Con una parte de Cataluña embarcada en el proyecto secesionista y la mayoría de las comunidades escocidas por el reparto de la tarta presupuestaria para 2014, el Gobierno no quiere ni oír hablar de publicar las balanzas fiscales. En 2008, el exvicepresidente Pedro Solbes cortó por lo sano al exhibir hasta seis simulaciones diferentes poco antes de que naciera el nuevo modelo de financiación que rige desde 2009. Pese a la resistencia del Gobierno a realizar ahora esta gimnasia, hay una referencia que considera sólida y proviene de la liquidación del ejercicio de 2011, la última conocida, en la que se revela que Cataluña, la comunidad que más dinero recibe del modelo, forma parte del pelotón de cabeza ya que está sobrefinanciada por encima de la media en términos per cápita junto a Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla y León, Asturias, Galicia y Extremadura.
En el último ejercicio liquidado con el actual sistema de financiación, Madrid, Baleares, Castilla-La Mancha, Andalucia, la comunidad valenciana, Murcia y Canarias salen malparadas
El pasado verano, la asociación Convivencia Cívica Catalana cruzó datos provenientes del Ministerio de Hacienda en los que se corrobora que Madrid, muy al contrario, está maltratada por el actual modelo de financiación, en compañía de Baleares, Castilla-La Mancha, Andalucía, la comunidad valenciana, Murcia y Canarias.
Expertos del Gobierno en financiación autonómica confirman este examen. Si en 2011 Cataluña recibió 19.076 millones de euros con el sistema vigente, Madrid lo hizo por un importe de 14.894. En la actualidad, la diferencia sigue siendo también elevada: 15.700 millones frente a 11.400. Y eso, a pesar de que en Madrid se recaudan 66.000 millones y en Cataluña solo 27.000. Con ello, la comunidad madrileña recibe del sistema menos del 20% de los impuestos recaudados en su territorio. Escrito de otra forma: cada catalán recibe entre 230 y 250 euros más que cada madrileño.
La comunidad de Madrid solo recibe ahora 11.400 millones del sistema, pese a que recauda anualmente 66.000
Tal y como sigue concebido el modelo, consiste en meter dinero en un gran cajón para después repartirlo entre las comunidades con criterios que no permiten asegurar que los recursos obtenidos por cada una de ellas son suficientes. Como consecuencia de ello, España sigue teniendo un régimen de financiación abierto permanentemente en canal que mantiene a las diferentes comunidades en continua actitud reivindicativa.
La sospecha de que se actúa con diferentes varas de medir al acudir en auxilio de las finanzas autonómicas encontró consistencia con el anterior Gobierno, que permitió en la recta final de su mandato endeudarse por 5.000 millones de euros a comunidades que sabía iban a desviarse de la disciplina presupuestaria, como pasó con Cataluña, Andalucía, Aragón y Baleares. En todas ellas, el PSOE puso en juego intereses electorales. Las reformas legales promovidas desde el año pasado han servido para tapar grandes agujeros y para controlar casi en tiempo real las cuentas autonómicas. Este año, por ejemplo, será el primero en el que realmente los gobiernos regionales no podrán esconder facturas en los cajones ni trasladar a 2014 compromisos contables que estén obligados a satisfacer en 2013. Un cambio revolucionario que está pasando desapercibido, pero que introduce un alto grado de transparencia en las cuentas regionales y está provocando, al mismo tiempo, un evidente nerviosismo en las administraciones más acostumbradas al diferimiento de sus desembolsos.
Este año, los gobiernos regionales ya no podrán guardar facturas en los cajones y tendrán que hacer frente antes de enero a todos los compromisos contables contraídos para 2013
Con estos mimbres, Madrid sigue siendo la única comunidad, junto a Baleares, contribuyente neta del sistema ya que no recibe cantidades procedentes de los fondos de suficiencia, de cooperación y de competitividad, sino que aporta recursos para ellos que van a otros territorios. El resto de comunidades, recibe una contribución positiva. El Gobierno que dirige Ignacio González está también penalizado si se analiza la variable de población, junto al andaluz y al valenciano.
En medio del lío, el ejemplo más nítido de una comunidad en permanente actitud reivindicativa es el catalán. Después de un parto que duró cuatro años y que necesitó cesárea, su reforma estatutaria fue bendecida en 2010 por el Tribunal Constitucional con importantes limitaciones políticas. A pesar de que incorporaba una descentralización hasta entonces desconocida en la gestión de tributos como el IRPF, el IVA y los impuestos especiales, sigue planteando negociaciones recurrentes con el Gobierno central para actualizar periódicamente los distintos parámetros del acuerdo.
Las nuevas reglas de la financiación autonómica nacerán al mismo tiempo que la reforma fiscal que prepara el Gobierno para 2015
El problema, según fuentes gubernamentales, es que si ahora falta el dinero para poder anticipar la negociación del nuevo modelo, el año que viene tendrá que encararse en pleno clima preelectoral, con la vista puesta en los comicios locales y autonómicos de 2015. Si el Gobierno no cambia su calendario, el nuevo modelo de financiación correrá paralelo a la reforma fiscal que el grupo de expertos alumbrará en marzo. El criterio con el que se trabaja en el Ministerio de Hacienda incluye la ampliación de los “espacios fiscales” propios en cada comunidad, de forma que los gobiernos autonómicos utilicen la corresponsabilidad y se retraten ante sus electores sin mirar siempre por el rabillo del ojo a los recursos que salen del Gobierno central. Si bajan o suben impuestos, será su exclusiva responsabilidad.
