La información que ha dado el Gobierno sobre la entrada de la SEPI en Telefónica bordea lo que permite el marco legal sobre los mercados de valores en lo relativo a cómo debe hacerse pública una operación, además de poner en riesgo la transparencia e integridad del mercado. Así lo señalan a Vozpópuli fuentes jurídicas y del mercado, a las que llama la atención el silencio de la CNMV, que advierten de que no se habría producido de ser otro el operador.

Un mutismo del supervisor bursátil que también se ha mantenido en el origen de la operación, la entrada de Arabia Saudí en la cotizada española anunciada en septiembre, que llamó la atención de estos mismos expertos pero en el sentido contrario, por su falta de información, aunque en ese caso con más sentido económico y de prudencia.

Y es que la adquisición que prepara el Estado se ha anunciado antes de que se haya iniciado, lo que va a provocar un previsible alza del precio de la acción que sufragará el contribuyente.

Es decir, no ha habido información de ninguna de las dos operaciones, pero de la de Arabia no se ha informado hasta que tuvieron un 9,9%, lo que ha evitado encarecer a acción, mientras que la de la SEPI ni se ha iniciado ni se conocen los detalles, pero se elevará el precio al anunciarla.

Este martes, el mercado ha conocido que el penúltimo Consejo de Ministros del año ha aprobado la compra de hasta el 10% de las acciones de Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), lo que se ha comunicado a la CNMV a media tarde.

Tan sólo se informa de que "el Consejo de Ministros en su sesión de hoy ha acordado ordenar a la SEPI que lleve a cabo la adquisición de hasta un 10% del capital social de la compañía Telefónica". Se asegura que se hace con una "vocación de permanencia" y que "SEPI procederá a llevar a cabo los trámites y actuaciones que permitan poner en marcha el proceso para, minimizando el impacto en la cotización, completar la adquisición del volumen de acciones necesario". Esto se dice cuando no se había iniciado proceso alguno, y no se da información de fecha, procedimiento ni precio.

El Reglamento Europeo 596/2014 sobre el abuso de mercado establece en su artículo 17 que el emisor "se asegurará de que la información privilegiada se haga pública de una forma que permita un acceso rápido y una evaluación completa, correcta y oportuna de la información por el público".

A su vez, la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, estipula en su artículo 297 e) que el incumplimiento por parte de un emisor o participante del mercado de derechos de emisión de las obligaciones antes citadas será muy grave "cuando se haya puesto en grave riesgo la transparencia e integridad del mercado".

Comunicar una adquisición de este tipo antes de que se realice, sin informar de cómo, cuando y a qué precio se hace y cuando el que ordena la operación es juez y parte y tiene encima de la mesa pronunciarse sobre la entrada de otro operador y acceso a información privilegiada le parece a las fuentes citadas que choca con estos preceptos.

"Se da pie a subidas y bajadas en la cotización sin que se sepa qué va a pasar. A otro operador no se lo permitirían. Se está poniendo en riesgo la integridad del mercado, mientras el Gobierno tiene en su mano la posición de los saudíes", trasladan.

Rosa Duce, economista Jefe en Deutsche Bank, ha apuntado en 24 Horas a la "incertidumbre que rodea a una cotizada, cuyas acciones primero subieron, pero luego acabaron cayendo". "Cuanto menos dure la incertidumbre, mejor", advierte.

Fuentes conocedoras de los usos y costumbres del supervisor apuntan que la CNMV busca "operaciones limpias" y aquí no se sabe cuándo se va a comprar y de qué manera. "Es una operación muy importante y poco clara. No se ofrece seguridad ni todos los operadores tienen la misma información". A lo que añaden la "torpeza" de que no haya un banco negociando con sigilo para que se informe de una operación cerrada.

"A otro operador la CNMV le habría mandado un requerimiento", destacan, y apuntan a que su presidente, Rodrigo Buenaventura, está pendiente de su renovación en octubre, de un mandato de cuatro años con posible ampliación de otros dos años, según estableció la reciente reforma de la Ley del Mercado de Valores.

Otras fuentes próximas al supervisor son más benevolentes con la legalidad de la operación pero sí coinciden con las críticas generalizadas al elevado coste presupuestario que va a tener.

El anuncio de la compra sin saber a qué precio ni cómo se considera una "chapuza inaudita" en el mercado que encarecerá la operación para el contribuyente, un modus operandi opuesto al de Arabia Saudí, que compró con todo sigilo para que le costara lo menos posible.

También distinto al que siguió la SEPI en su entrada en Enagás en 2007. Antes del anuncio todo el equipo de banco de inversión contratado preparó la operación con cautela y sin publicidad. 

"En línea con otros países"

Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas, ha advertido en 24 Horas de que "es una operación voluminosa en la que hay que ser cauteloso con las reglas del juego que operan en los mercados internacionales".

A Carbó le habría gustado que "el Estado se hubiera quedado el 10% hace 30 años cuando se privatizó", en la alusión a las explicaciones del Gobierno de que esta práctica "va en línea con los
países de nuestro entorno".

Hacienda ha destacado que la operación está "en línea con otros países" porque Alemania ostenta un 13,8% del capital de Deutsche Telekom; Francia, dispone de un 13,4% en Orange, e Italia ha adoptado en agosto de 2023 un acuerdo para incrementar hasta el 20% su participación en la compañía que agrupa los activos de telefonía fija de Telecom Italia. Sin embargo, en estos casos el Estado no salió de las compañías, a diferencia de España.

"Ahora no tenemos claro qué se puede obtener de ahí y la cuentas públicas están muy tensionadas", ha considerado Carbó sobre esta "decisión política".

"Me gustaría que fuera una operación sola, como dicen los mercados anglosajones, one-off, dado el nivel de gasto que se pueda plantear", ha insistido Carbó, que ha advertido de que "la buena percepción que tenemos en el mercado" peligra "si se hacen muchas operaciones de éstas con unas reglas fiscales más duras" como las que vienen en enero.

Fuentes oficiales de la CNMV señalan que casi nada de lo que se conoce de la operación puede entenderse que deba quedar bajo vigilancia de la Ley del Mercado de Valores. Consideran que la SEPI es como cualquier accionista, no es el Gobierno para los mercados. Es como cuando se anuncia cualquier operación, zanjan.

Arabia Saudí, el reverso también cuestionado

En el seno de la SEPI no ven sentido económico a la operación, a diferencia de lo que ocurrió con Indra, y apuntan a la pretensión del Gobierno de influir en Telefónica, bajo el paraguas de una reacción a las pretensiones de Arabia Saudí.

La entrada de STC Group en Telefónica se ha gestado de manera radicalmente distinta. En su caso, el sigilo ha sido extremo, lo que es adecuado a sus intereses, pero ha despertado dudas sobre su legalidad. La CNMV tampoco ha detectado problema alguno.

Las prevenciones de los juristas a los que ha consultado Vozpópuli se centran en cómo se ha podido comprar una participación del 9,9% sin que se advirtiera ni comunicarlo al mercado hasta el 5 de septiembre, un misterio que la CNMV analizó con poco entusiasmo y sobre el que no puso reparos y que el Gobierno ha asegurado desconocer.

El comunicado final de STC a la CNMV pretende que se compró una participación del 4,9% desde el 21 de mayo sin comunicar ni alertar, junto con un 5% de instrumentos financieros, un 9,9%, que aseguran haber alcanzado el 5 de septiembre.

En concreto, Green Bridge Investment Company, radicada en Luxemburgo y controlada por STC, y actuando a través de su socia Green Bridge Management. En último término, el fondo soberano saudí, Public Investment Fund (PIF), dueño del 64% de STC.

Sobre este último 5% todavía no se ha pedido autorización. Sobre el primer 4,9% no hay que hacerlo a pesar de ser una empresa estratégica de Defensa, en virtud de un Real Decreto-ley aprobado in extremis el 4 de julio, en tiempo de descuento de las elecciones generales del 23J.

Fuentes jurídicas y fuentes no oficiales próximas a la CNMV plantean dudas sobre la legalidad de una operación cuyos perpetradores han trasladado que a la órdenes de Morgan Stanley y asesoramiento de Allen & Overy se han ido comprando en los últimos meses pequeñas participaciones disgregadas en una arquitectura sofisticada para eludir la obligación de informar, lo que estiman que viola no sólo el espíritu de la normativa de control de mercados de capitales sino también la letra.

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