La prohibición de los pagos en metálico que anunció el Gobierno se ha edulcorado a última hora. Las propuestas originales de la Agencia Tributaria eran mucho más duras: pretendía prohibir los pagos por encima de los 1.000 euros. Montoro permitió que el límite se multiplicará por tres para permitir pagos en metálico de hasta 3.000 euros.
La propuesta que el ministerio de Hacienda remite hoy a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos había sido concebida de manera mucho más dura. No sólo rebajaba el umbral de lo que se permitía pagar en efectivo. También pretendía prohibir esos pagos entre particulares para evitar el fraude en operaciones entre ciudadanos como la compra venta de viviendas o vehículos. Según los técnicos de la Agencia Tributaria, ese dinero escapa tanto al control del fisco como el de las facturas falsas.
Sin embargo, el Ministerio optó por una decisión de corte político para evitar frenar el flujo de la economía y permitió un límite de pagos que triplicaba al propuesto por Hacienda y sólo aplicable a las operaciones en las que intervengan empresas o profesionales con una sanción del 25% para quienes sean descubiertos en esa situación.
La sanción ha sido criticada por los sindicatos del ministerio que la consideran que “se quedará corta”. Según los cálculos de José María Mollinedo, el Secretario General de los Cuerpos Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) “la multa máxima del 25% del importe desembolsado implica que seguirá siendo más rentable defraudar que cumplir con las obligaciones fiscales ya que el tributo en Sociedades es del 30% y el IVA sumaría otro 4 u 8%”.
La Agencia Tributaria también fue ignorada por Salgado
Los planteamientos de la Agencia Tributaria también fueron archivados por el anterior gobierno socialista. Las propuestas de limitar los pagos en efectivo fueron descartadas por Elena Salgado cuando comenzó la crisis.
En la campaña electoral del 20-N, Alfredo Pérez Rubalcaba sí dio cabida a los planteamientos de los técnicos de Hacienda pero también se optó por abrir la mano con la limitación de pagos. El PSOE incluyó en su programa económico la promesa de limitar los pagos en efectivo a 2.500 euros, en el entorno de lo aprobado por Rajoy y –según fuentes de ese equipo—dio poco crédito a las estimaciones de recaudación apuntadas entonces, que rondaban los 20.000 millones de euros.
Hacienda estima ahora que la medida servirá para recaudar hasta 700 millones y el conjunto de la Ley Antifraude que el Gobierno aprobará mañana un total de 8.171 millones de euros. En ese plan se incluirá también, como adelantó Vozpópuli, un recorte en las cuantías permitidas de los cheques al portador.
