Ultimátum de las tiendas de Aena por el pago de los alquileres. Al menos seis empresas han enviado o ultiman enviar un burofax a la empresa semipública. En él advierten del inicio de reclamaciones de responsabilidad con cargo al patrimonio personal de los consejeros de la compañía en el "improrrogable plazo de diez días de la recepción de la presente", según documentación a la que ha tenido acceso este diario.
La compañía de propiedad estatal en un 51% ha estimado en 1.500 millones de euros las pérdidas en caso de acceder a las reclamaciones del conjunto de las tiendas disconformes con sus obligaciones de pago ante el impacto de las restricciones y la caída del tráfico. Se trata de comercios que no aceptaron las condiciones ofrecidas a principios de 2021 por el operador semipúblico. Aena les giró el recibo del 100% de la Renta Mínima Garantizada Anual y, a aquellos que no pudieron pagarla, les ejecutó avales, judicializando las rentas no alcanzadas por estos.
El pasado octubre entró en vigor, previo apoyo del Congreso, una enmienda legislativa que obliga a Aena a rebajar los alquileres mientras no se recuperen los niveles de tráfico previos a la pandemia. Como informó Vozpópuli, la empresa semipública de los aeropuertos españoles ha respondido solicitando una cuestión de inconstitucionalidad contra la enmienda aprobada en las Cortes con vistas a anularla ante los procesos en marcha y/o obtener indemnizaciones del Estado.
En el escrito, al que pudo acceder este diario, Aena ha alegado el derecho a la propiedad y el carácter expropiatorio de la ley, lo que a juicio de las fuentes jurídicas contrarias a la empresa no garantiza éxito a la cuestión de inconstitucionalidad en sí pero pone de relieve que la compañía agotará los caminos para reclamar indemnizaciones al Estado. La operadora de los aeropuertos entiende también que la enmienda vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de la compañía -involucrada en pleitos previos por el asunto-, el principio constitucional de "irretroactividad" de las disposiciones restrictivas de derechos individuales y el de "igualdad", ya que es una ley que solo se aplica a Aena.
Responsabilidad y respuesta de Aena
"En consecuencia, nos encontramos en la insólita situación de que AENA se niega a cumplir la ley con la excusa de que existe un contencioso judicial, cuando es perfectamente conocedora que, de cumplir la ley y devolver los importes cobrados indebidamente se pondría fin a todos los procedimientos y repondríamos los avales ejecutados indebidamente", señala una de las misivas, supervisadas por el bufete Fieldfisher Jausas, a la que ha tenido acceso este diario. "Se trata, por tanto, de una actuación de mala fe y un incumplimiento flagrante de la ley a resultas del cual AENA se está apropiando de una enorme cantidad de dinero de sus arrendatarios".
"Consideramos que esta situación puede dar lugar a una responsabilidad personal de los miembros del consejo de administración de AENA y del secretario del consejo de administración. En este sentido, el incumplimiento del deber de diligencia exigible a los miembros del Consejo de Administración, S.A., no solamente constituye una mala praxis profesional por su parte, sino que habilita el ejercicio tanto de una acción social como de una acción individual de responsabilidad de los Administradores, de conformidad con el artículo 241 Ley de Sociedades de Capital, configurándose la misma como una acción indemnizatoria personal de los administradores, con la finalidad de restaurar el patrimonio individual de quienes han sufrido una lesión directa en sus intereses, debido a la actuación de los administradores sociales, al incumplir con los artículos 225 y siguientes Ley de Sociedades de Capital", razonan desde Fieldfisher Jausas.
La ofensiva apunta a Maurici Lucena como Presidente y Consejero Delegado; Arias Serrano, Arranz Notario, Delacampagne, Díaz Bidart, Míguez Bailo, Martínez Ortega y TCI Advisory Services LLP (representada por Anthony Hohn) como Consejeros Dominicales; a Río Cortés, Cano Piquero, Duran i
Lleida, Iglesias Herraiz, López Seijas y Terceiro Lombra como Consejeros Independientes; a Marín San Andrés como Director General de Aeropuertos y Consejero Ejecutivo, y a Juan Carlos Alfonso como Secretario no consejero.
En contrapartida, desde Aena han respondido a Vozpópuli que la compañía "está tramitando la devolución a todos aquellos operadores con los que no hay un proceso judicial y compensando los importes correspondientes" y que, "en el caso de los procesos judicializados, Aena está solicitando que se plantee ante el Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad".
