El Banco Central Europeo (BCE) da otro varapalo al Gobierno a cuenta del impuestazo bancario. El supervisor único ha emitido un dictamen sobre el proyecto de ley para gravar hasta el 7% de los ingresos típicos del sector. Advierte de que este tipo de medidas podrían tener efectos “económicos adversos” y limitar la capacidad de crédito.
Las patronales AEB y CECA han alertado de que la nueva versión del impuestazo restaría capacidad al sector de prestar unos 50.000 millones de euros. "Estos impuestos podrían tener efectos económicos adversos al limitar la capacidad de las entidades de crédito para conceder crédito y contribuir potencialmente a unas condiciones menos favorables para los clientes de los préstamos y otros servicios", advierte el BCE en este nuevo dictamen, firmado el pasado 17 de diciembre por Christine Lagarde y en línea con el emitido en noviembre de 2022.
Estas son consideraciones generales que el supervisor único lleva tiempo advirtiendo ante la extensión de este tipo de gravámenes en la zona euro. En Fráncfort se alerta de que ya se han iniciado los recortes de tipos de interés, desde el 4,5% al 3% actual, por lo que las entidades dejarán de beneficiarse de unos ingresos considerador por el Gobierno como "extraordinarios".
"Este impuesto puede dar lugar a la fragmentación del sistema financiero europeo y menoscabar la igualdad de condiciones en la unión bancaria. Asimismo, la aplicación de una escala progresiva puede dar lugar a asimetrías competitivas en función del tamaño de los bancos", lanza como advertencia.
No tiene en cuenta el coste del riesgo
En el proyecto de ley se introduce una deducción extraordinaria basada en la rentabilidad de las entidades financieras, con el fin de evitar que estas no se vieran afectadas por el impuesto si registran pérdidas netas. Si sus beneficios son inferiores al umbral del 0,7% de la rentabilidad sobre el activo total, la deducción extraordinaria disminuye a medida que la rentabilidad de las entidades financieras aumenta hacia el umbral prescrito.
"A pesar de la deducción extraordinaria sobre la cuota liquidable del impuesto (basado en la rentabilidad neta), la base sobre la que se establecería el impuesto no tiene en cuenta todo el ciclo económico y no incluye, entre otros, los gastos operativos ni el coste del riesgo de crédito", expone el BCE sobre el proyecto de ley. Y añade que el importe del impuesto puede "no ser plenamente proporcional a la rentabilidad" de un banco y su capacidad para generar capital.
Crítica al carácter progresivo
En Fráncfort se considera que el caráctar progresivo del tipo impositivo agrava el riesgo de que las entidades con posiciones de solvencia bajas o con dificultades podrían "reducir su capacidad de absorber posibles riesgos a la baja de una desaceleración económica".
El BCE, en definitiva, entiende que el proyecto de ley da lugar al reconocimiento de los gastos derivados del impuesto en 2024, lo que "erosiona la rentabilidad y el perfil de mercado de las entidades de crédito pertinentes", suponiendo que el gravamen temporal sobre los beneficios extraordinarios de las entidades de crédito también se registre en 2024. Por todo ello, el banco central insta a analizar los efectos contables del impuesto a fin de evitar consecuencias "no deseadas para la solvencia y la posición competitiva de las entidades de crédito".
Dentro de una reforma fiscal para cuadrar las cuentas públicas, el Gobierno ha pactado con sus socios gravar entre el 1% y el 7% los ingresos típicos y comisiones de los bancos.
Las asociaciones bancarias AEB y CECA denunciaron “la inseguridad jurídica” y los graves efectos económicos de un impuesto que se ha gestado en un proceso “caótico y poco transparente, a espaldas de los ciudadanos y sin diálogo con el sector”. “Todo esto genera incertidumbre general y en los mercados financieros en particular”, advirtieron, para después anunciar acciones legales.
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