Es evidente que los españoles de orden andan -andamos- sobresaltados por el previsible pacto entre el prófugo Puigdemont y Sánchez. Este será investido presidente del Gobierno merced a dicho acuerdo y a la prolongación de los que ya mantuvo en la legislatura pasada con los independentistas de ERC -condenados por sedición sus principales dirigentes-, con los herederos políticos de ETA -que tienen como máximo líder político a un condenado por terrorismo-, y con el conglomerado de comunistas y antisistema presentes en Sumar. El sobresalto viene justificado tanto por la estrambótica y peligrosa composición de la mayoría parlamentaria citada como por el precio a pagar para su configuración, precio que incluye la aberrante e ilegítima amnistía para un numeroso grupo de políticos que delinquieron gravemente y la construcción de una autopista para que los independentistas recorran la ruta hacia su referéndum de autodeterminación.
Lo expuesto resulta tan extremadamente grave que está sucediendo aquello de que “el bosque no permite ver los árboles”. Está pasando casi desapercibido el negrísimo horizonte económico que se abre para España de confirmarse el logro de la investidura por parte de Sánchez. Es así por las posibles cesiones económicas que para conseguirla debiera hacer el candidato a presidente. Y así es por la orientación que se daría a nuestra economía tras la conformación del nuevo Gobierno. Un somero repaso a ambas cuestiones revela el negro panorama económico que se avecina para los españoles.
El nuevo Gobierno de Sánchez tendrá que elegir entre dos posibles opciones: o reduce significativamente el gasto público o aumenta considerablemente los impuestos
De entrada, recordemos que los independentistas catalanes están exigiendo a Sánchez que el Estado reconozca una deuda con la Comunidad Autónoma de Cataluña de casi 500.000 millones de euros que, con un descomunal descaro, denominan “deuda histórica”. Y que, consecuentemente, condone la actual deuda real de la segunda con el primero y, además, pague la diferencia hasta alcanzar el importe de la pretendida deuda que se han inventado. Unos pequeños números evidencian que ceder a la pretensión supondría la ruptura de la igualdad entre los españoles y un auténtico atraco al conjunto de todos los que residimos fuera de Cataluña. En efecto, reconocer como adeudado lo pretendido por los independentistas supondría que cada familia residente en Cataluña se enriquecería en 160.000 € para lo que cada familia residente en el resto de España debería empobrecerse en 35.000 €. Poca broma, pues con las cosas del comer tampoco se debe jugar.
Más allá de lo anterior, debe también atenderse a que los vientos de la economía vienen extremadamente revueltos y que, aunque lo nieguen cínicamente Sánchez, Calviño y todo el conjunto de cantores del bien pagado coro socialista, los datos e indicadores estadísticos revelan de modo indubitable que la economía española se está parando. Lo reflejan así los datos del comercio exterior, toda vez que las exportaciones del segundo trimestre han descendido un 3,2% cuando venían de crecer un 4,6% en el anterior, y las importaciones, que habían crecido un 4,1% en el primero, han disminuido un 2,1% en el periodo abril-junio. Queda así reflejado también en la pérdida de un 26% de la inversión exterior. Y se refleja asimismo en los datos del consumo, cuyo crecimiento en el segundo trimestre ha quedado finalmente reducido a un exiguo 0,9%.
Consecuencia negativa en la recaudación
Como no podía ser de otro modo, esta ralentización de nuestra economía tiene su inevitable consecuencia negativa en la recaudación obtenida por la Agencia Tributaria. Si nos detenemos en la correspondiente al IVA, puede observarse que llevamos cuatro meses consecutivos -desde mayo hasta agosto- con descenso de lo recaudado respecto al mismo mes del año pasado, y que el importe acumulado en los ocho primeros meses de 2023 supone un aumento monetario de solo un 1% sobre lo recaudado en el mismo periodo en 2022 lo que supone una reducción en términos reales dado el nivel de inflación existente. Y la recaudación global de la AEAT, que viene de crecer en torno al 15% en los dos años precedentes, en los ocho primeros meses de este año ha crecido monetariamente un 4,5% lo que significa que en términos reales prácticamente ha dejado de crecer.
Esta atonía recaudatoria provocada por la económica va a presionar negativamente al saldo de las cuentas del Estado, cuestión que dificultará sobremanera la reducción del déficit público que nos va a ser exigida por las autoridades comunitarias por muy laxa que sea la senda de vuelta a las reglas fiscales de la Unión Europea. En este escenario, y para cumplir lo que le va a ser exigido, el nuevo Gobierno de Sánchez tendrá que elegir entre dos posibles opciones: o reduce significativamente el gasto público o aumenta considerablemente los impuestos. No hay duda sobre que Sánchez es alérgico a lo primero y no tanto por un problema somático -que también- como por la adicción al subsidio que ha inoculado en su electorado. De modo que no hay otra, tras la configuración del nuevo Gobierno, Sánchez nos va a freír a impuestos. Literalmente. Mucho más de lo que ya nos ha frito.
Conscientes de lo anterior, puede hacerse un ejercicio de predicción relativo a las coordenadas que van a caracterizar el subidón de impuestos que nos espera. Para empezar y como siempre, Sánchez trabajará en la elaboración de un relato que convierta en amigable para su electorado el sablazo general que se dispone a dar al conjunto de los contribuyentes. Por ello, los términos “ricos” o “poderosos” seguirán apareciendo en el discurso oficial como los destinatarios de las decisiones tributarias que adopte. Sin embargo, la parte del león del nuevo esquilmo que nos espera se corresponderá con dos actuaciones concretas. Vamos a exponerlas.
Primero, Sánchez continuará con la criminal utilización de la inflación como impuesto para seguir expoliando a todos los contribuyentes del IRPF que verán crecer los tipos impositivos que se les exigen sin que haya aumentado en términos reales el importe de los ingresos que obtienen. Este aberrante uso de la denominada “progresividad en frío” constituye la más ilegítima utilización del poder tributario por parte del Estado. Pero Sánchez, que ya lo ha aplicado impunemente en los últimos años, seguirá aplicándolo en los siguientes, enriqueciendo así injustamente al Estado a costa de asaltar fraudulentamente el bolsillo de los individuos.
No hay que ser un lince para deducir que el maremágnum de impuestos y tributos que se proponen encarecerá considerablemente nuestra vida
Y segundo, Sánchez utilizará la coartada ecológica para inundar nuestro sistema tributario de un conjunto de nuevas figuras y de aumentos de otras ya existentes que, sin embargo, no tendrán otro fin que aumentar las arcas públicas para seguir dopando el despilfarro que realiza con los recursos que nos detrae coactivamente. Puede comprobarse con facilidad releyendo el informe que elaboraron los llamados expertos de M. J. Montero en el que junto a otras cuestiones se propone: Recargar la tributación sobre la generación, consumo y distribución de electricidad; aumentar la fiscalidad sobre la compra y tenencia de vehículos; gravar en mayor medida la utilización de combustible para el transporte rodado, aéreo y marítimo; hacerlo también para el destinado a usos agrícolas; crear tributos que graven el uso de infraestructuras de transporte, incluido uno relacionado con la congestión urbana o atasco en las ciudades; establecer un impuesto sobre los billetes de avión; gravar fiscalmente la extracción de áridos y el uso de fertilizantes nitrogenados; crear varios impuestos relacionados con la extracción, uso y consumo del agua… No hay que ser un lince para deducir que el maremágnum de impuestos y tributos que se proponen encarecerá considerablemente nuestra vida.
En definitiva, hay que prepararse para que en los próximos meses y años nos bombardeen con un nuevo y típico relato sanchista que, abusando de las tópicas proclamas contra ricos y poderosos y de defensa del medio ambiente, pretenda enmascarar lo que en realidad será un nuevo asalto a mano armada a los ingresos y a los bolsillos del conjunto de los españoles. Todo antes que empezar a administrar bien los recursos de los contribuyentes o a reducir el nivel de estupefacientes suministrado a los votantes de Sánchez en forma de subsidios, ayudas, subvenciones, regalías o paguitas. Lo dicho: ¡La que se nos avecina!
