Un análisis realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que las demandas judiciales contra el Estado en los últimos años han representado "un riesgo significativo" para las finanzas públicas. Calcula que en el periodo 2014-2023, las sentencias desfavorables han supuesto un coste medio de 1.000 millones de euros al año.
"En la última década, numerosas sentencias judiciales han sido desfavorables para los intereses del Estado, afectando a figuras tributarias como el Impuesto de Hidrocarburos, el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (IRNR), el Impuesto de Sociedades (IS), el canon hidráulico, el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) y las sanciones relacionadas con la declaración de bienes en el extranjero.
También se han planteado litigios relacionados con asuntos no tributarios, como la financiación del bono social eléctrico y la indemnización por la clausura del almacén de gas Castor. Además, se detectan errores "recurrentes" responsables de la materialización de ciertos riesgos fiscales, como "el uso inadecuado de instrumentos legales, especialmente del Real Decreto-ley, que ha derivado en varias sentencias de inconstitucionalidad, como en el caso del Impuesto sobre Sociedades y la indemnización por el cierre del almacén de gas Castor".
Asimismo, la AIReF menciona la "extralimitación normativa respecto a lo regulado en la ley", que "ha dado origen a dos importantes sentencias, como la del canon hidráulico y la sentencia favorable a Endesa por la retribución de energía". Además, "existen materias que han sido objeto de recursos reiterados por motivos similares, como los tres primeros regímenes de financiación del bono social eléctrico (2009, 2014 y 2017), anulados por ser discriminatorios, o los tipos impositivos autonómicos del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), cuya incompatibilidad con la normativa europea provocó su anulación en 2014 y nuevamente en 2024".
Al menos 12.000 millones a futuro
La AIReF también señala que recientemente se han dictado sentencias desfavorables para Administraciones públicas de "elevada cuantía", cuyo efecto se extenderá previsiblemente al ejercicio 2024 y a los años siguientes, y que pueden ascender a algo más de 12.000 millones de euros. Además, "persisten riesgos judiciales pendientes debido a los numerosos procesos en curso, que podrían agravar el déficit de los próximos años, incluidos los arbitrajes internacionales en materia de energía, los contenciosos en el sector del transporte y las cuestiones fiscales aún por resolver en los tribunales nacionales e internacionales".
Según la AIReF, "esto ilustra la necesidad de que el Gobierno implemente políticas fiscales prudentes y adopte estrategias que minimicen la exposición a estos litigios". En concreto, para prevenir conflictos legales y reducir la probabilidad de sentencias en contra del Estado, se propone al Ministerio de Hacienda, o a la administración competente, reforzar la evaluación del posible impacto financiero y legal antes de implementar cambios significativos y consultar con organismos europeos o internacionales para evitar litigios".
Para mitigar el impacto de las sentencias desfavorables, la AIReF propone adoptar "una estrategia judicial proactiva, actuando con rapidez para evitar la prolongación de litigios y el incremento de gastos". Y para mejorar la transparencia, propone al Ministerio de Hacienda crear una base de datos centralizada que integre toda la información.
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galonvall
13/03/2025 14:04
Cuando caigan el autócrata y sus mariachis, que caerán, el pufo que van a dejar va a ser infinito, como la estulticia universal del ZP. Y eso que ya se han fundido los PERTES, los PORTOS, y demás manás europeos, de los que hay que devolver la mitad, mas intereses.Con subvenciones multimillonarias muy sospechas y en pagar gastos corrientes de las AAPP.