Las empresas alegan causas económicas para desvincularse de los convenios. Prefieren modificar las condiciones, antes que proceder a despidos o regulaciones de empleo. La consecuencia es la reducción de salario.
Hasta 1,8 millones de trabajadores podrían sufrir un deterioro de sus condiciones laborales, según estimaciones de los sindicatos, que amenazan con denunciar a las empresas. Este lunes se cumple un año desde que se aprobara la Reforma Laboral.
Dos de esas líneas rojas que amenazan con abrasar a todo aquel que las toque quedarán incólumes. O al menos en lo tocante al diálogo social que estos días tiene lugar. Ni CEOE ni sindicatos van a abordar el abaratamiento del despido. Tampoco el descuelgue de los convenios colectivos en favor de los convenios de empresa. Dos patatas que el Ejecutivo de Rajoy deberá decidir el 7 de enero si las enfría, aun a riesgo de abrasarse.
La patronal desbloqueará a finales de la próxima semana los convenios colectivos de los que dependen cinco millones y medio de trabajadores. La CEOE se ha resistido hasta ahora a aplicarlos porque suponían, según sus cálculos, incrementos salariales del 2,6%. Pero en las últimas semanas, la negociación con los sindicatos ha desembocado en un compromiso mutuo que permitirá su desbloqueo.