El déficit del conjunto de las administraciones públicas, excluyendo a las corporaciones locales, alcanzó los 27.273 millones de euros entre enero y agosto, lo que supone el 2,34% del PIB, un 27,6% menos que hace un año, mientras que el del Estado se redujo un 1,17%, hasta los 17.028 millones, el equivalente al 1,46% del PIB, según los datos de ejecución presupuestaria publicados este martes por el Ministerio de Hacienda.

Las cuentas públicas se desvían. La Comisión señaló en su último informe técnico que existe una gran incertidumbre porque Hacienda ha aplicado tantos ajustes contables en 2012 y 2013 que se hace complicado interpretar los datos de déficit. Y esas dudas sobre el cumplimiento han obligado al Gobierno a echar por tierra la reforma eléctrica, una de las principales iniciativas comprometidas con Bruselas justo cuando aterriza la Troika para revisar el alcance de todas las medidas aplicadas.

Después del brutal esfuerzo llevado a cabo al cierre de 2012, el déficit vuelve a dispararse y representa el principal reto del Gobierno de aquí a finales de año. El Ejecutivo es consciente del problema desde antes del verano y busca arañar décimas por todos lados: confía en conseguir 2.500 millones de superávit en los ayuntamientos; elevar los pagos del impuesto de Sociedades y ahorrarse hasta 5.000 millones en el abono de intereses.