Las recientes imputaciones de Juan Miguel Villar Mir e Ignacio Benjumea obligan a Banco Santander a dar la cara por ellos ante el Banco Central Europeo (BCE). Y el supervisor europeo no se anda con bromas en este terreno, ya que avisa en su última Guía que aunque se trate de investigaciones y la sentencia sea a favor del consejero de la entidad, ser objeto de procesos judiciales puede afectar a su reputación. Lo mismo ocurre con la sucesión de distintos casos, como le ocurre a Villar Mir, presidente del Grupo que lleva su apellido y consejero de Santander.
Así, el constructor ya acumula al menos dos imputaciones en los últimos años. La primera en el caso Son Espases, por el presunto amaño en la concesión de las obras de un hospital en Baleares, donde ha pedido que se archive el caso y la Fiscalía lo ha apoyado. Está pendiente de resolverse por parte del juez.
Y el segundo y más reciente caso judicial de Villar Mir es por la Operación Lezo, en la que ha sido imputado dentro de toda la investigación que rodea la presunta corrupción Ignacio González en una cuenta suiza.
Aunque Villar Mir llevara ya imputado años en el caso Son Espases, la apertura de un nuevo caso obliga tanto al empresario como a Santander a comunicárselo al BCE. "Las autoridades competentes deben ser informadas de los procedimientos judiciales (concluidos o pendientes de resolución) en el momento de la solicitud o notificación, o cuando se inicien dichos procedimientos", expone la Guía para la evaluación de idoneidad.
Junto a ello, Villar Mir tiene distintas investigaciones abiertas en México, por presuntos casos de corrupción con la Administración azteca. Desde el BCE señalan también la importancia de que se pongan en conocimientos causas en distintos países de donde está la entidad.
Hasta ahora, Santander no ha querido tomar ningún tipo de medida cuando un consejero es imputado, como ocurrió con Alfredo Sáenz, que siguió en su cargo hasta que fue condenado en firme. Pero entonces la regulación era más laxa y el Banco de España no apretaba tanto las tuercas tanto en este sentido a las entidades, como sí está haciendo el BCE.
El papel del BCE
“Pese a que los procedimientos judiciales penales o administrativos son responsabilidad de la autoridad judicial correspondiente, el simple hecho de que una persona esté, o haya estado, incursa en tales procedimientos es relevante para su honorabilidad”, explica el supervisor europeo. “Si bien la autoridad competente aceptará el fallo de la autoridad judicial, las circunstancias que dieron lugar al procedimiento pueden ser relevantes para determinar si afectan a la reputación de la persona designada, incluso cuando el fallo es favorable”, añade.
En las comunicaciones que tiene que realizar tanto entidad como consejero al BCE se incluyen la naturaleza de la acusación, la fase procesal, la sanción probable si hay condena y “otros factores atenuantes o agravantes (por ejemplo, otras investigaciones actuales o pasadas, sanciones administrativas impuestas, cese en el cargo o cualquier puesto de confianza)”.
En el caso de Benjumea, su imputación es más reciente y no coincide con otras previas, como la de Villar Mir. El exsecretario del consejo en la etapa de Emilio Botín está imputado por el caso HSBC, donde están siendo investigados directivos de la entidad británica, de Santander y BNP Paribas.
