El Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo ha echado un jarro de agua fría a Abengoa en su enfrentamiento con España por el recorte a las primas de las energías renovables. Este martes, la corte arbitral ha notificado a las partes el laudo arbitral en el que desestima en su totalidad la reclamación de la compañía andaluza y da la razón a España. La cuantía que estaba en juego ascendía a friolera de 1.180 millones de euros.
Según explican las fuentes consultadas por Vozpópuli, el laudo arbitral se ha dictado por unanimidad, sin votos particulares de ninguno de los tres árbitros. El tribunal arbitral fija en alrededor de siete millones los gastos de defensa y representación del Reino de España y condena a la compañía a abonar el 75% de los mismos a España.
El tribunal ha tumbado la demanda de arbitraje de Abengoa al considerar acreditado que ha incurrido en un abuso de proceso, ya que ante la previsibilidad de la disputa optó por desplazarse a Luxemburgo para demandar desde allí. De esta forma, ha intentado beneficiarse de la normativa que protege a inversores extranjeros. Abengoa tiene ahora la opción de intentar anular el laudo en los tribunales suecos.
La defensa de España ha estado encabezada por la Abogacía del Estado mientras que Abengoa se puso en manos de Cuatrecasas.
Se trata de la mayor victoria de España contra un inversor que ha intentado lograr una indemnización tras el recorte a las primas de las renovables aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013. Actualmente, el número de procedimientos abiertos en diferentes cortes arbitrales (la mayoría en la del Banco Mundial), supera el medio centenar.
La guerra arbitral de las renovables
Hace dos años, la ministra del ramo, Teresa Ribera, lanzó una oferta a toda la comunidad inversora en la que establecía que las plantas afectadas por el recorte de 2013 mantendrían intacta su retribución anual del 7,39% hasta 2031 siempre y cuando renunciasen a iniciar acciones legales contra el Estado. Y en el caso de tener ya algún proceso en marcha, retirarlo. También se acordó rebajar ligeramente la tasa de rentabilidad razonable de las renovables (desde el 7,39% hasta el 7,09%) en los próximos seis años.
Por tanto, los inversores con activos renovables anteriores a 2013 han podido optar por asegurar una rentabilidad del 7,39% hasta 2031 y descartar los tribunales o bien aceptar la retribución del 7,1% hasta 2025 y mantener activa la posibilidad de reclamar indemnizaciones por la vía arbitral.
Algunos inversores han optado por acogerse a la ‘vía Ribera’, pero la gran mayoría han optado por tratar de conseguir una indemnización en los tribunales.
A la espera del rescate de SEPI
La notificación del laudo a las partes ha coincidido con la celebración en Sevilla de la Junta General de Accionistas en la que se ha ratificado a Clemente Fernández como presidente y a Alfonso Murat como consejero. También se ha rechazado a Cristina Vidal como nueva consejera.
Los accionistas también han aprobado las cuentas de 2019, con unas pérdidas de 487 millones, con un apoyo de alrededor del 70%.
Durante la celebración de la junta, el presidente se ha mostrado confiado en que la SEPI aprobará su petición de rescate de 249 millones para reflotar la compañía.
