Los bancos presionarán a Pedro Sánchez para que retire el impuestazo. El sector se siente discriminado ante el intento de Moncloa de crear un nuevo gravamen durante tres años, mientras que ha decidido dejar sin efecto el de las energéticas. Y acusa al Gobierno de querer rebajar el déficit público cargándolo en su “bolsillo”.
Los ejecutivos bancarios de CaixaBank, Santander, BBVA y Sabadell se han lanzado contra la nueva versión del impuesto. A la espera de la negociación en la fase de enmiendas, el PSOE pretende que grave entre un 1% y un 6% en función de la base liquidable el margen de intereses y comisiones obtenidos por las entidades de crédito y las sucursales en España de las extranjeras.
“Como en España necesitamos reducir el déficit público, se piensa que el bolsillo en que los podemos cargar es el de la banca”, se quejó visiblemente molesto Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank. España cerró 2023 con un desfase de las cuentas públicas del 3,66% y se ha comprometido con Bruselas a rebajarlo al 3% este año y al 2,7% en 2025, en un contexto en el que el parón de Alemania amenaza con instalar la recesión económica en Europa.
En el momento que lleguen las fusiones transfronterizas, ¿dónde creen que se establecerá la sede?”, se preguntó Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank.
El ejecutivo del primer banco en España por activos fue el más duro contra el plan de Sánchez, incluso azuzó el fantasma del traslado de sedes fuera del país, aunque lo encuadró en caso de que se abra la espita de las fusiones a nivel europeo.
“En el momento que lleguen las fusiones transfronterizas, ¿dónde creen que se establecerá la sede?”, se preguntó, para después sugerir que otros países serían más atractivos por la presión fiscal en España sobre el sector bancario.
Tasa contra el Estado
En su defensa contra el impuesto, Gortázar incluso afeó a Sánchez que grave los ingresos bancarios cuando el Estado tiene una participación del 17% en el capital de CaixaBank como herencia de la compra de Bankia. El banco de origen catalán ha pagado 500 millones por el gravamen este año, lo que resta capacidad a la entidad de pagar dividendo. “Tiramos piedras contra nuestro propio tejado”, criticó. Incluso llegó a calificar el impuesto como "Tasa CaixaBank".
Santander y BBVA ponen sobre la mesa su "españolidad", pero piden negociar el impuesto.
“Es malo para España y me entristece. El diseño es anticompetitivo y discriminatorio”, sentenció por su parte Onur Geng, consejero delegado de BBVA. El grupo de La Vela está inmerso en pleno intento de comprar el Sabadell, con lo que la cúpula fue más tibia sobre sus quejas por el impuesto. De hecho, quiso dejar claro que BBVA es “un banco español comprometido”. Toda una declaración de intenciones para reforzar su estrategia de convencer al Gobierno de la opa hostil, a la que se opone de forma frontal.
“Los gobiernos deben crear buenas condiciones a la inversión. La inversión y los beneficios son la mejor forma para pagar impuestos. Haremos todo lo que se tenga que hacer para tratar de que esto no suceda”, dijo Héctor Grisis, consejero delegado del Santander, unos días antes de que se conociera la propuesta del PSOE. Un tono ambiguo que sonó a una sutil amenaza sobre la posibilidad de llevarse la sede fuera de España, aunque después matizó que el grupo es “español”.
Entre los banqueros se deslizó la idea de que Moncloa pone en el disparadero a los bancos como herencia de la crisis financiera, en la que la mayoría de las antiguas cajas de ahorro tuvieron que ser rescatadas con dinero público.
Los bancos, en la diana
“Se grava al sector por algún motivo que desconozco”, dijo el consejero delegado de CaixaBank. Un punto de vista que compartieron sus homólogos del Santander y Bankinter. “Es un mercadeo político”, criticó sin ambages Gloria Ortiz, consejera delegada de Bankinter.
Todos los banqueros censuraron las formas del Gobierno, que ha decidido reformar el impuesto sin contactar con el sector y utilizando para ello enmiendas pactadas previamente con el resto de socios parlamentarios. CaixaBank, BBVA y Santander confían, no obstante, en suavizar o frenar el nuevo impuesto durante su tramitación en el Congreso, aunque en el seno del sector existe cierto desazón por no haber dado la batalla como las eléctricas.
“No hemos sabido comunicarlo bien”, admitió Onur Genç. Y si la diplomacia no surte efectos, los bancos volverán a recurrir a los tribunales, como anticipan las patronales AEB y CECA, que consideran que el rediseño para los próximos tres años también vulnera los principios de "constitucionalidad".
