El Gobierno ha claudicado y no hará permanente el impuesto a energéticas. Así lo trasladan fuentes conocedoras de la negociación cuando acaba de finalizar este miércoles a las 18 horas el plazo de enmiendas en el Congreso del Proyecto de Ley por la que se establece un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales, texto que el Ejecutivo ha decidido que opere como ley de acompañamiento fiscal de unos potenciales Presupuestos de 2025.
El impuesto a la banca seguirá tres años, convertido ya en impuesto en términos técnicos, lo que obligará a suavizarlo, ya que deberá deducirse en Sociedades. A la espera de la negociación en Comisión, el PSOE pretende que grave entre un 1% y un 6% en función de la base liquidable el margen de intereses y comisiones obtenidos por entidades de crédito y las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras, en las actividades que desarrollen en España. Además, se establece una deducción extraordinaria en el caso de que sufran un descenso sostenido de su rentabilidad.
El PNV ha arrancado que se concierte y así podrá desarrollarlo a su gusto. Al desaparecer el de energéticas en territorio común tampoco podrá concertarse, explican fuentes del Grupo Vasco, que subrayan que decaerá por "factores ajenos a la formación jeltzale, que había mostrado su voluntad de convertir en impuesto y concertar dicho tributo".
El Ejecutivo aseguraba que quería hacer permanentes ambos impuestos, como había pactado con Sumar, pero con exenciones a las inversiones verdes en el caso de las energéticas según acordó con el PNV, pero no ha logrado la mayoría necesaria para que siga. También el Grupo Vasco sostiene que quería que siguiera, pero Junts ha conseguido su supresión, con la que las arcas públicas dejarán de ingresar cerca de 1.500 millones de euros al año.
Todas las energéticas han presionado para que se retirara el impuesto, capitaneadas por Repsol, y han amenazado con llevarse inversiones fuera de España. La banca ha mantenido una posición más discreta, pero también ha movido sus hilos.
Los impuestos se crearon en tiempo récord en el verano de 2022 y se registraron como proposición de ley del PSOE y Podemos para acelerar su tramitación y saltarse los controles del Consejo de Estado y otros organismos. Eran prestaciones patrimoniales para evitar problemas de doble imposición y decaían en dos años.
El lobby empresarial
El impuesto a las energéticas grava un 1,2% el importe neto de la cifra de negocios de 2022 y 2023. Afecta a las que tuvieran una cifra de negocio de más de 1.000 millones en 2019, la gran mayoría, grupos consolidados españoles y extranjeros, a los que sólo se grava cuando tengan más de un 50% de actividad energética y por su actividad en España y en operaciones con terceros.
Las empresas energéticas ya habían advertido de “la falta de sentido” de prorrogar el impuesto. Tanto eléctricas como petroleras mantenían la teoría de que el gravamen nació con vocación temporal y el Ejecutivo lo quería mantener de por vida. A su vez, se oponían de manera frontal a que el tributo fuera hacia los ingresos y no a los beneficios.
Repsol ha sido la empresa del sector que más ha criticado durante los últimos meses la posibilidad de que se prorrogara. Josu Jon Imaz, CEO de la compañía, alertó de que con la prolongación de esta medida, inicialmente prevista para los años 2023 y 2024 -en el caso de las energéticas, con la aplicación de un gravamen del 1,2% sobre las ventas, a liquidar con cargo a los ejercicios 2022 y 2023-, la inversión en el sector energético español "se ralentizará al mínimo".
Conviene recordar que las petroleras presionaron la semana pasada con paralizar inversiones si el Ejecutivo de Pedro Sánchez sacaba adelante la tramitación de la extensión del impuestazo. Repsol amenazó con paralizar los proyectos renovables de Tarragona y de Bilbao mientras que Cepsa llegó a decir que se llevaría las inversiones fuera de España.
Por su parte, el impuesto a la banca grava el 4,8% el margen de los intereses y las comisiones que cobran las entidades financieras a partir de 800 millones, lo que deja fuera a las entidades extranjeras. Los beneficios quedan exentos. Este diseño, creado con escuadra y cartabón y gran conocimiento del sector para recaudar lo máximo e impedir cualquier resquicio para evitarlo, lleva la marca de José Luis Escrivá, según señalan fuentes conocedoras.
Los bancos han subido el tono en los últimos días. Las patronales AEB y CECA criticaron con dureza tanto el fondo como la forma, al advertir de que impactará en la concesión de crédito y en la economía. Y lamentaron que Moncloa intentara rediseñar el impuesto por la vía del decreto o a través de una enmienda. “Haremos lo que tengamos que hacer”, dijo sin ambages Héctor Grisi, consejero delegado del Santander.
El Santander y Bankinter han anunciado que mirarán “el más mínimo detalle”, en palabra de la consejera delegada del segundo banco, para recurrir el nuevo impuesto. Pero de momento, las entidades no amenazan con sacar parte de sus negocios fuera de España.
Economía ha propuesto rediseñar el gravamen con el fin de que ayude a dar más crédito a las pymes. La idea sería descontar las provisiones de la base imponible, pero las entidades bancarias descartan que esta medida sea eficaz en el actual contexto económico.
Sumar, muy mermado tras la caída de Errejón
El pasado domingo este periódico informaba de que entre las consecuencias de la salida de Íñigo Errejón de Sumar estaba la merma en la capacidad de la formación de arrancar al PSOE la catarata de subidas de impuestos que pretendía, y los impuestos a banca y energéticas son el ejemplo más claro.
Con su líder parlamentario dimitido y la formación muy debilitada, la fuerza de Sumar para exigir que los impuestos a banca y energéticas se hicieran permanentes y se endurezcan, como querían, o para al menos conseguir que no se suavicen como pretende el ala socialista del Gobierno queda muy mermada, mientras el ascendiente del PNV y Junts y de las empresas sobre el PSOE se acrecienta. Es uno de los asuntos que se ha comentado entre los asistentes al XXXIV congreso de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) que se ha celebrado la semana pasada en Córdoba.
Hacienda quería cerrar sí o sí el plazo de enmiendas este miércoles 30 de octubre para que la ley sobre el tipo mínimo del 15% en Sociedades entre en vigor el 1 de enero y no produzca un descalabro en las empresas y en el compromiso del Gobierno con la Comisión Europea.
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