La Audiencia Provincial de Madrid ha arrancado este miércoles el trámite de cuestiones previas de la causa contra el empresario José María Aristrain, una de las grandes fortunas del país acusado de un presunto fraude fiscal de 211 millones de euros.
La defensa del conocido como magnate del acero ha solicitado al tribunal la nulidad de las actuaciones efectuadas hasta el momento al entender que hay falta de jurisdicción del tribunal. En su opinión, España y Suiza deberían haber tratado el asunto previamente en el marco del acuerdo de doble imposición entre países, pero España no accedió.
Se trata de uno de los principales argumentos de la defensa del empresario vasco, que también sostiene que Aristrain es residente fiscal en Suiza desde 2005 y que en ningún caso ha hecho una simulación de residencia para eludir impuestos. Suiza ya declaró que Aristrain era residente del país helvético y alertó del riesgo de doble imposición fiscal. Es decir, que si España le reclama los impuestos, las autoridades suizas entienden que se vulneraría el convenio entre ambos países. Con este argumento, clave en la causa, los letrados de Aristrain entienden que procede la nulidad de las actuaciones. En caso de seguir adelante, la defensa asegura que se estaría cometiendo un "fraude de ley".
Tras una sesión que ha durado alrededor de cuatro horas, el tribunal se ha comprometido a dar respuesta sobre este asunto este jueves, según explican fuentes presentes en la sala a Vozpópuli.
Una multa de 1.190 millones
El Ministerio Público ha pedido para el empresario una pena de 64 años de prisión y 1.190 millones de euros de multa por un fraude que presuntamente cometido entre 2005 y 2009. La Fiscalía, que le imputa quince delitos de elusión tributaria, calcula que el daño causado a las arcas públicas asciende a 210.980.706,23 euros.
En su escrito, el fiscal señala que el empresario constituyó a finales de los años 90 una sociedad patrimonial en Holanda para acogerse al beneficioso tratamiento fiscal del país. Posteriormente, Aristrain trasladó la gestión de la misma a Luxemburgo pese a que, siempre según la tesis del Ministerio Público, “el control y la dirección efectiva” de la misma se efectuaba desde el domicilio particular del empresario en Pozuelo de Alarcón (Madrid). De esta forma, el empresario se habría librado de tributar ante la Hacienda española.
No obstante, la Fiscalía tiene previsto cambiar los términos de la acusación próximamente. La Agencia Tributaria ha remitido en los últimos días una nueva liquidación que favorece al acusado y que obligará al Ministerio Público a reajustar su escrito. Este cambio implicará reducir el número de delitos y, por tanto, la pena de prisión.
