La nueva maniobra de Cándido Conde-Pumpido para evitar que los jueces nacionales cuestionen ante Europa las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional está dando mucho de qué hablar. Una situación que también ha puesto en alerta a tres de las cuatro asociaciones judiciales. 

Cabe recordar que el origen de la historia surge hace una semana cuando la Audiencia Provincial de Sevilla decide enviar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial al considerar que las sentencias emitidas por la Corte de Garantías que beneficiaron a condenados por los ERE de Andalucía como José Antonio Griñán o Manuel Chaves podrían no ajustarse con el Derecho de Unión.

A consecuencia de ello, Pumpido se ha estado planteando la idea de solicitar a los letrados de su institución un informe para conocer si realmente los jueces nacionales pueden enviar a Europa cuestiones que hagan desoír sus sentencias. Para ello, ha solicitado a los magistrados del tribunal andaluz el escrito, denominado providencia, que han enviado a Europa.

Petición que no ha gustado nada a la Audiencia de Sevilla, que ha respondido a Pumpido solicitándole una justificación concreta por la que quiere ese documento. Desde el TC han querido aclarar que esta petición se ha llevado a cabo para tener oficialmente el documento público con el fin de deliberarlo en el Pleno. Además han subrayado que es su forma habitual de comunicarse con los órganos judiciales. No obstante, no es el único órgano judicial que ha cuestionado al Constitucional. También lo ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) con un caso relacionado con los VTC. 

Esta situación cierta sorpresa entre los jueces. A María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional para la Magistratura (APM) le preocupa la idea que están teniendo los ciudadanos sobre qué es el Constitucional al existir una percepción generalizada de que el contenido de sus decisiones va a tener un resultado u otro en función de a quién va a beneficiar o perjudicar. Y"el simple hecho de 2sospechar que esto podría ser cierto es alarmante en una democracia sólida", ya que "el deterioro institucional es inmenso".

Por otro lado, detalla que seguramente el Constitucional no ignora que los jueces españoles son europeos y, por tanto, están obligados a plantear cuestiones prejudiciales al TJUE cuando consideran que puede haber un conflicto con la normativa europea. "Precisamente en este caso, -el de los ERE de Andalucía- hablamos de cuestiones relacionadas con la corrupción y aquí la UE es firme" concluye.

"La independencia judicial debe ser respetada por todos"

Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria (AJFV), ha sido muy claro. "La ley establece que la independencia judicial debe ser respetada por todos" y recuerda que en España no cabe dar instrucciones u ordenes directas de un órgano a otro. Por lo que, entiende que al igual que se pide respeto a las decisiones que toman otras instituciones, "también hay que respetar las decisiones que toman los jueces de nuestro país".

Por lo que explica que, llegado el momento, será el TJUE el que tenga que decidir si se admite, o no, a trámite, una hipotética cuestión prejudicial planteada por los jueces de la Audiencia de Sevilla. "Pero hasta ese momento, lo más importante es respetar a las instituciones".

Para Fernando Portillo, portavoz de Foro Judicial Independiente (FJI), esta situación, desde un primer momento, les ha sorprendido. Están "francamente preocupados" porque lo que parece es que se quiere impedir a los jueces que planteen cuestiones prejudiciales al TJUE. Este magistrado, que es decano de los Juzgados de Melilla, también ha insistido, al igual que del Barco, que la cuestión prejudicial está legalmente prevista y que, además, están obligados a ejercerla si entienden que entra en conflicto con el derecho comunitario.

"Olvidan que el derecho comunitario tiene primacía" y recuerda que el propio TJUE ya ha manifestado que los jueces pueden desobedecer a la Corte de Garantías si entienden que la sentencia va en contra del derecho europeo. "Es algo que jurídicamente está muy claro, y que se plantee desde la presidencia del TC la posibilidad de que los jueces no puedan plantear cuestiones prejudiciales a la hora de resolver un asunto es tremendo porque además, invade la independencia de los jueces y nadie puede darnos indicaciones para ello ni limitarnos". 

El portavoz de FJI señala que es muy "obsceno" que jurídicamente se esté planteando esta situación. "¿Cuál es la deriva actual del Tribunal Constitucional?", se pregunta.  Edmundo Rodríguez, de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), solo se ha querido pronunciar con una frase: "Es una cuestión interna del funcionamiento del TC".

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