El responsable de relaciones laborales de CEOE, Jordi García Viña, ha propuesto que el contrato de trabajo tenga prelación sobre el convenio colectivo, un modelo muy parecido al existente en Estados Unidos y por el cual se pueden fijar las condiciones de trabajo en el propio documento con el que se inicia la relación contractual.
Durante las Jornadas de Estudio sobre Negociación Colectiva celebradas la semana pasada, García Viña puso sobre la mesa tres reformas. La primera se resume en suprimir la eficacia de los convenios colectivos frente a terceros, lo que en la jerga se conoce como su condición ‘erga omnes’. En la actualidad, las organizaciones sindicales y patronales que al menos reúnan entre el 10 y el 15 por ciento de los sectores representados pueden sentarse y negociar unas condiciones que se aplicarán al conjunto del sector estén o no afiliados a esas centrales. De eliminarse esa eficacia general de los convenios, las empresas y trabajadores no asociados quedarían fuera. De la noche a la mañana, tendrían que formular sus propios convenios, o bien apuntarse a una organización, o bien suscribir el convenio general. Un auténtico lío, según argumentan fuentes de los agentes sociales.
La segunda idea de García Viña consiste en modificar el orden de prelación de las fuentes legislativas. En estos momentos rige primero la ley, luego el convenio y, en última instancia, el contrato. Pues bien, a juicio del responsable de laboral de la patronal, se debería situar el contrato por encima del convenio, lo cual implica que el contrato sería el documento legal en el que se podrían incluir las condiciones de trabajo, convirtiendo los convenios en papel mojado. Un sistema muy similar al que opera en mercados laborales muy liberalizados como el estadounidense.
Y la tercera iniciativa que defiende el cerebro en materia laboral de CEOE sería que las estructuras sindicales y empresariales profundicen en su legitimación. Esto es, que antes de sentarse a la mesa de negociación acrediten cuál es de verdad su representatividad con todo tipo de documentación.
Las medidas por las que aboga García Viña suponen un torpedo en la línea de flotación de sindicatos y patronales
Las medidas por las que aboga García Viña suponen un torpedo en la línea de flotación de sindicatos y patronales. En opinión de varias fuentes consultadas, implicaría vaciar de contenido a los agentes sociales. “Para qué te vas a buscar una patronal o un sindicato si todo lo que necesitas es un abogado que te asesore a la hora de firmar el contrato”, esgrimen.
Y añaden: “En la disparatada visión de Viña los convenios sólo valdrían para los que los firman. Y eso sólo tiene sentido en países como Alemania, donde se obliga a que haya afiliación. Sin embargo, en España hay libertad de afiliación”.
García Viñas ha hecho circular por la confederación empresarial una especie de sondeo en el que pulsa la aceptación de su recetario. Sin embargo, todo apunta a que el rechazo en el seno de la CEOE puede ser manifiesto. De hecho, algunas fuentes aducen que en el año 2014 el 82 por ciento de las empresas que tenían un convenio colectivo declararon que éste se adaptaba bastante o mucho a sus necesidades, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Anual Laboral 2014 del Ministerio de Empleo.
Por lo demás, tales intenciones se enmarcan en la idea que ha lanzado el PSOE y que se masca en el ambiente de que los agentes sociales pacten de cara a la próxima legislatura una nueva reforma laboral aprovechando la mejora de la coyuntura. El propio Rosell ya se ha mostrado receptivo a la idea. Y no sólo él: “Estamos dispuestos a reducir la temporalidad a cambio de ganar en flexibilidad”, afirmó el vicepresidente de CEOE y presidente de la patronal madrileña, Juan Pablo Lázaro, en un debate sobre desempleo juvenil organizado este lunes por la Fundación Foro de Foros.
