Los esperados fondos europeos están tardando en llegar. Los organismos autonómicos, locales y las empresas privadas preparan sus armas para cuando arranque el reparto de estas ayudas. Y eso es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid. El consistorio que lidera José Luis Martínez-Almeida apunta por la consultora KPMG, a través de un contrato de 100.440 euros, para el diseño del modelo de gestión de fondos europeos y el 'Plan de Medidas Antifraude'.
Madrid apuesta por esta 'big four' frente a otras candidaturas como la de Deloitte o la UTE formada por Garrigues con Management Solutions. El equipo de Almeida ha considerado que la propuesta de KPMG es la más adecuada para elaborar ‘Plan de Medidas Antifraude’, una exigencia del Gobierno para optar a los Fondos Europeos. “Obviamente nosotros no somos expertos y por eso hemos acudido a hacer este concurso”, detallan fuentes del Área de Gobierno de Hacienda y Personal de Madrid.
La consultora se encargará del diseño del modelo de gestión de fondos europeos del consistorio de Almeida, sus organismos autónomos y su sector público empresarial. KPMG también elaborará para Madrid un manual de procedimientos internos para el control y seguimiento de operaciones financiadas con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
KPMG ofrece para este trabajo a un director de proyecto, un consultor senior y otro personal técnico. El coste de su trabajo se eleva hasta los 180, 95 y 26 euros por cada hora de trabajo, respectivamente. El contrato con la consultora también incluye la instrucción a los formadores internos en los aspectos necesarios para su implantación y definir los itinerarios formativos para los órganos gestores.
El 'Plan Antifraude' de Almeida
El equipo de Almeida ha estructurado a KPMG las medidas antifraude que necesita para batallar por estos fondos. La consultora debe dibujar "de manera proporcionada esta hoja de ruta" en torno a los cuatro elementos clave del denominado 'ciclo antifraude': prevención, detección, corrección y persecución.
La compañía deberá realizar una evaluación del riesgo, impacto y probabilidad de fraude en los procesos clave de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Con ello, KPMG deberá revisar de forma periódica los procesos en el caso de que se haya detectado algún caso de fraude o haya cambios significativos tanto en los procedimientos como en el personal.
"Prever la existencia de medidas de detección ajustadas a las señales de alerta, definir las medidas correctivas pertinentes cuando se detecta un caso sospechoso, establecer procesos adecuados para el seguimiento de los casos sospechosos de fraude y la correspondiente recuperación de los Fondos de la UE gastados fraudulentamente", son algunas de las necesidades del equipo de Almeida para establecer un plan que les permita opta a estos fondos.
Control de los fondos
Este control de las ayudas que pone en marcha Madrid se reclama por las instituciones. Este martes, tal y como informaba Vozpópuli, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, reclamaba mecanismos para evaluar, revisar y controlar los proyectos que se financien con los fondos europeos. Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Senado, ha alertado del impacto negativo que tendría en la economía española un retraso en la ejecución de los Next Generation o una selección inadecuada de los proyectos.
Hernández de Cos adevertía que el éxito de estos fondos "dependerá crucialmente de una cuidadosa y rigurosa selección de proyectos, de forma que estos se alineen con los objetivos de transformación estructural en el medio y largo plazo". Para ello, "la selección debería basarse en una evolución rigurosa previa y en un seguimiento en tiempo real que permita corregir a tiempo las posibles desviaciones con respecto a los objetivos establecidos".
Y este revisión se concentrará en la Administración, el gran vencedor de estas ayudas. Las empresas privadas sólo recibirán 4.900 millones de euros de los 26.896 millones de los fondos europeos Next Generation presupuestados para 2022, lo que supone tan sólo un 18,1% del total, según queda recogido el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022. El grueso de los fondos recaerá en el sector público. De hecho, un 26,8% del total, equivalente a 7.218 millones de euros, se canalizará en transferencias de capital a sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y otras entidades del sector público.
