La mujer del presidente del Gobierno ha acudido este miércoles a declarar a los juzgados de Plaza de Castilla en calidad de imputada por dos nuevos delitos en relación al software de la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense y que registró a su nombre. La empresaria investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo visita por tercera vez consecutiva a los juzgados, después de que Juan Carlos Peinado acordase ampliar la causa que dirige contra ella y admitir a trámite la querella de Hazte Oír. 

En esta ocasión, Begoña Gómez ha hablado por primera vez ante el juez, pero se ha limitado a responder a las preguntas de su letrado. La esposa del líder del PSOE ha negado haberse apropiado de la marca de la cátedra que codirigía en la UCM y ha descargado la responsabilidad sobre la Universidad. Según fuentes jurídicas, la investigada ha afirmado que la Complutense estaba al tanto de sus movimientos como codirectora de la cátedra y que, además, el nombre de Transformación Social Competitiva fue propuesto por ella misma. Con esta premisa, Gómez busca defenderse de la acusación de apropiación indebida.

La querella presentada por Hazte Oír recoge que Begoña Gómez inscribió a su favor el software, eso sí, utilizando el mismo nombre reservado para la cátedra perteneciente a la Universidad Complutense de Madrid. En este sentido, la acusación popular pidió investigar si la plataforma había sido financiada por empresas con presupuesto de la Complutense pese a que Gómez lo registró a su nombre. 

Este miércoles, la mujer de Pedro Sánchez ha mantenido que la marca TSC, además de ser propuesta por ella, no existía anteriormente y que no fue utilizada "fuera del máster". De esta forma, ha matizado que dicho logo ha sido utilizado abiertamente en la Escuela de Verano y la Escuela de Gobierno de la UCM, es decir, sólo en el entorno vinculado al máster que codirigió. 

Asimismo, Gómez ha asegurado que la Universidad estuvo al tanto del registro del dominio, algo que a su juicio estaría estampado en todos los documentos intercambiados con el órgano gestor de la Escuela de Gobierno de la UCM. Dicha información, según ha detallado su letrado Antonio Camacho a la salida de los juzgados, está recogida en diferentes correos electrónicos y en las actas de la Universidad. 

La esposa del jefe del Ejecutivo ha añadido que el registro de las marcas se ejecutó como medida de protección, para dar seguridad y que nadie pudiera apropiarse del nombre. En la misma línea, ha anotado que "jamás" quiso cobrar por el uso de la plataforma y que, además, esta cuestión venía recogida en la propia definición del software, una plataforma sin ánimo de lucro y siempre a disposición de la Universidad.

Respecto a la acusación por un presunto delito de intrusismo, Gómez defendió en un escrito remitido al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que firmó el pliego de condiciones técnicas del software para pymes “porque la Universidad Complutense de Madrid así se lo indicó expresamente”. Con el objetivo de blindar su versión, su abogado solicitó la testifical de la interventora de la UCM para que esta pudiera defender en sede judicial lo que ya expuso en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, donde avaló la interpretación de la mujer de Sánchez y descartó cualquier irregularidad. 

Declaración Güemes

Justo después ha llegado el turno del exconsejero madrileño Juan José Güemes, citado también este miércoles como investigado. El directivo del Instituto de Empresa ha seguido la misma estrategia que la defensa de Begoña Gómez y sólo ha accedido a contestar a preguntas de su abogado. 

Güemes ha afirmado que la contratación de la mujer del presidente del Gobierno fue ordenada por él, pero ha negado que dicha decisión se viese propiciada o influida por quien es su marido. También ha reconocido ante el juez que se reunió con la esposa de Sánchez antes de la formalización de su contrato. Los primeros contactos con la investigada se produjeron a finales del año 2017, pocos meses después, en agosto de 2018 se formalizó el contrato de la candidata como responsable del instituto África Center, ente dependiente del IE. 

En concreto, el investigado ha detallado que todas las reuniones que mantuvo con Begoña Gómez fueron celebradas en su despacho del Instituto de Empresa, nunca en Moncloa. Sobre los términos del contrato, el exconsejero madrileño ha defendido que se siguió el modelo de contratación estándar. 

• Tags
• Begoña Gómez
• Juez Peinado