La patronal está preparando una avalancha de enmiendas a los impuestos a banca y energéticas, que el Congreso toma en consideración este martes. La estrategia del mundo empresarial es presentar un alud de cambios a todos los grupos parlamentarios para intentar suavizar los impuestos. Los van a presentar tanto CEOE como las patronales de las energéticas -La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), la Asociación Española del Gas (Sedigas), y la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP)-, y de la banca y cajas de ahorros, AEB y CECA, respectivamente, además de las propias empresas.
Así lo ha trasladado este lunes Gregorio Izquierdo, director del Departamento de Economía de CEOE y director General del Instituto de Estudio Económicos (IEE), en la presentación del informe el informe Estudio preliminar sobre la adecuación a la constitución y al Derecho comunitario del gravamen temporal a entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, que ha presentado el Instituto de Estudios Económicos (IEE), y que han realizado varios catedráticos y expertos tributarios.
Izquierdo ha subrayado que CEOE cuenta con expertos reconocidos en este campo y tiene músculo interno para abordar este trabajo, al igual que las empresas y sus respectivas patronales, que también forman parte de CEOE.
A finales de agosto algunas de estas empresas ya tenían preparada una catarata de enmiendas, sobre todo, energéticas, como avanzó Vozpópuli. El sector da por descontado la aprobación del impuesto pero cree que pueden rebajarlo. Esto no impide que en paralelo también contemplen pleitos- y que, con diferentes estilos, despliegan sus estrategias. Desde la publicación en El País el 28 de agosto de una tribuna muy crítica de Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, al trabajo discreto con las enmiendas.
En el Congreso, quieren reunirse con todos los grupos, incluidos los socios de Sánchez, no sólo con las formaciones menos favorables al impuesto, de entrada, PP, Vox y Ciudadanos.
Con la toma en consideración de la proposición de ley, el Gobierno acelera los impuestos a banca y energéticas para engrasar los Presupuestos. Impulsa a partir de esta semana la tramitación en el Congreso para a atraer a sus socios a la negociación de las Cuentas.
Una vez que la proposición sea tomada en consideración como está previsto, se abre un plazo de 15 días para presentar las enmiendas a la totalidad o vetos, que no podrán ser votadas hasta la semana del 27 de septiembre. Sin embargo, en paralelo se puede habilitar el plazo de enmiendas parciales, con lo que podrían celebrarse la Ponencia y el Dictamen de la Comisión a principios de octubre con celeridad una vez que se rechacen los vetos. La norma puede llegar al Senado antes de noviembre y ser aprobada definitivamente en unos días si no se aceptan enmiendas.
Con la norma aprobada y la entrada en vigor de los impuestos el 1 de enero -y el primer pago, del 50% de la cuenta, 1.750 millones, que debe anticiparse ya en febrero- el Gobierno tiene argumentos para propiciar pactos con sus socios en la tramitación presupuestaria.
Dañan la competitividad
IEE ha alertado del ataque a las competitividad de las empresas españolas que supone la proposición de ley, que sólo afecta a las residentes en España, lo que ha señalado que llama la atención de expertos de otros países.
El Estudio que ha presentado IEE advierte sobre la inconstitucionalidad y no adecuación al Derecho comunitario de los gravámenes. Asimismo, los expertos apuntan que la calificación del impuesto como prestación patrimonial pública no tributaria veta la participación de las comunidades autónomas en la recaudación.
Como ya advirtió el IEE en julio, los impuestos podrían tener un impacto contractivo sobre la actividad económica de casi 5.000 millones de euros y una pérdida de 72.000 empleos. De estos, 2.200 millones y 25.000 empleos se refieren al impuesto a la banca, han concretado.
