Una contribución solidaria de todas las empresas energéticas, calculada a partir de sus beneficios, y que no puede ser doble. Es lo que plantea la Comisión Europea a los Estados miembros en la declaración de su presidenta, Ursula Von der Leyen, sobre la energía y que han analizado este viernes en Bruselas en la Cumbre de energía los ministros del ramo. En este sentido se mantuvieron los ministros de Energía del ramo tras su Cumbre del viernes. A la espera de cómo se vayan sustanciando los acuerdos, los detalles que ofrece esta declaración, junto con las líneas en que trabaja la Comisión, según los materiales no oficiales a los que ha tenido acceso Vozpópuli, muestran que el impuesto a las energéticas que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez queda fuera de estos parámetros y es mucho más agresivo -sólo para grandes empresas, no grava beneficios y no puede deducirse en Sociedades- y abre la puerta a que el Ejecutivo español tenga que reconsiderarlo.
Fuentes jurídicas consultadas y empresas afectadas por el impuesto apuntan que estas consideraciones comunitarias impedirían o desaconsejarían que el Congreso tome en consideración, es decir, vote tramitar la proposición de ley que crea los impuestos a banca y energéticas en el Pleno de este martes como está previsto.
Bruselas dará a conocer también este martes los detalles de su iniciativa para lograr la "colaboración", según lo definen, de las compañías energéticas europeas. Los técnicos de la Comisión Europea buscan reducir lo que consideran "beneficios extraordinariamente grandes" que se derivan de los altos precios para empresas del sector fósil, como aportación solidaria de crisis temporal.
"Aplicando la contribución de solidaridad a todas las empresas de los sectores del petróleo, el gas y el carbón (excluidas las contribuciones dobles) para complementar la medida de límite de ingresos inframarginal", explican en su documentación. Las medidas que también se barajan en este sentido en Bruselas abordan un precio límite a las tecnologías marginales, como es el caso de nucleares o renovables, y utilizar esta recaudación del sistema eléctrico para ayudar a los consumidores. Esto no se aplicaría a España porque cuenta con el tope la gas.
"Ambos darían respuesta a los desafíos a los que se han enfrentado los Estados miembros al establecer tales medidas. También garantizaría la solidaridad a través de acción conjunta y evitar efectos indirectos negativos en el mercado interior. Su diseño sería simple, utilizando como base los beneficios antes de impuestos calculados ya a efectos nacionales. Empresas y las autoridades nacionales están familiarizadas con estas normas y procedimientos", detallan los documentos de trabajo de la Comisión Europea.
Bruselas obliga en este sentido a España a usar el capital que recaude para financiar la reducción de facturas de energía para hogares y negocios vulnerables y/o apoyar un cambio más rápido hacia la energía verde. Esto podría incluir el apoyo a las empresas, especialmente en sectores de gran consumo energético como los fertilizantes, siempre que se cumplan las condiciones para la transformación y se respeten las normas sobre ayudas estatales. Una cuota de los ingresos generados podrían utilizarse para financiar los planes nacionales REPowerEU.
Calviño impulsa la tasa a multinacionales ante las dudas
Mientras se celebraba el pasado viernes la cumbre de ministros de Energía de la UE en Bruselas, tuvo lugar un Eurogrupo informal en Praga. A su llegada, la vicepresidenta primera y ministra para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, anunció que iba a impulsar una declaración en favor de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades en la UE.
La intención de la UE, en línea con la OCDE, era tener en marcha la medida en 2023, lo que parecía alcanzable en junio después de que Polonia levantase su veto. Sin embargo, quedó bloqueado poco después por Hungría.
Entre las opciones, estaría avanzar con una cooperación reforzada, un mecanismo que permite sacar adelante iniciativas que no cuentan con el apoyo de los 27 socios si las respalden un mínimo de nueve Estados miembros."Apoyaremos cualquier iniciativa de cooperación reforzada o propuesta que la Comisión Europea pueda hacer", declaró Calviño.
La vicepresidenta sugirió que España es el principal impulsor de la medida o uno de los principales. Finalmente, firma en segundo lugar una declaración conjunta, por detrás de Bruno Le Maire, su homólogo francés, y seguida por Daniele Franco, Christian Lindner y Sigrid Kaag, los ministros del ramo italiano, alemán y holandesa, respectivamente.
La vicepresidenta exhibe posicionamiento político cuando el impuesto a las energéticas está en el aire. Precisamente, las directrices de la Comisión Europea respecto a la contribución de las energéticas podrían obligar a los Estados miembros que los tengan a paralizar sus impuestos propios y a buscar contribuciones en el Impuesto sobre Sociedades.
España tiene ya un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades desde enero de 2022 pero lo aplica sobre base imponible, no sobre resultado contable, con lo que su efecto es limitado. Otros impuestos como las tasas Google o Tobin que la UE podría impulsar en toda la Unión -o la OCDE con la tasa global a multinacionales- obligarían a España a suprimir sus impuestos domésticos análogos.
