El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, nacido en Salamanca, se ha convertido en el centro de todas las miradas tras su imputación por un presunto delito de revelación de secretos por parte del Tribunal Supremo, tras filtrar supuestamente unos correos sobre la situación procesal del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; y la emisión de una nota de prensa publicada con membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid.
La noticia ha causado una gran polémica ya que es la primera vez en la historia democrática de nuestro país, que un fiscal general del Estado es investigado formalmente y se abre una causa penal contra él. A pesar de ello, García Ortiz anunció este miércoles que no va a dimitir por considerar que es "lo menos gravoso y más prudente para la institución". A continuación, desvelamos el lado más personal de Álvaro García Ortiz y todos los detalles de su vida íntima.
La pareja de García Ortiz, una destacada fiscal, con la que tiene dos hijos
El fiscal general del Estado de España, Álvaro García Ortiz, nació en un pequeño pueblo de Salamanca, en Lumbrales, el 16 de diciembre de 1967, por lo que tiene 56 años, y pasó su infancia en Zamora y Valladolid.
Respecto a su vida privada, siempre se ha mantenido en un plano discreto. Álvaro García Ortiz es padre de dos hijos fruto de su relación con su pareja Pilar Fernández Pérez, una importante fiscal especializada en violencia de género y menores. En el año 2021, fuentes fiscales denunciaron que la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, había enchufado a las esposas de sus dos hombres de confianza en la Fiscalía, entre ellas, nombraban a la mujer de García Ortiz, Pilar Fernández, que fue "elevada a primera categoría del Ministerio Fiscal por Delgado, designándola como fiscal adscrita a la Fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, antes del verano" y a la mujer de Diego Villafañe, Olalla Vázquez, que fue elegida inspectora de la Inspección Fiscal del Ministerio Público, según publicó 'Libertad Digital'.
El nombre de Pilar Fernández, la pareja de García Ortiz, sonó también como una de las posibles candidatas para dirigir la Fiscalía gallega, lo que le llevaría a convertirse en la primera mujer en optar a este puesto. Pilar Fernández ha publicado a lo largo de su carrera varios trabajos sobre igualdad y sobre la legislación contra la violencia machista, consolidándose como una figura relevante en su campo, según recuerda ‘El Debate’.
Estudios, trabajos y su caso más sonado, el Prestige
García Ortiz fue designado para el puesto de fiscal general de Estado el 19 de julio de 2022, después de que Dolores Delgado anunciara su dimisión por razones de salud tras la operación de espalda a la que se sometió en abril de ese año. Anteriormente trabajó como fiscal de Sala y Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, de 2020 a 2022, donde ejerció como mano derecha de Delgado, cargo con el que ascendió a fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera fiscal.
Desde su llegada, García Ortiz ha sido objeto de críticas por su estrecha relación con Dolores Delgado, que también ha protagonizado más de una polémica tras convertirse en fiscal general inmediatamente después de abandonar el Ministerio de Justicia.
Álvaro García Ortiz cuenta con una amplia formación y experiencia como fiscal de más de 20 años. Se licenció en Derecho en la Universidad de Valladolid (promoción 1985-1990) y comenzó la Carrera Fiscal en 1999. Su primer destino fue la Fiscalía de Mahón, en Menorca, donde fue fiscal coordinador de la adscripción desde marzo de 1999 a diciembre de 2002. Después se mudó a Galicia, junto a su mujer, Pilar Fernández, también gallega y fiscal, y sus dos hijos; para ejercer de fiscal de la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela, representante del Ministerio Público ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, entre los años 2002 y 2020.
García Ortiz se especializó en medio ambiente. En octubre de 2004 fue nombrado fiscal especial coordinador de incendios para la comunidad autónoma. En el año 2005, García Ortiz asumió hasta su ejecución la llevanza de la causa diligencias previas en el caso del Prestige, el petrolero que se partió en dos en las costas gallegas provocando la mayor catástrofe medioambiental en aguas europeas en noviembre de 2002. Este fue uno de los momentos más mediáticos, que marcó un antes y un después en su carrera como fiscal y le consolidó como un referente y experto en temas medioambientales. Las dificultades del proceso judicial del Prestige fue tal que el caso duró casi una década. El fiscal defendió que la administración no tuvo responsabilidad en el brutal vertido de crudo y el fallo le dio la razón.
En 2007, Álvaro García Ortiz pasó a ocupar el cargo de fiscal delegado de Medio Ambiente, urbanismo, ordenación del territorio e incendios forestales de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, puesto que impulsó su carrera ya que fue una figura clave en la lucha contra los incendios forestales. Entre 2008 y marzo de 2020 fue fiscal delegado de medioambiente de la Fiscalía Provincial de A Coruña y de abril de 2009 a marzo de 2020 ejerció como fiscal delegado de medioambiente de toda Galicia.
Tras la reputación que obtuvo con el caso Prestige y su lucha contra los incendios forestales, Álvaro García Ortiz ocupó puestos de mayor relevancia dentro del sistema judicial español como ser jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, donde trabajó mano a mano con Dolores Delgado, su predecesora, desde marzo de 2020 hasta que en 2022 fue nombrado fiscal general del Estado.
Álvaro García Ortiz también fue miembro del Consejo Fiscal desde 2018, de 2018 a 2022, siendo el candidato más votado en las elecciones al Consejo Fiscal. Además, fue miembro del comité ejecutivo de Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL), que es una organización progresista europea de jueces y fiscales, de 2013 a 2017, y después asesor de la ejecutiva de 2017 a 2019. El fiscal general de Estado, que pertenece al ala progesista, también está adscrito a la Unión de Fiscales Progresista (UPF), asociación judicial de la que fue presidente y portavoz entre el 25 de mayo de 2013 y el 1 de junio de 2017.
