El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial, ha emitido dos nuevas resoluciones contra el Reino de España: el 'caso BayWa' y el 'caso Infracapital'. Dos casos vinculados con la retirada de las primas al desarrollo de energías renovables que se impulsaron en 2007 y se retiraron en 2013. Dos resoluciones que reclaman cerca de 50 millones de euros a España.
Este lunes, se ha tenido conocimiento de la resolución de la demanda de la alemana BayWa. El CIADI ha ratificado la condena de 22 millones de euros que debe pagar España a la empresa, junto con 480.000 euros por intereses de demora, una cifra que irá en aumento si no se produce el pago a corto plazo y 370.000 euros por las costas.
La empresa alemana acumula 10 años desde que inició este proceso arbitral. Entre 2009 y 2012, la empresa alemana, BayWa integraba una serie de acciones y participaciones en dos sociedades que controlaban varios parques eólicos en el norte de España. Una inversión que se hacía al calor de las primas a las renovables que había aprobado en 2007 el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que se cortaron de raíz en 2013 con el Gobierno de Mariano Rajoy.
Un recorte que BayWa consideró que vulneraba el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) y que el Banco Mundial le ha dado la razón, pese a los recursos de España. La empresa alemana está asesorada en todo este proceso por los expertos en arbitraje del bufete Cuatrecasas y el Reino de España se defiende a través de la Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia.
La sentencia del Banco Mundial de 22 millones que debe España a BayWa surge por del cálculo que ha hecho el propio tribunal del valor de los activos netos, el objetivo de rentabilidad anual del 7,398% para todos los años de operación y los intereses.
Esta nueva condena eleva a 22 los procedimientos sobre las que ya no cabe recurso y que fallan en contra de España. El monto total pendiente de resarcir sube a 1.208 millones de euros, cifra a la que se deben sumar los 250 millones de sobrecostes legales y financieros derivados de la estrategia de impago de los laudos, que a su vez ha desatado la intervención, incautación y embargo de diversos bienes del Reino de España, en el marco de medidas de protección autorizadas por la justicia de países como Reino Unido o Australia.
A esta cifra hay que sumarle los cerca de 250 millones de sobrecostes legales y financieros derivado de la estrategia jurídica del Gobierno. El equipo de Sánchez apuesta por no pagar estas resoluciones, planteamiento que ha situado a España como el segundo país con mayor número de laudos incumplidos, sólo por detrás de Venezuela.
Segundo golpe del Banco Mundial
El pasado viernes, el CIADI sentenció el 'caso Infracapital'. Una resolución que obliga a indemnizar al fondo británico con el pago de 24,9 millones de euros, cifra a la que habrá que sumar la condena al pago del 60% de las costas judiciales, así como el pertinente abono de los intereses de demora. La demanda presentada por Infracapital data del año 2016. Al igual que con BayWa, la firma considera que el recorte de las primas en 2013 atentaba contra Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE).
El fondo reclutó para su defensa al despacho londinense Gibson, Dunn & Crutcher, así como a la oficina madrileña del bufete Allen & Overy. El tribunal que ha resuelto el caso fue presidido por el jurista mexicano Eduardo Siqueiros. Tras años de deliberaciones, el proceso concluyó el pasado mes de febrero de 2023, mientras que la redacción de la sentencia se completó en marzo abril de 2023 y la publicación definitiva del fallo se produjo en mayo de 2023.
Según ha podido saber este periódico, el Banco Mundial se ha puesto en contacto con el Gobierno de España para pedirle que acate las sentencias y cumpla con sus obligaciones.
