El próximo día 30 de septiembre está previsto que la Cámara de Comercio de Estocolmo (Suecia) dicte un laudo que puede ayudar a la salvación del grupo Abengoa, en situación crítica desde hace años. Y que también puede suponer un roto de 1.188 millones en las arcas del Estado español.
La multinacional sevillana lleva dos años haciendo todo tipo de malabares financieros para evitar la quiebra. La última propuesta que ha diseñado, que todavía no ha llegado a concretarse, es la de incorporar un fondo estadounidense, Terramar, a su capital, y lograr 249 millones de euros de ayuda pública de la SEPI.
Pero puede ser la vía de Estocolmo la que finalmente alivie el delicado estado del grupo con sede en Sevilla, en concurso de acreedores desde el pasado mes de febrero.
Abengoa rechazó beneficiarse de un decreto del Gobierno y decidió seguir adelante con su demanda contra España
Una filial luxemburguesa de Abengoa, CSP Equity Investment, propietaria de plantas termosolares en España, presentó demanda de arbitraje contra España por la rebaja de las primas a las renovables que aprobó el Gobierno del PP en 2012.
Abengoa se acogió al Tratado de la Carta de Energía, y al igual que otros fondos y compañías energéticas, reclamó un arbitraje para reclamar una compensación al Estado español, por entender que la reforma del PP vulneró las expectativas creadas en el momento de la inversión.
La compañía española reclama en total 1.188,2 millones de euros. El pasado año se celebraron las vistas para la práctica de la prueba, el 27 de noviembre y el 3 de diciembre. El 26 de marzo de 2021 se presentaron las conclusiones escritas y el Tribunal Arbitral fijó como fecha para dictar el laudo el próximo día 30 de septiembre.
EY trabaja en la elaboración de una propuesta de convenio a los acreedores de Abengoa supeditada a la reestructuración
España ya ha recibido varias decisiones arbitrales en contra por el recorte de las primas a las renovables. Existen decenas de demandas abiertas que reclaman cerca de 8.000 millones de euros en total. El Gobierno aprobó en 2019 un decreto para tratar de cortar la sangría de los arbitrajes, incrementado la retribución a las instalaciones renovables.
Para poder beneficiarse de esas retribuciones aprobadas por decreto, las compañías o los fondos debían renunciar a las demandas arbitrales, algo que no hizo Abengoa, que decidió seguir adelante con su reclamación contra España.
A pesar del alivio que podría suponer para Abengoa un laudo a favor en su reclamación a España, la administración concursal de la compañía -la consultora EY- está trabajando en una propuesta de convenio de acreedores que de momento no contempla una victoria en Estocolmo.
El administrador concursal designado por el juez en Abengoa está trabajando en un convenio en base a la oferta de Terramar recibida.
Guillermo Ramos González, el profesional de EY nombrado administrador concursal, trata de conformar una propuesta "que mediante mecanismos de inyección de liquidez permita una posibilidad de recuperación, aunque sea parcial, de los créditos de sus acreedores (...)", explica Abengoa en reciente información comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La Propuesta de Convenio contempla fuentes adicionales de ingreso previstas en el Plan de Viabilidad, como son rentas de activos inmobiliarios, dividendos financieros, desinversiones en activos artísticos e inmobiliarios, y devoluciones de activos financieros.
La propuesta de convenio, precisa Abengoa, aún no se ha planteado formalmente "puesto que la misma toma como premisa necesaria la consecución de un acuerdo de reestructuración del Grupo (...)".
