Semana clave para los impuestos a banca y energéticas, que el Gobierno acelera para atraer a sus socios y engrasar la negociación de los Presupuestos de 2023. Este martes el Pleno del Congreso tomará en consideración la proposición de ley que crea los impuestos y que quiere anticipar pactos con Podemos y el resto de formaciones que apoyaron la moción de censura con el fin de que las Cuentas entren el la Cámara Baja a finales de septiembre o principios de octubre.
Una vez que la proposición sea tomada en consideración como está previsto, se abre un plazo de 15 días para presentar las enmiendas a la totalidad o vetos, que no podrán ser votadas hasta la semana del 27 de septiembre. Sin embargo, en paralelo se puede habilitar el plazo de enmiendas parciales, con lo que podrían celebrarse la Ponencia y el Dictamen de la Comisión a principios de octubre con celeridad una vez que se rechacen los vetos. La norma puede llegar al Senado antes de noviembre y ser aprobada definitivamente en unos días si no se aceptan enmiendas.
Con la norma aprobada y la entrada en vigor de los impuestos el 1 de enero -y el primer pago, del 50% de la cuenta, 1.750 millones, que debe anticiparse ya en febrero- el Gobierno tiene argumentos para propiciar pactos con sus socios en la tramitación presupuestaria.
El proceso va a ser exprés, pero se ha buscado el Pleno que coincida con el empuje final a la negociación de las Cuentas, para que puedan aprobarse en un Consejo de Ministros de finales de septiembre, preferentemente. Cabe recordar que el pasado 25 de agosto se habilitó un Pleno para votar el Real Decreto-ley para que los autónomos coticen según sus ingresos reales y proyectos que venían del Senado con retraso, como la reforma concursal. Y que la proposición de ley fue registrada en el Congreso por los Grupos Socialista y de Podemos el 28 de julio.
El Gobierno acelera
El objetivo puramente político de los nuevos impuestos lo puso de manifiesto el propio Pedro Sánchez el 25 de junio cuando un Consejo de Ministros extraordinario aprobó la prórroga del plan de choque contra la guerra. "El Gobierno está diseñando un nuevo tributo para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. Será presentado en las próximas semanas como Proposición de Ley por los dos partidos de la coalición. Las cargas de esta situación deben repartirse con justicia", tuiteó nada más anunciar que aprobaría un impuesto a energéticas.
Con esta fórmula, a la que luego se incorporó el impuesto a la banca que se anunció en el Debate sobre el Estado de la Nación el 12 de julio, como informó Vozpópuli el 11 de julio, el Gobierno acelera la tramitación y se evita los procesos e informes que necesitan los anteproyectos de ley que aprueba el Consejo de Ministros. En concreto, el borrador se salta los trámites de consulta y audiencia pública, con lo que el texto no será público ni podrán aportar observaciones las empresas afectadas. Y tampoco podrá ser cuestionado por el Consejo de Estado, a pesar de ser unos impuestos polémicos, que serán objeto de pleitos.
Alud de enmiendas
A esto se suma el contenido político que se ha querido dar a que la norma sea registrada por los dos partidos de la coalición de Gobierno, texto al que podrán sumarse otras formaciones. Se da por supuesto el aval de los socios en la toma de consideración, incluso del PNV, que no se ha pronunciado sobre este asunto y sólo ha dicho compartir el fondo pero no la forma. Tampoco se sabe la posición del PP.
Donde sí se espera mucho movimiento a pesar de la celeridad que quiere imprimir el Gobierno es en las enmiendas parciales. El sector da por descontado la aprobación del impuesto pero cree que pueden rebajarlo. Las empresas afectadas han preparado un alud de ellas este verano y están contactando con los grupos.
