Los asesores fiscales también se plantan ante Hacienda. La subida de impuestos a los autónomos que los trabajadores por cuenta propia han descubierto al pagar sus cuotas de finales de enero ha hecho estallar a los asesores: “Hacienda ha ocultado la subida en la norma aprobada el 21 de diciembre, remitiendo a la disposición adicional 27 del texto refundido la Ley de Seguridad Social en un ejercicio de ocultismo y mala fe”, ha estallado Arturo Casinos, el Presidente de la Asociación de Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana. La protesta llegará hoy a la mesa de la Federación Española de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales ante lo que los asesores denuncian como un “escándalo”.
El malestar es compartido también por la AEDAF (Asociación Española de Asesores Fiscales) que no se ha pronunciado oficialmente pero sí ha trasladado sus quejas a los técnicos de la Agencia Tributaria por lo que define como “legislación en perjuicio de los autónomos”.
El Ejecutivo incluyó en una disposición adicional de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 dos medidas que suponen una nueva carga fiscal para los autónomos:
- En primer lugar, aumentó el 5% en las bases máximas de cotización y un 2% las bases mínimas de cotización de los autónomos, desde 858,60 a 875,70 euros mensuales, por lo que la cuota mínima de los autónomos pasa de 256,72 euros a 261,83.
- En segundo lugar y, sobre todo, introdujo un cambio técnico que ha supuesto que algunos autónomos vean aumentadas sus cuotas un 20% desde los 261,83 euros hasta los 314,40. Ese cambio afecta a 1,3 millones de trabajadores considerados como "autónomos societarios", es decir, aquellos que figuran como administradores de una sociedad (ya sea SL o SA), aunque no tengan asalariados y que pasan a cotizar como si tuvieran 10 o más trabajadores a su cargo. Ese cambio técnico de asimilar los autónomos como sociedades (RETA) al Grupo 1 supone un aumento de los pagos de 60 euros al mes.
Es una subida “considerable” y “a traición, sin avisar”, denuncian los asesores fiscales que acusan al Ejecutivo de haber hecho el cambio legal “con nocturnidad y alevosía”. “¿Cómo no va a haber economía sumergida?”, se pregunta en voz alta Casinos.
La medida se suma al aumento de cotizaciones sociales
La carga a los trabajadores autónomos llega junto a la obligación de tributar por los cheques comida, vales de transporte y seguros de salud o planes de pensiones que las empresas dan a sus trabajadores. El ministerio de Empleo ha cifrado en 900 millones el impacto recaudatorio de esa medida pero fuentes de la CEOE aseguran que la carga fiscal que esa decisión impone a las empresas puede sumar hasta 2.500 millones.
Esos más de 2.500 millones más en impuestos suponen un aumento del 1% de las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social como media para todas las empresas pero puede gravar hasta con un 2 ó 3% adicional a sectores como el de la hostelería o el de los seguros. El Gobierno decidió cobrar impuestos a los populares cheques gourmet o a los vales de transporte con los que algunas empresas compensan a sus empleados mediante un Real Decreto Ley aprobado el pasado 21 de diciembre que impone un impuesto medio del 31% para quienes reciben lo que describe como “remuneraciones en especie”.
