La Seguridad Social acumula un volumen de deuda sin precedentes que asciende a 72.604,5 millones de euros, aproximadamente un 6% del Producto Interior Bruto (PIB). Esta cantidad ingente de deuda seguirá aumentando, lo que convierte en prioritario ejecutar una reforma del sistema de pensiones públicas, gasto principal de la Seguridad Social.
Los préstamos del Estado que en los últimos años ha ido necesitando la Seguridad Social para poder afrontar sus gastos corrientes han disparado los niveles de deuda, que se mantuvieron durante décadas estables en torno a los 17.000 millones. Sin embargo, en junio de 2017 el Gobierno que entonces presidía Mariano Rajoy se encontró con que no había dinero suficiente en el Fondo de Reserva (conocido como 'la hucha de las pensiones') para pagar la paga extra de verano a los pensionistas.
A ese primer préstamo que tuvo que aprobar el Ejecutivo entonces le siguieron otros y la deuda pasó de 23.157 millones de euros en julio de ese ejercicio a 27.363,7 al cierre -tras el correspondiente préstamo para la extra de Navidad-, y así sucesivamente hasta alcanzar los 41.194,14 millones al término de 2018.
La subida de las pensiones que se aprobó para 2019, el efecto sustitución (que las nuevas pensiones que se dan de alta son más elevadas que las que se dan de baja) y el envejecimiento de la población -con el consiguiente aumento del número de pensiones abonadas por el sistema- provocaron que la deuda creciera un 34% ese año, hasta los 55.024,16 millones.
El coronavirus tensiona más las cuentas
A este escenario ya inquietante se ha sumado este año la crisis del coronavirus y el enorme esfuerzo adicional que ha tenido que afrontar la Seguridad Social, al abonar prestaciones de incapacidad temporal (para enfermos de covid-19 y personas en cuarentena), pagar el Ingreso Mínimo Vital y renunciar a importantes ingresos por cotizaciones sociales de todos los trabajadores en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y de autónomos en cese de actividad.
Al tiempo que soportaba la caída de ingresos vía cotizaciones sociales por el aumento del desempleo y la caída de la contratación.
La combinación de todos esos factores, así como el aumento de gasto por aumentar la baja por paternidad, ha hecho necesarios nuevos desembolsos por parte del Estado, que han elevado la deuda hasta el récord de 72.604,5 millones, según los últimos datos disponibles del Banco de España de cierre de agosto.
"La sostenibilidad futura del sistema continúa agravándose. Entre 2009 y 2019, los gastos no financieros del sistema han crecido a un ritmo medio anual del 3%, 2,3 puntos porcentuales por encima de los ingresos, que sólo han avanzado un 1,7%. El nivel de deuda con el Estado superará los 99.000 millones de euros en 2020 (8,9% del PIB), una carga que se ha de afrontar en el medio plazo", apunta el Círculo de Empresarios en su último informe.
La deuda pasará del 9% al 56% del PIB en 2050
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) prevé que hasta 2050 el gasto estructural del sistema aumentará 3,3 puntos del PIB en su escenario central, situándose su nivel de deuda en un 56,3% del PIB, lo que tendrá "graves consecuencias en la cohesión social".
El Círculo explica que, después de cerrar 2019 con un déficit del 1,2% del PIB, "el incremento de gastos necesario para paliar los efectos de la pandemia en familias y empresas ampliará el saldo negativo de la Seguridad Social hasta aproximadamente el ‐4,1% del PIB en 2020".
Aunque en 2021, el Gobierno prevé que éste se reduzca hasta el 3%, será la Administración Central la que asumirá parte del mismo, lo que seguirá engordando la deuda de la Seguridad Social.
La situación financiera del sistema hace imprescindible que el Gobierno legisle cuanto antes en base a las recomendaciones que ha conseguido cerrar el Pacto de Toledo para poder así garantizar que se empieza a trabajar cuanto antes en la sostenibilidad de la Seguridad Social y para tranquilizar a la clase trabajadora, que contribuye con cotizaciones pero teme que no podrá cobrar pensión pública cuando se jubile.
Según un informe divulgado este mismo lunes por ING, 'Tendencias clave de los españoles ante la jubilación', un 75% está preocupado por el sistema público de pensiones y un 90% piensa que no la cobrará o que será insuficiente para garantizar su nivel de vida.
