El 23 de septiembre de 2019, meses antes de que la covid-19 reventara la economía mundial, Ignacio Sánchez Galán bajó del coche oficial y cruzó el umbral de la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Tenía turno de palabra en la Cumbre del Clima, una cita impulsada por Antonio Guterres con un objetivo conciso: reunir solo a quienes tenían algo realmente interesante que aportar sobre la descarbonización del planeta.
La agenda era apretada. En apenas día y medio debían intervenir mandatarios internacionales, empresarios y representantes de la sociedad civil. El secretario general de la ONU no quería oír largas retahílas sobre el cambio climático. Lo había aclarado en el comunicado oficial: “Quiero escuchar cómo vamos a detener el aumento de las emisiones en 2020”.
A la cumbre de Nueva York solo acudieron como ponentes dos españoles: el presidente de Iberdrola y Pedro Sánchez. El empresario salmantino tenía galones sobrados para figurar en el programa: Iberdrola es líder mundial en energías renovables, una fuente de generación que casi todos los popes del negocio eléctrico desdeñaban cuando él llegó a la empresa, en 2001.
El líder socialista, por su parte, se coló en la cita por representar a un Gobierno que siempre saca pecho de su 'ADN' verde. La prueba indiscutible es que cuenta con un ministerio específico y una vicepresidencia para avanzar en la descarbonización de la economía española (el de Transición Ecológica, liderado por Teresa Ribera).
Sánchez Galán intervino el lunes y fue rotundo, como acostumbra. "El tiempo se acaba y tenemos que medir con precisión quién está haciendo qué y cuánto”, advirtió ante el auditorio. Un día más tarde, tomó la palabra Pedro Sánchez. "No puede haber excusas para la inacción”, aseveró el presidente español. “Intensificar nuestra acción nunca ha sido tan crítico como ahora". El líder socialista recordó que la ministra Ribera tenía -y tiene- la misión de reducir un 20% las emisiones contaminantes en 2030. Ese año, España debe estar generando el 74% de la electricidad con fuentes renovables.
Al Gobierno no le salen las cuentas
España es, hoy día, un ejemplo en la lucha contra el cambio climático. El problema -para el líder socialista- es que su reto en materia energética tiene un precio muy elevado. El incendio provocado en el Ibex esta semana por la ministra de Transición Ecológica viene a demostrar que al Gobierno no le salen las cuentas. El ministerio anunció el pasado martes que endosará a las compañías petroleras buena parte de las subvenciones que cobran los productores de energías renovables. Hasta ahora, esa partida se cargaba en el recibo de la luz. Es decir, la pagaban -y seguidos pagándola- todos los consumidores.
La cuota de mercado de las energías limpias ha ido creciendo con fuerza en los últimos años. En 2019, según el balance de Red Eléctrica de España, representaron ya el 43,6% del total de la generación, todo un récord. A la cabeza de las renovables se situó la eólica, con un 21,7% de la producción.
La tendencia irá al alza a medida que avance la década. En el Gobierno eran conscientes hace tiempo de que la situación era insostenible. Más pronto que tarde, la promoción de las renovables acabaría disparando el recibo de la luz. Los cálculos del ministerio hicieron saltar las alarmas en el despacho de Iván Redondo. El sistema actual obliga a ajustar al alza de manera automática la parte regulada del recibo de la luz (la que contiene las primas). O se modificaba la legislación o la factura eléctrica media crecería un 6,5% el próximo año.
Si hay algo que tema un Gobierno es una subida de la luz. Da igual el color político, aunque en este caso, hay un añadido importante: las eléctricas son para Podemos el enemigo número uno del Ibex
Si hay algo que tema un Gobierno es una subida de la luz. Da igual el color político, aunque en este caso, hay un añadido importante: las eléctricas son para Podemos el enemigo número uno del Ibex. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hizo los cálculos económicos. E Iván Redondo, los electorales. La consigna estaba clara: no sólo era imprescindible frenar el encarecimiento del recibo; también -o sobre todo- había que apuntarse el tanto de una bajada futura de la luz.
La maquinaria se puso en marcha y el pasado martes la portavoz del Gobierno soltó el bombazo tras el Consejo de Ministros. Montero anunció un trasvase progresivo del coste de las primas, desde la factura eléctrica a un grupo de compañías energéticas. Los empresarios tendrán que aportar dinero al nuevo Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que servirá para costear la expansión de las renovables.
La decisión supone endosar de un zarpazo 7.000 millones de euros a un conjunto de compañías. La peor parte se la llevará el sector petrolero, que debe apechugar con casi la mita del sobrecoste. Para colmo, las empresas afectadas ni si quiera habían sido consultadas ni avisadas. Moncloa no sólo quería quería evitar filtraciones, sino también desactivar el poder de los lobbies.
Las petroleras se revuelven
“Ya han conseguido el titular de que bajará la luz. Estamos acostumbrados a un gobierno de órdagos, de posiciones efectistas. Vivimos en una especie de campaña electoral constante”, lamentan desde una de las principales petroleras que operan en España. “Es un favor evidente del Gobierno a las grandes eléctricas”.
Para el sector petrolero, el sablazo de Teresa Ribero alcanza el cariz de ataque político por una razón: “La medida es un impuesto encubierto y los criterios para efectuar el reparto entre las empresas poco transparentes.”
¿Y cuál es ese criterio? El Ministerio de Transición Ecológica ha usado el mismo del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE). En este caso, las empresas contribuyen a subvencionar proyectos con una aportación equivalente a sus volúmenes de ventas nacionales.
La decisión supone endosar de un zarpazo 7.000 millones de euros a un conjunto de compañías. La peor parte se la llevará el sector petrolero, que debe apechugar con casi la mita del sobrecoste
Para las petroleras, utilizar esta vara de medir roza el escándalo. Para empezar, éste cuenta con sólo 200 millones, frente a los 7.000 millones del nuevo fondo. Además, en el flamante FNSSE unas compañías tienen que pagar subvenciones a otras con las que compiten directamente. Dicho de otro modo, las empresas que generan un 57% de la electricidad menos limpia tendrán que ayudar a la que producen el 43% más verde -y más cara-. “Las financiaciones cruzadas entre sectores mandan una señal muy equívoca a los inversores”, lamentan desde otra petrolera española.
Hay un elemento más. Algunos afectados consultados consideran “injusto y lamentable” tener que pagar por una decisión política del pasado, en la que ellos no tuvieron nada que ver. El sistema actual, en el que las primas a las renovables se cargaban en el recibo, lo creó el PP en 2012, en un intento de contener la abultada deuda del Estado con las eléctricas (el denominado déficit de tarifa).
La empresa más castigada, con diferencia, es Repsol. La mañana del martes 15 de diciembre, Josu Jon Imaz acudió a su primer compromiso matinal sin saber que, pocas horas más tarde, el Gobierno cargaría 1.000 millones de gasto a las ya de por sí debilitadas cuantas de la petrolera.
Inmersa en un profundo viraje estratégico, para adaptarse a la inevitable y necesaria transición energética, Repsol hizo un tremendo ajuste contable a finales de 2019. Pero no contaba con el impacto no menos brutal de la covid en su negocio. El desplome de los precios del crudo, el retroceso de la actividad en las refinerías y el descenso de las ventas de carburantes obligaron a la petrolera a presentar unas pérdidas netas de 2.578 millones en los nueve primeros meses de este año.
“Repsol se verá particularmente afectado por su elevada cuota de mercado en estaciones de servicio, cercana al 40”, señala un informe elaborado por Mirabaud. “La implementación del FSEE será claramente positivo para las compañías eléctricas, al reducir la incertidumbre sobre el sistema y favorecer la transición energética”, añade.
Duras críticas de Imaz
"El sector eléctrico no puede pretender que otros sectores paguen su fiesta”, aseguró, sin morderse la lengua, Imaz este jueves, en el IESE. “Esto no es para las renovables, no lo vistamos de verde, esto es para pagar a los fondos de inversión que invirtieron de 2008 a 2014 y los dividendos de las eléctricas”.
Lo cierto es que las eléctricas en ningún momento han negado que la nueva legislación les perjudique. Ahora bien, las compañías rechazan de plano cualquier trato de favor por parte del Gobierno. Y algunas se defienden atacando: "Hay que enviar señales claras al consumidor. La principal, que quien más contamina es quien más debe pagar", aseveran desde una de las grandes eléctricas españolas.
Todas las empresas del kilovatio -de Iberdrola a Naturgy, pasando por Endesa o EdP- coinciden en que el recibo de la luz lleva demasiado tiempo soportando demasiadas cargas. Los hogares han financiado desde 2012 el proceso de transición energética a través de la factura. "Los hidrocarburos, tanto el petróleo como el gas, apenas contribuyen a la descarbonización, a pesar de ser causantes de la mayoría de las emisiones de CO2. Hasta ahora, la electricidad pagaba ocho veces más impuestos que el gas y un 50% más que las gasolinas", recuerdan fuentes del sector eléctrico.
Las petroleras ya han advertido de que la reforma de la ministra Ribera provocará un encarecimiento de los carburantes. Sin apenas margen para encajar el golpe, las compañías trasladarán el sobrecoste a los surtidores. Se producirá, por tanto, un trasvase en el sistema de financiación de las renovables, desde los hogares a quienes tienen un coche, una furgoneta o un camión.
"Esta medida ataca directamente no sólo a quien se mueve en coche. También a miles de pymes y autónomos que dependen de los hidrocarburos y que, por el momento, tienen difícil acceder a otras modalidades de transporte, como el vehículo eléctrico", resaltan desde una petrolera.
Un peaje necesario
Para algunos directivos del sector eléctrico, el encarecimiento progresivo de los carburantes es un peaje a pagar si España quiere acelerar una transición energética; un proceso que exige -no hay que olvidarlo- la UE. "Carece de sentido promover la industria asociada a la descarbonización y penalizar al mismo tiempo la energía eléctrica, que es la que permite la descarbonización", concluyen desde una de las empresas". Dicho de otro modo: no se puede promover el coche eléctrico sin penalizar de algún modo el uso de los vehículos que contaminan.
La batalla está servida y las empresas se alinearán, con matices, en torno a los dos más grandes: Iberdrola y Repsol. Los lobbies de ambos bandos han comenzado a funcionar, para convencer a la prensa y a los grupos parlamentarios que deben aprobar el real decreto. Y los equipos jurídicos de las petroleras buscan la vía para parar el real decreto de Teresa Ribera. Mientras llega el desenlace, Moncloa tendrá margen para usar el recibo de la luz como arma electoral. Y los consumidores seguirán contribuyendo, con su bolsillo, a impulsar la transición energética.
