Economía

Telefónica, Vodafone y Orange apoyan la 'tasa Google' pero temen que les salpique

Las telecos con servicios de televisión y negocios de datos pagarían más impuestos en España

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Los principales operadores de telecomunicaciones del país, Telefónica, Vodafone y Orange apoyan la llamada 'tasa Google' siempre que sea diseñada y aprobada bajo el consenso de la Unión Europea o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero sospechan que podría provocar una doble tributación en compañías que ya pagan impuestos en España, como es su caso.

Es algo que ya denunciaron hace tiempo, pero el Gobierno pactado entre PSOE y Podemos, formaciones que con más fuerza han defendido el impuesto a las tecnológicas, ha reavivado su inquietud, tal y como ha podido saber Vozpópuli tras consultar fuentes del sector. A pesar de que no es un gravamen que les preocupe en exceso en términos económicos, consideran que ya están muy presionados fiscalmente y no ven justo que se les meta en el mismo saco que a empresas que no tributan en España pese a hacer negocio dentro de nuestras fronteras.

Los operadores abonan impuestos a escala regional y autonómica, además de a nivel nacional. También contribuyen a la sostenibilidad de RTVE -algo por lo que ya se han quejado en reiteradas ocasiones-, ente al que han financiado con 1.200 millones de euros en diez años. Por todo esto denuncian que es sumamente injusto que tengan que pagar un nuevo impuesto a las tecnológicas. "Pensamos que es una tasa que nos va a afectar, y sería injusto porque nosotros ya tributamos en España", recalcan desde los operadores.

La 'tasa Google' se aplicará a las empresas que facturen más de tres millones de euros en España o 750 millones a escala mundial

La 'tasa Google' se aplicará a aquellas empresas sin sede fiscal en España pero que obtienen sus ingresos en nuestro país. Es un impuesto para que grandes corporaciones como Google, Amazon, Facebook o Apple (los llamados GAFA) tributen en España. En concreto, lo harán las compañías con más de 3 millones de euros de facturación local o 750 millones en todo el mundo. Tendrán que pagar el 3% de sus ingresos procedentes de publicidad online, venta de datos o comercialización de productos. Se trata de negocios en los que están inmersos no sólo las grandes tecnológicas, sino también los operadores de telecomunicaciones, de ahí el temor a que tengan que hacer frente a otro impuesto más.

“Hemos reclamado que la llamada tasa digital se ajuste a los principios de establecer un marco tributario armonizado en Europa en un escenario de level playing field donde las empresas tributen allí donde generan los ingresos, garantizando las mismas reglas para los mismos servicios. Sin embargo, esta tasa no puede suponer una doble imposición para aquellas empresas que ya están pagando impuestos en los países donde operan", subrayan desde DigitalES, la patronal que representa los intereses de los grandes operadores y compañías de tecnología.

Sin fecha concreta para la 'tasa Google'

Desde el Gobierno no hay fecha concreta para aprobar la tasa Google pero se pretende poner en marcha cuanto antes. Un impuesto que ya se ha aplicado en Francia, y que ha tenido como respuesta por parte de Estados Unidos una subida de aranceles a determinados productos galos.

"Siempre hemos señalado que hay sectores de actividad que no están bien reflejados en el sistema fiscal actual. Por eso defendemos la implantación de una tasa digital en línea con la propuesta de la Comisión Europea. Se trata de un impuesto que no es discriminatorio por países, sino que responde a criterios objetivos como son los de carácter económico, por ejemplo, una facturación superior de 750 millones a nivel mundial. Es decir, puede afectar a multinacionales de diversas nacionalidades" puntualizan desde el Ministerio de Hacienda.

La cartera de Hacienda también matiza que "España participa de forma activa en las reuniones internacionales para que la tasa Google sea consensuada a nivel global". La idea es, como en el caso de Francia, aprobarlo cuanto antes y posteriormente ajustarlo al que se apruebe en el seno de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en torno a 2022.

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