que va a llegar a las bibliotecas (o a las direcciones generales de bibliotecas) el cobrador del frac de la SGAE para pedir listados de libros y demás sujetos a derechos, cifras de préstamo, hará numeritos con la calculadora y exigirá lo suyo", explica Celso Figueroa para ilustrar un resquemor y desconfianza cada vez más profundo con respecto al ejercicio de estos organismos.
A todas las anteriores, se une un último eslabón de la cadena: los editores. Si las bibliotecas restringen -todavía más- la cuota de adquisiciones, el negocio del libro resentirá el golpe en la que ha sido una de sus áreas más castigadas, la compra pública. Según el informe El sector del libro en España 2010-2012, elaborado por el Observatorio de la Lectura y el Libro, la venta a bibliotecas registró la bajada más significativa en 2012 al alcanzar 16,8 millones de euros, un descenso del 43,7% respecto al año anterior.
