Sebastián Albella ha pasado este jueves por la Audiencia Nacional para declarar en calidad de testigo en el 'caso Popular'. El actual presidente de la CNMV ha descargado toda la responsabilidad del asesoramiento de la ampliación de capital de 2016 de Banco Popular sobre su compañero Jorge Alegre, que era el que "manejaba toda la información", según han comunicado fuentes presentes en el interrogatorio a este diario.
Aunque en el momento de la resolución del banco y la posterior amortización de sus acciones a cero, en junio de 2017, Albella acababa de aterrizar al frente de la CNMV, previamente era socio responsable del despacho Linklaters, que asesoró al banco en la ampliación de capital de 2016, operación ahora objeto de la causa.
Durante el interrogatorio, Albella ha asegurado que el tuvo constancia de la resolución del banco en la misma noche que se acordó y nunca antes, ni por otros medios. También ha insistido en que una operación como la ampliación de capital no implica responsabilidad alguna para los consejeros de la entidad.
Preguntado por la prohibición de cortos de Banco Popular, el presidente de la CNMV ha afirmado que en ningún momento se propuso la prohibición de las inversiones bajistas. "En el caso de Popular nunca se pidió por la entidad, pero tampoco es necesario que se pida la compañía", ha destacado.
Por otro lado, Albella ha descargado toda responsabilidad en la apertura de los expedientes de la CNMV al banco. El supervisor abrió dos expedientes al Popular: uno que es el que tiene relación con el procedimiento actual -información financiera de 2016- y otro que tiene que ver con los ajustes que se produjeron en abril de 2017.
El 'caso Popular'
La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017, cuando el entonces titular del juzgado, Fernando Andreu, admitió a trámite varias querellas contra los dos últimos presidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, el socio auditor de las cuentas y la firma PwC, por varios delitos societarios.
El magistrado abrió dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.
El próximo testigo citado por el juez es el exministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, cuya declaración se realizará el 30 de septiembre por videoconferencia.
