"Claro que hay apetito inversor por las nucleares. Pero nadie acudirá a España mientras que existan estas condiciones fiscales". Lo asegura en privado el presidente de un gran banco de inversión extranjero. Lo sabe a ciencia cierta, porque todos los gigantes del sector donde se mueve ya han dado un paso al frente a favor de relanzar la energía nuclear en el mundo. De JP Morgan a Bank of America, pasando por Citi o BNP Paribas.

Ninguno de ellos tiene, por ahora, a España en el radar. El factor que repele la inversión es la monumental carga impositiva que soportan las centrales. Es esa asfixia fiscal la que explica por qué los propietarios, con una tendencia mundial favorable, ni siquiera están peleando por ampliar la vida de los reactores. Desde hace un año, la corriente internacional apunta en la dirección contraria. Por dos razones. La primera es el manifiesto pronuclear que firmaron 22 países en la COP28 de Dubai. La segunda es mucho más reciente: Donald Trump ya ha tomado posesión como presidente de Estados Unidos y va a potenciar esta fuente de energía.

Ambas circunstancias han devuelto de nuevo a las centrales atómicas al foco informativo. Para disgusto del Gobierno socialista, que es el promotor del cierre anticipado y el que diseño el plan de asfixia fiscal. El calendario lo pactó con las eléctricas en 2019. El objetivo es lograr que todas las centrales vayan muriendo poco a poco a lo largo de la próxima década, sin que sus tres dueños (Iberdrola, Endesa y Naturgy) ni siquiera se esfuercen por evitarlo. "El parque nuclear español soporta una creciente carga fiscal que incluye conceptos redundantes y no justificados, aumentando sus costes hasta niveles económicamente insostenibles", advierte un 'paper' elaborado por PwC. 

Sus cifras son elocuentes. En los últimos cinco años, la carga fiscal que aguantan los propietarios se ha disparado más de un 70%. Esa losa irá ganando más y más peso. De aquí a 2035 los impuestos supondrán más del 40% de los costes totales del parque nuclear. PwC recuerda que "a la desproporcionada carga fiscal" se suma la potente subida que ha aplicado Enresa. 

La empresa pública encargada de la gestión de los residuos radioactivos y el desmantelamiento de las instalaciones ha encarecido un 30% sus tasas desde 2020. Enresa pasa cada año a las compañías un 'recibo' de 130 millones de euros. "Varias de estas cargas fiscales son redundantes y su fin está no está justificado, incrementando los costes en 9,7 euros/megavatio", concluyen los analistas de la consultora.

La fiscalidad hará de la actividad nuclear un negocio cada vez más ruinoso. El parque nuclear tendrá unos costes medios de 66,9 euros/megavatio en la próxima década. En la actualidad, la energía nuclear en España es ya 12 euros/megavatio más cara que en Francia, el principal productor en Europa. 

Sala de control de Cofrentes. FORO NUCLEAR

"El motivo principal de este desfase es la carga impositiva a la que se debe hacer frente en España, lo que resta competitividad tanto al sector nuclear como al conjunto del tejido industrial y empresarial", coincide el informe elaborado por LLYC. Se titula 'Nucleares para consolidar una transición energética limpia' y está elaborado por la unidad de inteligencia (Contexto) que lidera Jordi Sevilla.

El economista y ex ministro tiene claro cuál es la gran raíz del problema. "La única diferencia que tiene la industria nuclear española respecto a la europea es que aquí está penalizada por un tratamiento fiscal asfixiante específico", asegura Sevilla. "Se ha forzado que las nucleares pierdan dinero para que las empresas prefieran cerrar. Se han empeñado desde el Gobierno en que no sean rentables. Esa es la estrategia que se ha aplicado por razones ideológicas", añade.

El director del 'think tank' de LLYC insta a Moncloa a explicar las verdaderas razones del cierre y aboga por volver a la inversión nuclear en España, "en las mismas condiciones económicas que están en Francia y otros países de la Unión Europea". Sería una gran noticia para el tejido empresarial español. "Hay cambiar la legislación. Las empresas que gestionan esas centrales nucleares tienen que tener su rentabilidad para invertir y que sigan funcionando. También necesitan la seguridad jurídica de que el esquema se va a mantener el medio plazo", coincide Íñigo Fernández de Mesa, director del Instituto de Estudios Económicos (IEE). "Estamos yendo en sentido contrario a la práctica totalidad de los países en materia energética. Teniendo en cuenta que se puede alargar la vida de las centrales, creo sí habria que plantearse esa transición", añade el también vicepresidente de CEOE.

Italia da el paso

Otros países del entorno ya avanzan en esa dirección. El caso más cercano y reciente es el de Italia. Hace una semana, el ministro de Medio Ambiente y Seguridad Energética, Gilberto Pichetto, presentó el proyecto de ley para recuperar la energía nuclear, prohibida desde 1987. El objetivo: abaratar la factura energética y reducir la dependencia del país frente a otras fuentes externas, como el gas o el petróleo. 

El Ejecutivo comienza a 'aterrizar' así los planes que avanzó la primera ministra, Giorgia Meloni. Entre los hitos propuestos está poner en marcha 15 mini reactores de nueva generación, para alinearse con la tendencia que ya están impulsando otros países. "A nivel internacional, el mundo mira a la energía nuclear ante la situación energética y ambiental que vivimos, con la construcción de nuevos reactores y la operación a largo plazo de sus centrales a 60 o incluso 80 años", explica Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear. "En España es necesario ser realistas y prácticos, porque la situación energética ha cambiado radicalmente en los últimos años. Necesitamos mayor estabilidad y más independencia, y la energía nuclear, que aporta el 20% de la electricidad, es un pilar fundamental", añade.

Que el plan Italiano va en serio lo demuestra un hecho: Enel, controlada por el Estado, ya ha puesto en marcha una sociedad para iniciar los estudios previos al desarrollo de las futuras plantas. La compañía no sólo es la eléctrica más grande del país, también es la dueña de Endesa, que participa en cinco reactores españoles. Sin embargo, la empresa (al igual que Iberdrola y Naturgy) no tiene intención alguna de apostar por las nucleares. La razón ya está explicada: el negocio será cada vez más ruinoso. 

Jordi Sevilla: "Se ha forzado que las nucleares pierdan dinero para que las empresas prefieran cerrar. Desde el Gobierno se han empeñado en que no sean rentables"

"Esta situación no es sostenible y la continuidad de las centrales nucleares tiene que pasar ineludiblemente por una reducción de la desproporcionada carga fiscal que soportan", asevera el presidente de Foro Nuclear. Si el Gobierno no cambia de actitud, las siete plantas españolas irán claudicando progresivamente en los próximos 10 años. El cierre más cercano es el de Almaraz I, en noviembre de 2027. Y el último será el de Trillo, en mayo de 2035. 

Esa fecha, en términos empresariales, está a la vuelta de la esquina, ya que un negocio como el nuclear se mueve con plazos muy amplios. Así pues, el Gobierno, quiera o no, se enfrentará a una presión creciente para reconsiderar su postura. Ese apremio provendrá de la propia Unión Europea. La comisaria del ramo, Teresa Ribera, apadrinó el cierre de los reactores en España cuando era ministra. Y ahora aboga, desde su despacho en Bruselas, por reconsiderar el papel de esta fuente de energía. Ese giro lleva a quienes han estudiado a fondo el asunto, como Jordi Sevilla, a lanzar la siguiente pregunta: "¿Por qué es necesaria para Europa y no para España?". 

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