Los ajustes de Hacienda no terminarán con la Ley Antifraude que hoy aprueba el Gobierno ni con la amnistía fiscal a quienes repatríen fondos defraudados que el Parlamento ratificó ayer. Los cuerpos técnicos de la Agencia Tributaria han planteado ya a Cristóbal Montoro una reforma legal para endurecer las penas a quienes defrauden al fisco una vez concluida la fase de regularización que abre el Ejecutivo.

Entre las medidas más destacadas que reclama la Agencia Tributaria se contempla la creación de un listado público de morosos con Hacienda. El objetivo es lograr un efecto disuasorio o estigmatizador de los defraudadores ya que –según las cifras de la propia Agencia—los últimos planes de lucha contra el fraude todavía han permitido que el 83% de las estafas tributarias queden impunes y que sólo 11.400 millones fueran recuperados de la evasión en el pasado ejercicio.

Ante esas cifras, los cuerpos técnicos de Hacienda reclaman una modificación del Código Penal para aumentar las penas por delito fiscal y plantean alargar los plazos de prescripción administrativa y penal hasta los 10 años. Entre esos endurecimientos, los técnicos plantean que en casos de delitos fiscales se endurezcan también las medidas cautelares para evitar que “cuando los Tribunales dictan finalmente una sentencia condenatoria no se cobre la totalidad de la deuda defraudada y de las multas impuestas”, asegura el documento de 15 páginas que GESTHA ha remitido a Cristóbal Montoro.

Las reformas legales que exigen requieren el desarrollo por parte del Ministerio de Justicia y su tramitación parlamentaria por lo que incluso si recibe el apoyo político, su aplicación será imposible ya para este ejercicio fiscal.

Más presión también a las empresas tras la amnistía

En las propuestas remitidas al ministerio, se estudia también un endurecimiento de las sanciones a las empresas que se vean envueltas en casos de fraude una vez expire la amnistía fiscal. Quienes no regularicen su situación se enfrentarían a mayores sanciones e incluso perderían el derecho a recibir subvenciones públicas.

Los cuerpos técnicos de la Agencia Tributaria plantean al ministro que ese endurecimiento se extienda a los gestores de las empresas que mantengan deudas impagadas con el fisco para los que se reclama la “exclusión de derechos a obtener subvenciones, crear empresas o formar parte de consejos de administración y ostentar cargos y empleos públicos (…) hasta que regularicen su situación tributaria”.

Según los cálculos de los técnicos de la Agencia Tributaria, un refuerzo en las competencias y el personal de los departamentos de lucha contra el fraude podrían tener como resultado una recaudación adicional de 6.200 millones adicionales.